08May
2018
Escrito a las 11:35 am

Continuando con esta intensa semana verde, tuve la oportunidad de conocer de primera mano la encomiable labor que los voluntarios europeos desarrollan en el municipio asturiano Grado. Una labor, la del voluntariado europeo, que he animado desde mi escaño en el Parlamento Europeo y que considero fundamental para sembrar de europeísmo toda la Unión. Gracias, especialmente, al ayuntamiento de Grado por su acogida y su sensibilidad con un tema tan importante.

Asimismo, acompañé a mis compañeros del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo en la presentación de la obra “Avances y desafíos de la integración europea a 60 años del Tratado de Roma“, coordinada por el profesor José Alba.

 

 

Jonás Fernández: “La fiscalidad electoralista de Rajoy está impidiendo una recuperación justa y duradera”

El eurodiputado socialista Jonás Fernández asegura que “España necesita una reforma fiscal, como el PSOE ha venido exigiendo en el Congreso, y otro proyecto de presupuestos que no dilapide la suficiencia financiera y la credibilidad de la política presupuestaria. La fiscalidad electoralista de Rajoy está impidiendo una recuperación justa y duradera”. Después de que la Comisión Europea ha publicado las nuevas previsiones para la economía española, el portavoz de los socialistas españoles en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, considera que “nuestra economía debe aprovechar el viento de cola de la economía internacional y la revisión de la política económica en Europa para reducir su déficit público y su deuda, a la vez que mejora los saldos estructurales de las cuentas públicas, y amplia las políticas de cohesión social en el presente”.

 

El cuadro macroeconómico de la Comisión, prevé que la economía española registre unas tasas de crecimiento del 2,9 y 2,4 por ciento para 2018 y 2019, respectivamente. “Estas cifras muestran una ligera desaceleración de la actividad, aunque son más elevadas que las estimadas previamente”, asegura Fernández. “Detrás de esta mejora se encuentra el empeoramiento de los saldos fiscales que impulsa la pro-ciclicidad de los presupuestos, pero a costa de empeorar las perspectivas estructurales de las cuentas públicas”, ha dicho.

 

Según estas previsiones, el déficit público se elevaría hasta el 2,6 por ciento del PIB para este año y el 1,9 por ciento del PIB para 2019. “Es un aumento notable en ambos ejercicios. De este modo, la deuda pública se mantendría en tasas muy elevadas, por encima 95 por ciento del PIB. Aún peor, el déficit estructural se elevaría en 2018 hasta el 3,3 por ciento del PIB para situarse en 2019 en el 3,2 por ciento”, señala Fernández. “Por todo ello, según las estimaciones de la Comisión, España no cumplirá con sus compromisos europeos en 2018, y aún a pesar de salir del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la senda del saldo estructural mantendría a nuestro país fuera de las normas comunitarias”, ha resaltado.

 

Artículo publicado en La Nueva España el 3 de mayo de 2018

La semana pasada el gobierno de Mariano Rajoy hacía pública su posición ante el debate que los ejecutivos nacionales tendrán en junio en una cumbre clave sobre el futuro del euro. La aportación española no puede ser más decepcionante, cuando nos estamos jugando no sólo la definitiva salida de la crisis, sino también el perfil de los posibles efectos de la próxima (cualquiera que esta sea) y el propio futuro de la Unión.

La cumbre del Consejo Europeo se realiza después de que la Comisión presentara a final del pasado año un paquete de propuestas sobre la unión monetaria. La hoja de ruta de la Comisión se centraba en introducir en el acervo legal comunitario los dos tratados acordados de modo intergubernamental en el epicentro de la crisis. El primero en 2011 para la creación de Mecanismo de Estabilidad, un fondo que pudiera financiar rescates a cualquier Estado miembro, y el segundo en 2012 para el diseño de una gobernanza fiscal más restrictiva como contrapartida. En todo caso, la Comisión propone la “constitucionalización” de ambos Tratados con varias reinterpretaciones para permitir un mayor control democrático y facilitar, por otra parte, el uso de financiación europea en futuras crisis.

Por otra parte, la Comisión propuso reformar la gobernanza de la zona euro. Para ello, el ejecutivo comunitario apostó por unificar la presidencia de Eurogrupo y la cartera de Hacienda de la Comisión, al igual que en España el ministro de turno dirige también el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con rendición de cuentas plena ante el Parlamento Europeo. Quizá haya quien vea aquí apenas unas disputas institucionales o legales, pero la revisión de la arquitectura de poder y de control es básica para garantizar la legitimidad de la política presupuestaria.

Y, por último, la Comisión propuso el diseño de un nuevo presupuesto de la zona euro, si bien, en este caso, sólo se adelantaban algunas ideas a la espera de una concreción mayor para este mes de mayo. Este debate se une así a la negociación sobre el marco financiero del conjunto de la UE a partir de 2020, a partir de la propuesta conocida ayer miércoles.

