08Oct
2015
Escrito a las 10:00 am

Tribuna publicada en el diario “Cinco Días” el 8 de octubre de 2015

La pasada semana, el comisario para los Asuntos Financieros, Jonathan Hill, presentó una amplia agenda de reformas destinada a configurar un mercado único de capitales. Después de la creación del euro y de la unión bancaria, pendiente esta de la puesta en marcha de un seguro de depósitos, que consta en la hoja de ruta del Informe de los 5 presidentes, este proyecto de la Comisión Europea puede suponer un paso adelante extraordinario. Esta oportunidad para mejorar la consolidación del mercado europeo debería ampliar las vías de financiación para las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, ofrecer vías de ahorro y de inversión a los hogares europeos. Con todo, aún quedan interrogantes que deberán abordarse.

En primer lugar, el conjunto del proyecto del mercado único de capitales se plantea para el conjunto de Europa, sin una visión especial para la zona euro. Sin duda, la Comisión trabaja para toda la Unión y esta iniciativa está enfocada para todos los países, a diferencia de la unión bancaria, que en principio se ha configurado en torno a la eurozona. Sin embargo, el juego de distintas divisas con políticas monetarias y autoridades supervisoras no unificadas puede incorporar un marco institucional poliédrico, por ejemplo, en el objetivo de alcanzar algún tipo de pilar presupuestario en la zona euro, que afecta directamente a la fiscalidad. Esta actuación en distintas esferas debe tener un reflejo particular en el desarrollo legislativo.

En segundo lugar, la construcción de ese mercado único solo puede pasar por el diseño de un marco regulatorio común en toda la Unión. Ahora bien, disponer de una regulación única no significa la eliminación de las normas nacionales, como se puede oír a algunos portavoces de otras fuerzas políticas. Ciertamente, el desarrollo de un mercado de capitales, complementario a los canales bancarios, exige la creación de un entorno regulatorio no solo común, sino también sencillo, que elimine los problemas para la configuración, por ejemplo, de planes de inversión paneuropeos o mercados organizados de papel comercial para las pymes. Pero la configuración de esos mercados, para elevar el ahorro, su rentabilidad y la inversión en Europa, no debe desembocar en una eliminación de la regulación.

Por último, y al hilo de esta última observación, Europa debe evitar que una dinamización de los canales de financiación no bancaria suponga regulaciones más laxas, lo que unido a la presión regulatoria de los últimos años experimentada en el sector bancario y de seguros, pueda conducir a una desintermediación de la actividad financiera hacia sectores notablemente menos regulados. Si algo hemos aprendido tras el crash financiero de 2007-2008 es que los mercados están muy lejos de su funcionamiento eficiente bajo una supuesta autorregulación y, aun cuando se puede discutir sobre los riesgos de una sobrerregulación, la creación de canales de financiación no bancaria no puede disparar los riesgos que se han ido tratando de minimizar con la agenda regulatoria sobre los bancos y aseguradoras de los últimos años. Además, si ese fuera el caso, lejos de mejorar la inversión y el ahorro en Europa, simplemente habríamos realizado un bypass sobre las actividades más reguladas hacia las menos, sin efecto alguno positivo sobre el conjunto del sector.

Más allá de estas reflexiones iniciales, Jonathan Hill presentó una agenda completa de reformas bien orientadas bajo un calendario transparente. En este sentido, el Parlamento Europeo ha recibido ya dos nuevos reglamentos y una reforma de una directiva. En los reglamentos, la Comisión define un modelo de titulización simple, transparente y estandarizada (STS), que pretende clarificar el mercado europeo de este tipo de productos financieros y, a su vez, redefine los requerimientos de capital para este tipo de títulos con el objetivo de facilitar su comercialización. Asimismo, la Comisión plantea una revisión de la norma conocida Solvencia II también con el propósito de revisar los requerimientos de capital.

De este modo, estas primeras iniciativas parecen destinadas a suavizar los requisitos de capital con el objetivo de facilitar la inversión. En todo caso, en los próximos meses, las instituciones legislativas europeas, el Consejo y el Parlamento, deberán estudiar estas propuestas bajo los compromisos del Grupo Socialista de facilitar la inversión en Europa, pero sin aminorar el control del riesgo asociado.

En fin, Europa afronta con decisión la necesidad de mejorar los ratios de inversión que fortalezcan a su vez la implementación del plan Juncker, con el propósito de construir ese mercado único de capitales que no suponga el desplazamiento del ahorro hacia actividades menos reguladas.

En esta agenda será vital también conocer la propuesta de la Comisión para constituir una base imponible armonizada en el impuesto de sociedades como paso previo a un tipo mínimo, como adelantaba recientemente el propio ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, sin la cual todo el proceso de unificación quedaría edulcorado.

 

 

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