01Feb
2017
Escrito a las 7:53 pm

Artículo publicado en mi sección quincenal “Tarjeta Azul” de La Nueva España el 1 de febrero de 2017

Europa tiene pendiente la federalización de sus políticas fiscales. Hasta ahora, los Estados miembros han ido acordando las políticas fiscales de cada una de las economías basadas en tratados, en reglas, que la Comisión Europea controla. O dicho de otro modo, el cumplimiento de los objetivos de déficit público, por ejemplo, se vigila por la Comisión pero es a instancia de las normas que los propios Estados han adoptado. En este sentido, las decisiones que se toman en esta materia en Europa, ya sea en el ECOFIN, que reúne a todos los ministros de Economía y/o Hacienda de los, de momento, 28 Estados, o en el Eurogrupo, que sólo agrupa a los miembros de los euro, son acordadas por unanimidad, en la medida que las competencias siguen siendo esencialmente nacionales. Así pues, los Estados ostentan plenamente la soberanía, donde los gobiernos nacionales representan el poder ejecutivo, sujetos al control y aprobación de sus propios parlamentos. Por ello, en esta materia el Parlamento Europeo tiene un papel consultivo.

Este modelo presenta notables fallas. Por una parte, los compromisos asumidos por los Estados, y en especial por los países de la zona euro, obviamente respaldados por sus parlamentos nacionales, han llegado a tal nivel que comprometen en un grado muy elevado su capacidad de maniobra fiscal. El control es tal que aunque de iure los parlamentos nacionales ostentan la soberanía, el ejercicio de la misma les ha dejado sin apenas espacio de actuación. Esta cesión ha sido acordada por los parlamentos, pero éstos ahora apenas tienen capacidad de influir en el desarrollo e implementación de esa soberanía compartida.

La cuestión es que la Comisión Europea, en su papel de garante de los Tratados, es quien controla el desarrollo de esa soberanía compartida y, aunque responde ante los Estados, no lo hace en esta materia ante el Parlamento Europeo. Así pues, los Estados han decidido compartir unas reglas de política fiscal, cuyo desarrollo no controla parlamento alguno. Ni los parlamentos nacionales tienen de facto la soberanía fiscal de la que presumen, ni el Parlamento Europeo puede ejercer la labor de control sobre la Comisión.

Muchas veces se habla del déficit democrático de la Unión, una premisa que siempre combato porque todas las instituciones tienen una clara legitimidad, ya sea directa o indirecta. Pero es cierto que en este asunto, por otra parte nuclear en el diseño de cualquier democracia, se encuentra en una compleja situación que merece la pena aclarar.

Por ejemplo, los gobiernos de la eurozona han acordado un calendario de tramitación presupuestaria, con la aprobación de los parlamentos nacionales en su día, que supone el control ex ante por parte de la Comisión de los proyectos anuales. Así, la Comisión puede devolver un proyecto presupuestario al gobierno, aun cuando el parlamento de ese país lo haya admitido a trámite. Y la Comisión lo puede hacer sin un debate ni aprobación por parte del Parlamento Europeo. La Comisión aplica reglas que los gobiernos se han dado entre sí. Y, como digo, ese acuerdo tuvo el respaldo parlamentario, tiene legitimidad democrática de origen, pero necesitamos dotar al modelo de legitimidad democrática también en el ejercicio. Para ello, la política fiscal de la eurozona debe estar basada en instituciones y no sólo en reglas, al igual que la política monetaria como le gusta recordar a Mario Draghi.

De momento, Europa se ha dotado de un modelo, más o menos informal, por el cual el Parlamento Europeo se reúne con los miembros de los parlamentos nacionales varias semanas al año, en lo que se conoce como “Semana Parlamentaria para la Coordinación Económica del Semestre Europeo”. Durante varios días, los diputados, europeos o nacionales, discutimos sobre la política fiscal en sesiones donde la Comisión y también los ejecutivos nacionales expresan sus preocupaciones y las grandes líneas que se van adoptando. Hay un escrutinio sobre la gobernanza económica pero no pasa de una discusión. Pero ni el Parlamento Europeo, que no tiene competencias en esta materia, ni los parlamentos nacionales, que teniéndolas las han cedido, podemos en realidad tomar decisiones. Así pues, se circunscriben a una semana de debate, como la estamos teniendo en estos días.

El modelo necesita una revisión que sólo puede pasar porque las decisiones europeas estén asentadas en la legitimidad del Parlamento Europeo, que diseñe y apruebe no sólo el presupuesto europeo, que ya lo hace, sino que controle también el marco de actuación de los presupuestos nacionales, tras adoptar una orientación de política fiscal común. Una política común que luego debería ser implementada por los Estados con un margen a decidir por los gobiernos nacionales sujetos a sus respectivos parlamentos. Este salto supondría, no una cesión de una soberanía, sino una recuperación de la misma, ahora externalizada y basada en reglas. Esto requiere no sólo conformar un diseño democrático compacto, sino también lograr una política económica al servicio del crecimiento y del empleo.

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