En los últimos coletazos del rescate a Chipre, en los primeros meses de 2013, un recién nombrado presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, realizaba unas declaraciones públicas alertando no sólo de que los depósitos chipriotas tendrían que asumir pérdidas derivadas de la necesaria recapitalización bancaria, sino que esa herramienta sería un modelo para el resto de programas en otros países. Tales declaraciones elevaron las tensiones financieras de la zona euro, unos meses después de que el Consejo Europa impulsara la creación de la unión bancaria.

Desde entonces, hemos conocido un Dijsselbloem algo menos aventurero, aunque siempre altanero, e incluso sorprendió con su veloz visita a Atenas tras las primeras elecciones en las que venció Syriza, con la que quiso evidenciar una vocación de entendimiento con el nuevo Gobierno. Sin embargo, su reciente entrevista a un medio de comunicación alemán, comparando a los países que han solicitado un rescate con una persona que pide ayuda para “gastarlo en alcohol y mujeres” lo han vuelto a poner en el ojo del huracán, justo en un momento donde parece que estuviera intentando mantenerse al frente al Eurogrupo, aún tras dejar el Gobierno holandés, como se prevé, en los próximos meses. Estas inaceptables declaraciones y la ausencia de cualquier tipo de disculpa deben conllevar la dimisión inmediata de Dijsselbloem al frente del Eurogrupo.

En estos ya cuatro años de mandato, Dijsselbloem ha asumido el rol de halcón fiscal sobre todos los países con algún tipo de programa. Especialmente en el caso griego, hemos asistido a una batalla soterrada entre Moscovici, el comisario de Hacienda de la UE, y el propio Dijsselbloem sobre la condicionalidad de los rescates, así como por la generosidad de la financiación ofrecida. Desde el inicio de la actual legislatura europea, la Comisión ha ido suavizando la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ha evitado introducir nuevas multas como la que podría haber recaído en España y Portugal por no alcanzar los objetivos presupuestarios de 2015. Sin embargo, desde el Eurogrupo, Dijsselbloem siempre ha mantenido la estrategia del palo, sin zanahoria alguna, con un estilo, por otra parte, alejado de las formas más ortodoxas del debate político europeo, mostrando en ocasiones una arrogancia insoportable. Parece que ha llegado a su fin.

En todo caso, las declaraciones de Dijsselbloem deben abrir un debate sobre la propia naturaleza del Eurogrupo, el avance de la Europa intergubernamental y la erosión así de la legitimidad democrática de las decisiones fiscales y el control presupuestario.

La zona euro descubrió en esta crisis que la Unión se parecía demasiado a un acuerdo de tipo de cambio fijo y poco a una autentica unión monetaria. Y además tardó mucho tiempo, tanto como para pasar de una crisis financiera a otra de naturaleza fiscal. Solo fue entonces cuando el Consejo Europeo asumió el riesgo real de ruptura del euro y activó nuevas políticas comunes. Así, se crearon distintos fondos hasta la constitución del MEDE para socorrer a los países más endeudados, sujetos a una condicionalidad estricta, y se aprobó un nuevo tratado de gobernanza fiscal que estrechó aún más el control presupuestario. Pero además, se inició el camino para la constitución de la unión bancaria, que aún está pendiente del seguro de depósitos común.

Estas medidas han ayudado a estabilizar la zona euro aunque, sin duda, había otro paquete de políticas alternativas en el menú, susceptible de ser impulsado por mayorías políticas distintas, que podrían haber abordado la crisis con menores costes. Pero, en todo caso, gran parte de esas nuevas políticas europeas se han implementado exclusivamente por parte de los Estados de la zona euro, sin involucrar a las instituciones comunitarias. El Tratado de constitución del MEDE, el de gobernanza fiscal o incluso la creación del Fondo Único de Resolución han sido aprobados por acuerdos intergubernamentales, situando por lo tanto al Eurogrupo en el centro del tablero europeo, una institución sin control parlamentario directo.

Probablemente, la velocidad y dureza de la crisis forzó a esta integración acelerada basada en el método intergubernamental, pero lo cierto es que el sistema ahora falla por su base y necesita una revisión profunda para integrarlo en el acervo propiamente comunitario. En este sentido, en los últimos años se han publicado varios documentos institucionales como el firmado por los 5 Presidentes sobre el futuro de la unión monetaria, o un paquete de tres informes sobre la mejora de la zona euro y de la Unión en su conjunto, recientemente aprobados por el Parlamento Europeo. Con mayor o menor intensidad, en estos documentos se plantean la introducción del MEDE en el constitucionalismo europeo, como la base de un Tesoro común, y la creación de instrumentos fiscales de la eurozona para hacer frente a futuras crisis. Pero además, en uno de los textos del Parlamento se defiende la formalización del propio Eurogrupo, como órgano de la coordinación económica en la Unión, pero bajo presidencia del comisario encargado de los asuntos monetarios y, por lo tanto, con plena rendición de cuentas ante Estrasburgo.

Dijsselbloem debe dimitir no solo por el uso soez del lenguaje, sino por prolongar esa visión maniquea de Europa, donde supuestamente en el sur gastamos demasiado y el norte nos ahoga con sus recortes. Es el momento para superar estos debates y buscar espacios de encuentro y de entendimiento mutuo, para relanzar con un nuevo impulso el proyecto europeísta. Y estoy seguro que al final del año, cuando hayan pasado citas electorales importantes, estaremos en el momento oportuno.

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