09Mar
2018
Escrito a las 8:14 pm

Artículo publicado en La Nueva España el 9 de marzo de 2018

La pasada semana la Administración Trump anunció la imposición de nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio de un 25 y un 10 por ciento, respectivamente. La decisión es fruto de una investigación de la Secretaria de Comercio que supuestamente ha descubierto riesgos nítidos para la “seguridad nacional” derivados de los actuales volúmenes de importaciones de ambos productos. Trump amplía así su política comercial que hasta ahora se había centrado en renegociar el acuerdo con Canadá y México y en amenazas generales que parece está decidido a concretar. Ciertamente, su reforma fiscal, única medida que ha podido tramitar en su primer año de gobierno, ya introducía sesgos proteccionistas notables pero esta nueva decisión supone un paso hacia el abismo.

Las guerras comerciales han precedido a lo largo de todo el siglo XX a conflictos de otra naturaleza, bélicos. La experiencia de las dos guerras mundiales fue esencial para encontrar en las buenas relaciones comerciales un elemento central sobre el que pivotar entornos de libertad, negociación y acuerdo. Y por ahí empezó la actual Unión Europea, poniendo en común los mercados del acero, del carbón y la energía atómica. Trump no sólo desconoce la historia sino que está empeñado en repetir los errores trágicos del pasado.

Esta decisión nos invita a una reflexión profunda sobre las políticas comerciales. Cualquier alumno de primero de Economía ya sabe que el comercio internacional, al igual que el comercio en el seno de los mercados nacionales, genera prosperidad y ganancias netas de bienestar. Permite a las regiones obtener bienes y servicios más baratos que produciéndolas ellas mismas, y eso libera recursos que pueden centrarse en la producción de otros productos. Además, dado que el vector del comercio no son las ventajas competitivas absolutas, sino las relativas, toda economía tiene opciones de crecimiento disponibles. Además, la evolución de los sistemas de producción y consumo en las últimas décadas han conducido al establecimiento de cadenas de valor a escala global, donde un producto final está fabricado con inputs de una variedad cada vez mayor de países. Así, las medidas mal llamadas “proteccionistas” sólo elevan el precio final para los consumidores porque suponen un impuesto adicional que como el IVA, por ejemplo, no tiene nada de redistributivo. Los trabajadores y los consumidores norteamericanos serán los primeros sacrificados con estas medidas.

Ahora bien, el aumento general de la renta derivado del comercio no tiene por qué distribuirse equitativamente en la sociedad, al igual que el propio crecimiento en una economía capitalista agudiza las desigualdades. En el mismo sentido, esos procesos pueden destruir empleo de manera singular en sectores o regiones concretas, y el paso de una actividad a otra no es tan sencillo como los modelos económicos plantean. De hecho, unos de los efectos de la globalización en las economías desarrolladas es exactamente el aumento de las desigualdades, en la medida que no todos los ciudadanos se pueden beneficiar de ese crecimiento derivado del comercio. Por ello, el comercio sólo, como la economía de mercado, necesitan de una intervención pública que active la cohesión social y conduzca el crecimiento hacia un modelo de sociedad inclusiva.

Esta realidad la sufrió el mundo occidental en la primera globalización de finales del siglo XIX e inicios del XX que sólo tuvo solución con la creación de sistemas fiscales redistributivos y la invención del Estado de Bienestar. No fue un camino fácil, pero fue un proyecto exitoso. Ahora, estamos ante un reto similar. Debemos rentabilizar las oportunidades de los mercados globales pero también recuperar la capacidad redistributiva de los sistemas fiscales que se han ido diluyendo con la expansión del tamaño de mercado, al igual que las figuras tributarias previas a la revolución industrial centradas en impuestos al consumo en los mercados locales, como los fielatos o portazgos, se fueron difuminando con la creación de los mercados nacionales. Fue entonces cuando se “inventaron” los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios operados por los gobiernos nacionales, que tenían capacidad ejecutiva para ello.

Y aquí está el meollo del asunto. En la medida que la globalización ha ido de la mano de una perdida de la soberanía efectiva de los Estados para hacer tributar a las rentas altas y a los beneficios empresariales, la capacidad redistributiva se ha encogido justo en un momento de prosperidad, generando contradicciones insostenibles en el mundo occidental, alentando así estas tentaciones proteccionistas que está en lo peor de nuestros instintos. Por ello, la respuesta, al igual que en el pasado, pasa por dotar a una institución pública con capacidad efectiva para ejercer esa soberanía de los instrumentos formales para hacerlo. En el siglo XX fue el Estado-nación, en el presente y en nuestro entorno solo puede ser Europa.

En fin, la política comercial siempre ha sido una herramienta sencilla de confrontación política. Aún, como Trump, hay quien piensa que los saldos comerciales determinan la riqueza de las naciones y que, por lo tanto, los déficits suponen una transferencia de renta hacia terceros países. Es todo un disparate.

La Comisión Europea anunciaba ayer la respuesta ante este despropósito. Y desde el Parlamento Europeo apoyaremos e impulsaremos todas las políticas necesarias para intentar encauzar esta crisis.

 

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