(Artículo publicado en La Nueva España– 18/2/2016)

En las últimas semanas ha saltado a las portadas de los periódicos el debate sobre la consideración o no de China como “economía de mercado”. Ese potencial reconocimiento podría reducir dramáticamente los instrumentos de política comercial que la Unión Europea utiliza, bajo un sistema transparente y regulado, para contrarrestar los efectos de las intervenciones gubernamentales de la dictadura china. No hace falta decir que si revisamos la calificación de China, una economía que atraviesa serios problemas y presenta un exceso de capacidad extraordinario, el mercado europeo se podría inundar de productos manufacturados (acero, aluminio, etc.) comercializados a precios inferiores a sus costes, cubriendo la diferencia con ayudas del Estado chino. A finales de año, la Unión tendrá que tomar una decisión y los diputados socialistas estamos radicalmente en contra.

China se adhirió a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001 y en su estatuto de ingreso se marcaba que no sería considerada “economía de mercado”, al menos, hasta 2016. Su estatuto de “no mercado” permite implementar medidas de manera más rápida y eficientemente. Bajo el actual funcionamiento, ante una denuncia concreta, la Unión analiza los costes de producción en economías similares a la china para estimar la subvención gubernamental. Con este mecanismo evalúa el “derecho antidumping”, es decir el arancel, que debe imponer para mantener las condiciones competitivas limpias de manipulaciones gubernamentales.

Pues bien, si China pasa a ser considerada “economía de mercado”, el actual mecanismo dejaría de ser utilizado para pasar a un sistema con menores controles. En todo caso, lo que sí podría caducar a cierre de 2016 (existen dudad jurídicas sobre este asunto) es el modelo para la fijación de aranceles, pero éste podría ser sustituido por otra muy similar si no se revisa la calificación de China. De este modo, existen dos debates que, aunque independientes, de algún modo, en el fondo, son complementarios. Uno sobre la consideración o no de China como economía de mercado. Y otro sobre el sistema de fijación de aranceles, que podría deberá ser revisado en todo caso, aunque con efectos bien distintos dependiendo de la calificación de la economía china.

Como decía, la Unión y el resto de socios de la OMC deberán evaluar en este año la consideración de la economía china. Algunos países como Brasil ya la han reconocido como “economía de mercado”, si bien Estados Unidos, en el otro extremo, no parece que vaya por el mismo camino. Existe, aquí también, un debate legal porque algunas voces defienden que la revisión de la categoría debería ser automática, aunque obviamente muchos consideramos lo contrario.

En 2008, la Comisión Europea analizó las características de la economía china y bajo los cinco criterios de medición, sólo cumplía uno de los requerimientos. Huelga decir que desde esa fecha hasta el presente, China no ha realizado avances significativos que pudieran justificar su recalificación. Brevemente, ni el trabajo, ni el capital, ni la tierra, los factores de producción clásicos se rigen por mercado alguno. Los trabajadores no tienen libertad de movimientos entre las provincias, las empresas deben estar participadas por el Estado y es éste el que dirige el sector financiero, los tipos de cambio los marca el gobierno y la tierra es propiedad del Estado. China no es una economía de mercado, es un capitalismo de Estado bajo un régimen dictatorial.

Así pues, los socialistas europeos estamos exigiendo a la Comisión Europea un nuevo análisis técnico sobre las características de la economía china y el estudio para un posible sistema alternativo de fijación de aranceles que pueda sustituir, en el caso en que se considere necesario, al actual modelo. Europa no puede asumir un supuesto automatismo para calificar a China como “economía de mercado” y debe preservar un modelo de cálculo de “derechos antidumping”, que impida falsear las condiciones de competencia, manipulación que no solo daña a Europa sino a los propios chinos, beneficiando a sus empresas exportadoras a costa de reducir el bienestar de sus consumidores y su mercado interior.

Esta batalla es clave para encuadrar las relaciones globales en las próximas décadas. Y, por ello, es importante también avanzar en un acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos (el TTIP), que junto a los pactos con los países hispanoamericanos, marque unos estándares regulatorios y unos tribunales públicos mercantiles internacionales que guíe la globalización bajo los principios y valores democráticos. Los socialistas conseguimos regular los mercados y poner en planta unos sistemas de redistribución de la renta en el siglo XX, en muchos países con el concurso de los democristianos. Esa experiencia fue a nivel nacional, el terreno de juego del mercado durante la centuria pasada. Pero, ahora, esos modelos ya no son suficientes en un mercado global y, por ello, debemos reeditar esa experiencia en el siglo XXI a la misma escala que el actual tamaño de mercado, internacional. Difícil pero no imposible. En ello estamos, inspirados en los éxitos del pasado.

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