24Jun
2015
Escrito a las 10:59 am

El próximo 1 de julio se cumplirá un año del inicio de la presente legislatura del Parlamento Europeo. Las elecciones dieron como resultado un notable aumento de las fuerzas euro-escépticas e incluso euro-hostiles, que ganaron con comodidad en Francia o en el Reino Unido. Pero, además, esos comicios produjeron una pérdida de la hegemonía conservadora que sufrimos en la legislatura previa, en la que se marcó una agenda paneuropea de recortes sociales. Como contrapeso, el grupo socialista ha ganado un mayor espacio de influencia en este mandato que estamos utilizando para hacer virar la política económica, en cumplimiento con nuestros compromisos electorales, y cuyos resultados en las tasas de actividad estamos ya constatando. Sin duda, los cambios no están siendo tan rápidos ni rotundos como hubieran sido ante una contundente victoria socialista, pero sí lo suficientes para percibir ya una recuperación económica, cuya traslación a los ciudadanos depende también de las políticas complementarias de los Estados.

En primer lugar, la Comisión ha aprobado una reinterpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cumpliendo así una exigencia de nuestro grupo. El nuevo Pacto fija un marco para orientar la senda fiscal de cada país más acomodaticia con la situación económica, permitiendo una reducción más suave para aquellas naciones con crecimientos débiles y por debajo de las tasas de expansión estructurales. Pero, además, esta revisión permite aislar de los cálculos de déficit las inversiones públicas e incluso internaliza los efectos de las reformas estructurales sobre los saldos fiscales, facilitando la toma en consideración de aquellas políticas con costes a corto plazo. Es cierto que este margen de actuación se ofrece con mayor facilidad a los Estados con una posición fiscal más desahogada pero, en todo caso, esta reinterpretación debería permitir el diseño de una política presupuestaria al servicio del crecimiento, en claro contraste con lo experimentado en la legislatura pasada.

En segundo lugar, la Comisión ha cumplido con el compromiso con el Grupo Socialista para lanzar un plan de inversión paneuropeo, conocido como Plan Juncker. El fondo contará con una inversión pública europea de 63.000 millones de euros entre capital y deuda europea, que deberá movilizar financiación privada adicional hasta 315.000 millones de euros. Esa cantidad se verá incrementada por las partidas suplementarias comprometidas por los países. Alemania, Francia, Italia y Polonia han anunciado una aportación de 8.000 millones de euros cada uno, Luxemburgo de 80 millones más y España, tan sólo a la luz de su PIB, de 1.500 millones. En todo caso, estos más de 25.000 millones de euros deberán movilizar también a su vez participación privada, elevando el montante total del programa de inversión por encima de la cifra exclusivamente comunitaria.

En tercer lugar, el escándalo del LuxLeaks, que ha golpeado directamente a la credibilidad del presidente de la Comisión, ha resituado el foco de atención en la necesidad de avanzar en la europeización de los impuestos de sociedades, compromiso que ha venido defendiendo el Grupos Socialista. Tal es así que el acuerdo de investidura de la actual Comisión pasa también por el fin de los paraísos fiscales en la Unión y la definición conjunta de la base imponible del impuesto de sociedades. En este campo, la Comisión ya ha publicado la comunicación por la cual toda la información de acuerdos fiscales de los Estados con empresas deberá ser intercambiada entre las autoridades, abriendo la puerta a potenciales denuncias por ayudas de Estado, asunto en el que la legislación europea por encima de las normas nacionales. Además, el Parlamento espera para antes de agosto un nuevo paquete de medidas en este campo de actuación.

En cuarto lugar, la Comisión se encuentra negociando el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos con el propósito de abrir un gran mercado para las empresas europeas, salvaguardando en todo caso el marco regulatorio europeo. En este sentido, el Grupo Socialista ha logrado sacar adelante una declaración en el comité de comercio internacional del Parlamento, pendiente de su revisión por el pleno, que marca unas líneas rojas nítidas que pide el reconocimiento de Estados Unidos de los ocho convenciones principales de la OIT sobre derechos laborales, la exclusión de los servicios públicos y el respeto a la regulación ambiental y sanitaria europea, así como la elaboración de una lista de productos agrícolas sensibles. Además, la declaración establece la creación de un comité de arbitraje público para dirimir las disputas con derecho a apelación. De este modo, los socialistas confiamos en alcanzar un acuerdo equilibrado con Estados Unidos, que bajo este perímetro, permita reanimar el crecimiento y acelerar la creación empleo sujeto a los compromisos sociales del modelo europeo.

En otro orden de cosas, hay que valorar el cambio de las relaciones de la Unión con Grecia. Nadie puede permitirse la salida del país heleno de la zona euro pero es necesario también encuadrar los compromisos con Grecia bajo la inspiración de la revisión de los acuerdos fiscales. Para ello hay que apoyar la reducción del objetivo de superávit primario, la puesta en planta de un sistema fiscal digno de tal nombre y habilitar líneas de financiación para mejorar las políticas de cohesión social, lo que exige también una huida de Tsipras de sus socios de gobierno de extrema derecha nacionalista y de aquellos que en su propia formación apuestan por una salida del euro.

Por último, esta agenda se completa con el esperado informe de los cinco presidentes (Comisión, Consejo, Parlamento, BCE, Eurogrupo) sobre el futuro diseño institucional de la zona euro. De este modo, habríamos completado un año positivo para la Unión en el que se ha logrado una revisión de política económica por parte de las instituciones políticas lo que unido al mayor activismo del BCE (que está ayudando también a devaluar el euro) y a la caída del precio del petróleo está permitiendo una mejora de los datos macroeconómicos.

Sin duda, si los socialistas hubiéramos sido primera fuerza estos cambios estarían siendo más sólidos y con una recuperación de las política sociales, pero son lo suficientes para cambiar el tono económico de la Unión y permitir además otra política por parte de los Estados. Por eso, cobran aún más importancia las próximas elecciones generales en nuestro país. España decidirá cómo resituarse en el nuevo marco europeo y cómo rentabilizar y redistribuir la mejoría de la actividad. Es vital que España aproveche esta incipiente recuperación para que la mejora llegue a aquéllos que lo están aún pasando muy mal y permita la reconstrucción del Estado de Bienestar junto al diseño de una economía productiva, lo que exige un cambio en la dirección política del país.

Arículo publicado en El País – 24/06/2015
http://elpais.com/elpais/2015/06/23/opinion/1435078207_156734.html

 

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