Pues bien, el gobierno español publicó un documento sin pulso europeísta. El papel de Rajoy evita cualquier posición sobre la gobernanza de la zona euro, no entra a discutir la constitucionalización del Tratado Fiscal y en la reforma del MEDE no introduce aportación alguna. Asimismo, en el debate sobre el presupuesto de la zona euro realiza dos propuestas muy menores: activar con mayor facilidad la financiación del BEI (de donde procede el actual ministro de Economía) y crear un rainy day fund, concreción alguna. De este modo, el texto apenas se queda en proponer concluir las negociaciones del seguro de depósitos europeo, que está bloqueado en el Consejo desde su propuesta en 2016, lo que está dificultando a su vez la negociación en la que estamos en el Parlamento Europeo. Pero además la propuesta española se olvida de introducir reivindicaciones clásicas de nuestro país, como los eurobonos o la creación de un activo libre de riesgo europeo, conformado así un texto global sin ningún tipo de ambición y más modesto que la hoja de ruta de la propia Comisión.

Estamos, pues, ante un gobierno que ha renunciado a respaldar la posición de otras economías del sur, que tras el actual liderazgo de Francia, están intentando mover la tradicional posición alemana. Un gobierno que no sólo ha dejado de representar los intereses de nuestro país, sino que además ha renunciado a coliderar la reforma del euro. La apatía y la falta de pulso de Mariano Rajoy alcanza todas las áreas de gobierno.

Artículo publicado en Cinco Días el 28 de abril de 2018

La economía española cerrará el output gap abierto en la pasada crisis financiera y fiscal durante este ejercicio. El PIB español habrá superado el agujero que se comenzó a abrir en 2009 y que alcanzó un máximo cercano a ocho puntos en 2013, según el FMI. Sin embargo, y probablemente incorporando algunas sombras sobre este tipo de estimaciones, la tasa de desempleo se mantiene por encima del quince por ciento de la población activa, la posición de inversión internacional neta arroja un déficit superior al 80 por ciento del PIB, y la deuda privada y pública rondan el 160 y el 100 por ciento del PIB, respectivamente. Ciertamente estos indicadores muestran una mejora en los últimos años, desde que la orientación de la política económica europea comenzó a virar a partir de 2014. Pero todos estos guarismos corresponden a una economía con serias fallas estructurales, problemas que, una vez agotado el output negativo, necesitan de una política económica adecuada, más allá del ciclo. Y este es el principal hándicap del proyecto de presupuestos para 2018 presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en España.

En primer lugar, no hay en estos presupuestos una estrategia estructural para reducir el déficit y la deuda pública, talón de Aquiles de nuestra economía. Es cierto que el gobierno plantea aminorar el saldo presupuestario deficitario hasta el 2,1 por ciento del PIB, pero el déficit estructural se mantendrá en el entorno del 2,5 por ciento, ratio en el que podría mantenerse durante el próximo lustro a la vista de las estimaciones de las instituciones independientes. En segundo lugar, la evolución prevista de la posición de inversión internacional neta mantiene una dependencia extraordinaria, aún a pesar de la mejora del saldo por cuenta corriente de la balanza de pagos, con un superávit, en cualquier caso, temporal expuesto a los precios internacionales de la energía y al tipo de cambio del euro. Así, estos presupuestos no presentan ninguna hoja de ruta para reducir esa dependencia exterior, ni para orientar la matriz de crecimiento de tal modo que se mejore el perfil exportador. Y, por último, el presupuesto no recoge estrategia alguna para avanzar en un crecimiento inclusivo que acelere la creación de empleo, pero que también mejore el grado de desigualdad y reduzca la pobreza en nuestro país, que amenaza con cronificarse durante décadas.

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Escrito a las 7:50 am

Artículo publicado en El País el 28 de abril de 2018

Los partidos socialdemócratas están atravesando dificultades en casi todos los países europeos. Una de las explicaciones que se esgrime se resume en la ausencia de una alternativa de política económica. Al inicio de la crisis, los partidos socialistas en el gobierno perdieron el poder tras aplicar ajustes presupuestarios y los que lo alcanzaron en medio de la tempestad con promesas contra la austeridad retornaron a la oposición al incumplirlas. Por ello, cabe preguntarse si esta homogenización relativa de las políticas económicas es resultado de decisiones discrecionales o es fruto de otras restricciones, porque en los países que menos han sufrido esta pasada recesión también se percibe esa cierta indiferenciación que, por otra parte, se inicia años antes.

La globalización y la revolución tecnológica han dejado inoperativos los instrumentos de intervención construidos en el siglo XX. Los Estados-nación no pueden viabilizar sistemas fiscales tan progresivos como en el pasado, a la vista de la movilidad creciente de las bases imponibles. La soberanía normativa está seriamente dañada cuando se regulan mercados con operadores globales, cuyas decisiones se toman fuera de nuestras fronteras. Pero incluso aquellos países que retienen la política monetaria se encuentran al albur de los flujos de capitales y de las decisiones de los bancos centrales de referencia. De este modo, la “caja de herramientas” de los gobiernos nacionales se ha reducido significativamente y, por ende, la capacidad de operar políticas económicas de izquierdas.

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