Artículo publicado en La Nueva España el 2 de noviembre de 2018

El próximo año, Italia deberá pagar una cantidad superior a la inversión en educación, en intereses por su deuda pública. Repito. Con el 130 por ciento de deuda pública, el servicio de ese pasivo, es decir los intereses, superará a la partida de educación. Quizá con esta sencilla imagen se pueda explicitar mejor el debate sobre el proyecto de presupuestos que el gobierno de Salvini y DiMaio han presentado recientemente.

El modelo democrático del mundo occidental está sufriendo tal crisis que resulta necesario insistir en lo básico: nuestro sistema no sólo garantiza el gobierno de la mayoría, sino esencialmente el respeto a los derechos fundamentales y, por tanto, el respeto a las minorías. De este modo, tan relevante es Rousseau como Montesquieu, quien ideó el reparto de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, como base del respeto a las libertades de todos y cada uno de los ciudadanos. Hombre o mujer. Adulto o joven. Votante de la mayoría o de la minoría.

Asimismo, nuestras democracias se han estructurado en distintos niveles de gobierno, desde el local al europeo, donde cada uno de los poderes tiene una serie de competencias en virtud de los estatutos, constituciones o tratados que soberanamente nos hemos dado. Ambas cuestiones se encuentran ahora en discusión.

Por una parte, los independentistas catalanes creen poder saltar sobre la Constitución. Por otra, el gobierno polaco o húngaro desean incumplir los tratados que han firmado, cuando no contravenir sus propias constituciones. Y, por último, el ejecutivo italiano parece decidido a enfrentarse al ordenamiento jurídico de la Unión europea, a cuenta de su proyecto de presupuestos.

Quien enfrenta una legitimidad electoral frente a otra, sin asumir que la segunda es tan democrática como la primera; si ambas son fruto de un acuerdo “constitucional” adoptado libre y soberanamente por las sociedades en las que vivimos, no puede ser definido como “demócrata”.

Pues bien, el gobierno italiano ha diseñado unos presupuestos que no cumplen deliberadamente con los compromisos adquiridos con el resto de sus socios europeos, aquellos que compartimos la soberanía monetaria a través del euro. No se trata de una diferencia de apreciación, de unos detalles que puedan ser discutibles. El ejecutivo italiano ha presentado unos presupuestos que la actual Comisión no puede respaldar, buscando así un enfrentamiento institucional que alimente su base electoral.

En esta legislatura, la Comisión ha pasado página del mantra de la austeridad que tanto daño hizo en la primera parte de la crisis económica. En estos últimos años, y gracias a la mayor influencia socialista, se ha revisado el protocolo de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, flexibilizando su aplicación y permitiendo a países, como a la propia Italia en el pasado, reducir su ritmo de consolidación fiscal. En Grecia, el propio Tsipras conoce bien la diferencia entre la última y la actual Comisión, especialmente gracias a la sensibilidad de Pierre Moscovici, quien ha dirigido desde la cartera de economía toda esta revisión de la política fiscal.

En esta nueva etapa se evitó rechazar los primeros presupuestos de Antonio Costa en Portugal, quien recibió en herencia un déficit fiscal en 2015 que doblaba el objetivo.,Además, la Comisión paralizó las multas o bloqueos de fondos estructurales a nuestro vecino luso y a nuestro propio país, con una presión notable de los socialistas desde el Parlamento. Por cierto, hace ahora dos años que defendí esa posición, ciertamente incómoda por los motivos del incumplimiento de España, que no fueron otros que la rebaja impositiva electoralista del PP, comportamiento que tanto contrasta con la actual conducta de Pablo Casado.

Italia tiene graves problemas estructurales que no se resuelven con más déficit, sino con un Estado sostenible tanto por el lado del gasto como de los impuestos. Resolver los problemas exige una mayor audacia que elevar el déficit por encima de los compromisos propios, sobre todo si la deuda le exige a uno más pago de interés que la inversión en educación.

En enero, el BCE dejará de comprar deuda pública. No hará falta esperar a la decisión de la Comisión el próximo mayo. Los tenedores de la deuda pública italiana le dirán en enero al gobierno cuánto esperan cobrar por las nuevas emisiones. Culpar a los mercados no evitará los problemas presupuestarios al gobierno, con reglas o sin ellas, con compromisos políticos o sin ellos. Veremos.

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