01Abr
2016
Escrito a las 12:45 pm

(Artículo publicado en Cinco Días– 1/4/2016)

El Reino de España cerró el pasado año con un déficit fiscal del 5,2 por ciento del PIB, un punto por encima al objetivo acordado con Bruselas. Una diferencia de unos 10.000 millones de euros, que no es mayor gracias al superávit de las corporaciones locales (0,4 por ciento del PIB); toda vez que estas instituciones tienen por obligación la estabilidad presupuestaria. Así pues, en primer lugar, debemos reconocer el trabajo de las corporaciones locales, que han venido ciñéndose a la regulación sin mayores recursos disponibles. En este sentido, en algún momento será necesario abrir el debate sobre la financiación municipal, que debe ir pareja a una revisión de la última ley de las corporaciones locales que minimiza su capacidad de acción. En todo caso, en el resto de administraciones públicas, hay poco de lo que congratularse.

El desfase de la Seguridad Social representa un problema de primera magnitud. En un año en el que el empleo creció a tasas elevadas e incluso lo hicieron los salarios nominales, esos ingresos extraordinarios no fueron suficientes para cubrir el crecimiento de los gastos. El déficit más que duplicó el objetivo hasta situarse en el 1,3 por ciento del PIB. Ante esta situación, uno se sigue extrañando del uso irresponsable de las bonificaciones universales aprobadas por este gobierno, que ayudan a explicar este enorme agujero fiscal. España necesita focalizar estas ayudas sólo para ciudadanos susceptibles de exclusión, pero no puede amplificar su uso hasta el extremo de poner en riesgo la viabilidad financiera de la Seguridad Social, teniendo en cuenta además que tal y como han demostrado cientos de estudios, esas bonificaciones no crean empleo, sólo discriminan entre desempleados. Además, sería oportuno revisar el conjunto de prestaciones abonadas a cargo de la Seguridad Social, porque algunas deberían financiarse vía presupuestarios. Y, en todo caso, el sistema necesita una reflexión sobre su financiación global que la última reforma del PP no abordó.

Por otra parte, hay que preguntarse por los desfases presupuestarios de las Comunidades Autónomas y el dato de cierre de la Administración Central. Cualquier análisis por separado del comportamiento de unos y otros no tienen sentido alguno. Es la Administración Central quien determina cómo se reparte el objetivo presupuestario entre ella y las Comunidades. Pero, además, el propio gobierno central puede tomar decisiones tanto de ingresos como de gastos, con una incidencia directa sobre los presupuestos autonómicos. De este modo, abrir una caza de brujas entre instituciones, toda vez que nadie duda que los desfases de Cataluña o de la Comunidad Valenciana son improcedentes, no tiene mayor recorrido práctico.

Por ello, más allá de escuchar al ministro de Hacienda disparar contra las CC.AA. (por cierto, la mayoría de ellas en manos de su propio partido la mitad del ejercicio), sería oportuno debatir alguna propuesta de reforma. Una reforma que no debería ser planteada como una vía para dar más o menos financiación a una u otra institución, sino como una herramienta para alinear los incentivos de gastos y los principios de ingresos de cada una, clarificando así ante los electores las decisiones presupuestarias y sus consecuencias.

Por último, el dato fiscal de cierre del pasado año debe reabrir un profundo debate, que pasa por nuestros compromisos con los socios europeos pero también con nosotros mismos. España no puede cerrar un año creciendo a más del 3 por ciento, con tasas similares de expansión del empleo y alcanzar sus máximos de deuda pública. Y España no puede acordar con sus socios de moneda común cerrar un ejercicio con un déficit del 3,2 por ciento del PIB y registrar un desfase en torno a un tercio del objetivo, mientras crece por encima de su potencial.

Con este cuadro fiscal, la Comisión Europea lo tendrá muy difícil para no solicitar el paso de nuestro país a una fase de control directo sobre las cuentas públicas y sobre las decisiones de política económica nacional, unido a la fijación de una multa por tal desfase. Y si eso ocurre, no deberíamos disparar contra Bruselas porque la responsabilidad recaerá enteramente en quienes gestionaron la política presupuestaria en 2015, con rebajas fiscales incluidas, junto con la aprobación de un presupuesto para 2016 que la propia Comisión tampoco se cree.

Pero además, el actual gobierno en funciones deberá remitir a la Comisión Europa su Programa de Estabilidad y su Plan Nacional de Reformas en este mes. Habrá que ver si con un debate parlamentario o no porque, en ausencia de algún tipo de apoyo en el legislativo, todo ello sólo servirá para elevar la incredulidad de nuestros socios.

Ciertamente, nuestra posición es un muy  débil aunque Europa también debe reaccionar. Europa necesita fortalecer la reorientación de la política económica que ha supuesto la revisión del Pacto de Estabilidad, el Plan Juncker (que naufraga en nuestro país ante la ausencia de solicitudes, mientras que en Francia o en el Reino Unido está financiando ya numerosos proyectos) o la estrategia tributaria de Moscovici. En este entorno, considero que la Comisión estaría abierta a renegociar la senda de déficit español, porque el desfase acumulado en 2015 hace imposible el cumplimiento en el presente año.

Ahora bien, para ambas cosas, necesitamos un gobierno que, como el de Felipe González, acuda a Bruselas con un visión holística del proyecto europeo y del encaje de nuestro propio país, lejos de los nacionalismos, a izquierda y a derecha, que están minando Europa. De algún modo, debemos hacer de la necesidad virtud y buscar la viabilidad presupuestaria para nuestro país, dentro de un debate más amplio sobre el futuro de Europa, que ya está abierto y que necesita de visiones federalistas.

Dejar un comentario

  • Suscríbete a mi Blog
    Si quieres recibir mis posts en tu email, rellena por favor tus datos en el siguiente formulario






    la dirección de correo a la que llegarán los emails.

    Ver política de privacidad y aviso legal