12Jul
2018
Escrito a las 7:59 am

Artículo publicado en La Nueva España el 12 de julio de 2018

En una Bruselas tomada por las fuerzas de seguridad por la cumbre de la OTAN y la presencia de Donald Trump, y en un país aún convaleciente por la derrota del pasado martes en el Mundial a manos de los eternos vecinos del sur, Francia, los debates de esta semana en los pasillos de todas las instituciones europeas se centran en la evolución complicada del Brexit. En el momento de escribir este artículo, Teresa May continúa siendo Primera Ministra del gabinete de su país pero nadie sabe cuánto va a aguantar y que podría pasar tras una supuesta dimisión o moción de censura apoyada por una parte de su propia partido. Organizar referendos resulta más sencillo que gestionar su resultado, como bien sabe el primer ministro griego Tsipras.

La pasada semana, el ejecutivo británico acordaba una posición común sobre su propuesta de futuras relaciones con la Unión Europea después de once horas de deliberación. Su oferta se centra en mantener al Reino Unido en el mercado único para productos industriales y agrícolas, con lo que se compromete a aplicar todas las normas europeas en estos sectores sin participación alguna en su elaboración, al quedar fuera de las propias instituciones comunitarias. Esta posibilidad dejaría al Reino Unido de algún modo dentro de la unión aduanera europea por la que se fija un arancel común para importaciones de fuera de la Unión, pero esta vía imposibilitaría al gobierno británico alcanzar acuerdos comerciales propios con terceros países. Para sortear esta situación, May ha planteado un sistema de “aranceles duales”: mantendrían el tipo europeo para bienes que pasando por el Reino Unido acabaran en el mercado interior europeo y fijarían otro tipo singular para los productos con destino final en su país (que sí podrían negociar en tratados comerciales bilaterales con terceros países). Esta posibilidad dejaría fuera el sector servicios, especialmente el financiero, y otorgaría el control de los movimientos de personas exclusivamente al gobierno británico. Se trata, pues, de un marco a medio camino entre los simples acuerdos comerciales y de inversiones que la Unión tiene con países como Canadá y la relación especial con los países del Área Económica Europea como Noruega. May afirmó que se quedaba así con lo “mejor de cada uno de los modelos”, pero muy probablemente los lugares templados a veces son los más insostenibles.

Tras unos días de cierta calma, la tempestad estalló de nuevo con la dimisión de David Davis, el ministro para el Brexit, y a las pocas horas de Boris Johnson, el ministro de asuntos exteriores, ambos con un discurso radicalmente en contra de la proposición acordada en el seno del gabinete y a favor, por lo tanto, de una salida nítida de su país de cualquier marco institucional europeo. Ciertamente, para un brexiter genuino esta idea tiene una defensa difícil. A cambio de mantenerse en el mercado interior para bienes industriales y agrícolas, el Reino Unido aceptaría aplicar toda la legislación comunitaria en esas áreas sin disponer de ningún grado de influencia en su gestación. Si el objetivo era “retomar el control de la soberanía británica”, está opción dejaría al Reino Unido con menos capacidad de maniobra, fuera absolutamente de las instituciones comunitarias y aplicando una regulación en cuya elaboración no participarían.

Con todo, la propuesta de May asume la realidad de las cosas, es decir, el elevado coste para su economía de perder el acceso a un mercado de más de 400 millones de potenciales consumidores, pero ese beneficio exige una homologación regulatoria y con ello dejar vacía de contenido la supuesta recuperación de la soberanía. De hecho, esta opción supone perder soberanía respecto de la situación actual en la que el Reino Unido participa plenamente de todas las decisiones. Ello explica las duras críticas de los dimisionarios cuyas consecuencias políticas en el Reino Unido están aún por conocer.

Por otra parte, desde la vertiente comunitaria, la oferta tiene a su vez importantes aristas. El diseño de “aranceles duales” resulta una entelequia de complicada ejecución. Establecer dos aranceles en la frontera a idénticos productos en virtud del destino final de los mismos en la actuales cadenas de producción (recordemos que la mayor proporción del comercio internacional no es de bienes de consumo final, sino de inputs de esos procesos de producción globales) resulta casi que imposible. Exigiría, adicionalmente, una tecnología que aún no está disponible pero, por otra, abriría la puerta a un arbitraje arancelario evidente. Asimismo, la transposición de las normas europeas exige de una institución judicial independiente (como en Noruega) o bien del amparo final del Tribunal de Justicia de la Unión, algo que tampoco resulta muy atractivo para los brexiters. Además, ese modelo fragmenta el paquete de las cuatro libertades (movimientos de personas, capitales, bienes y servicios) sobre los que se asienta la Unión y a los que Europa no va a renunciar.

Así pues, el equilibrio al que la primera ministra aspiraba parece muy alejado de cualquier opción viable. Sería necesario, de una vez, que los partidarios del Brexit duro hagan gala de la coherencia de la que presumen, y expliquen y asuman el coste de tal opción para lo cual deberían consultar después al pueblo. Y May debe entender también las reglas de juego comunitarias y renunciar a trajes a medida que la Unión no puede aceptar. Mientras, nosotros deberíamos prepararnos para un “no acuerdo” a la espera de que el pueblo británico reconsidere o asuma con todas las consecuencias los costes de este divorcio.

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