Artículo publicado en Agenda Pública el 9 de febrero de 2018

Después de cuatro meses tras las pasadas elecciones alemanas, parece que podría haber gobierno en Alemania. Tras el intento fallido para conformar una coalición “jamaica” con conservadores, verdes y liberales por las notables diferencias en torno a la agenda europea, Merkel ha alcanzado un acuerdo con el SPD. Y digo parece porque la militancia del partido socialdemócrata tiene ahora la última palabra y habrá que esperar a esa consulta para conocer si este periodo de interinidad en Alemania, pero también en Europa, pasa página.

Este artículo presenta los principales compromisos del acuerdo en materia económica y europea, y analiza su idoneidad frente a la situación de la economía germana y del conjunto de la zona euro. De este modo, no abro aquí el debate partidista sobre el comportamiento del SPD y cuál debería ser su última palabra en la consulta prevista. Esa discusión tiene otra profundidad que ocuparía, posiblemente, otra columna completa. Quedémonos, pues, con una valoración más general.

La economía alemana está registrando unas tasas de crecimiento y empleo positivas. La política de expansión cuantitativa del BCE y la suavización de la política fiscal están beneficiando notablemente a la actividad, aun cuando se quejen de su efecto sobre los ahorradores. Por una parte, el euro se mantiene depreciado para la posición de la economía germana en el ciclo y, por otra, las economías de la zona euro más endeudadas están pudiendo elevar su demanda. Todo ello, está conduciendo un boom exportador que, por otro lado, está generando un superávit explosivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ese saldo superavitario se sitúa por encima del siete por ciento del PIB y resume perfectamente los desequilibrios que está acumulando la economía alemana y que afecta negativamente también al conjunto de la eurozona.

En este sentido, Alemania no puede señalar al BCE como causa única de sus desequilibrios por cuenta corriente y mirar para otro lado. El país germano tiene herramientas suficientes para intentar, al menos, mitigarlos. Al igual que la laxa política monetaria durante los años del boom previos a la crisis obligaba a los países cuyos sectores privados se estaban endeudando a tasas aceleradas a una política fiscal que contrarrestara los efectos de esos bajos tipos de interés, en algunos casos negativos en términos reales, ahora Alemania debe hacer lo propio a riesgo de sucumbir a una futura crisis y ahogar, por cierto, el crecimiento del conjunto de la zona euro.

Alemania debe corregir con su política fiscal la imposibilidad de equilibrar su cuenta corriente a través del tipo de cambio. De hecho, en ausencia del euro, el marco ya se hubiera apreciado lo suficiente para equilibrar su cuenta corriente, elevando el valor real de sus exportaciones y suavizando su crecimiento. Y, por supuesto, fuera del euro, los tipos de interés serían otros. Dígamoslo claro: Alemania está actuando como un free-rider; aquello que temía que pudieran hacer terceros países en el terreno fiscal con la llegada del euro, y que intentó evitar a través del Pacto de Estabilidad.

Así pues, la política presupuestaria debería suavizarse para permitir un impulso de la inversión y del consumo público, o bien para implementar una rebaja impositiva, aunque probablemente esto tendría un menor impacto sobre la demanda interna a la vista de las preferencias por el ahorro de los ciudadanos alemanes. En la misma línea, los salarios deberían incrementarse, siguiendo las reclamaciones de las centrales sindicales, especialmente los más reducidos para elevar también el nivel de consumo. Nótese, pues, que esta agenda de gobierno coincide con las principales prioridades de los socialdemócratas alemanes en la última campaña

Pues bien, el acuerdo de gobierno plantea invertir los superávit presupuestarios previstos para los próximos años. Según la Comisión, el sector público registraría en los próximos años saldos fiscales positivos en el entorno del uno por ciento del PIB, cifras que coinciden además con las estimaciones estructurales. Si ese saldo superavitario se eliminase, Alemania estaría ejerciendo una política fiscal discrecional expansiva, respecto a la situación de equilibrio, de una cuantía similar al programa de estímulo de Obama en Estados Unidos tras el impacto del shock financiero. No parece un impulso menor.

Este paquete fiscal estaría destinado principalmente a elevar los gastos sociales en pensiones (especialmente las más reducidas), sanidad (contratación de nuevo personal) y educación. En este último campo, el acuerdo incorpora una revisión constitucional dado que, en la actualidad, el gobierno federal no puede colaborar en la financiación de las escuelas, excepto en municipios muy empobrecidos. También plantea elevar la inversión en vivienda social y cooperar en la expansión de las redes digitales para facilitar el acceso a las redes 5G. Y por el lado de los impuestos, el pacto propone eliminar para las rentas bajas y medias “el impuesto de solidaridad”, una tasa que se introdujo en la declaración de la renta tras la reunificación de Alemania para sufragar inversiones en la zona oriental.

Esa reorientación presupuestaria permitiría una expansión notable de la demanda interna y una corrección de los desequilibrios por cuenta corriente, colaborando así en la mejora del conjunto de la zona euro. En todo caso, la principal incertidumbre se sitúa en el grado de cumplimiento de ese compromiso, a la vista de la obsesión de su último gobierno, con Schäuble al frente del ministerio de Finanzas, por los superávit presupuestarios.

En lo que respecta a Europa, el acuerdo sale al paso de los debates sobre el futuro de la zona euro y las consecuencias financieras del Brexit. El pacto incorpora la creación de un presupuesto de la zona euro con una línea financiera que pudiera actuar como herramienta fiscal anti-cíclica de manera centralizada, aunque tampoco lo detalla, y también respalda la transformación del actual MEDE en un Fondo Monetario, en línea con la propuesta de la Comisión. Ahora bien, el texto nada dice sobre el futuro de la unión bancaria, que necesita ya de un seguro de depósitos común y un backstop del modelo; unas ausencias alarmantes. Tampoco se ha acordado el respaldo a la creación de un Ministro del Euro, que aúne la presidencia del Eurogrupo y el Comisario del ramo, una propuesta que está encontrado demasiados enemigos en las capitales de los Estados miembros.

Por otra parte, Alemania se muestra dispuesta a elevar su aportación financiera al presupuesto del conjunto de la Unión, en un momento donde se está discutiendo el marco financiero plurianual a partir de 2020, con la salida del Reino Unido en el horizonte. Y en el terreno impositivo, el acuerdo respalda la armonización y consolidación de la base imposible del impuesto de sociedades, en línea con la propuesta legislativa de la Comisión, pero incorpora también la fijación de una tasa impositiva mínima.

Dicho todo esto, y a la espera de mayores detalles, podríamos resumir el acuerdo en tres grandes compromisos: equilibrar los saldos fiscales que supondría una reducción del superávit, no sólo nominal, sino también estructural del uno por ciento del PIB, mayor contribución al presupuesto de la Unión y armonización fiscal en sociedades, y apoyo comedido a algunas reformas en la zona euro.

Ahora los afiliados al SPD tienen la última palabra. Hasta qué punto sería mejor rechazar este acuerdo y acudir a nuevas elecciones es una pregunta que debe responder el SPD. La experiencia reciente nos muestra que un socio junior en una gran coalición tienen mayores probabilidades de salir malparado, tal y como hemos visto en las últimas elecciones. Pero no hace tanto Willy Brandt alcanzaba la Cancillería en 1969 tras un gobierno similar. Veremos.

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