23Ago
2018
Escrito a las 7:44 am

Artículo publicado en La Nueva España el 23 de agosto de 2018

Grecia se incorporó a la unión monetaria con tres años de retraso, en 2001, respecto al resto de países fundadores del euro. El incumplimiento de los criterios de Maastricht impidió su ingreso desde el primer momento, aunque cuando se sumó finalmente al club tampoco observaba con brillantez todos los compromisos. Desde esa fecha, la renta per capita en términos reales creció hasta el inicio de la crisis en 2008 un 29 por ciento, un 50 por ciento más que en el septenio previo, mientras el ahorro nacional se redujo a la mitad (en comparación con el PIB) y la inversión repuntó hasta el 27 por ciento del PIB, elevando las necesidades de financiación con el resto del mundo desde el 3 al 15 por ciento del PIB. En ese mismo periodo, desde el último año con dracmas en circulación hasta la caída de Lehman Brothers en la segunda mitad de 2007, el déficit público aumentó hasta el 6 por ciento del PIB, y el saldo estructural negativo, es decir, aquel que ignora la situación cíclica de la economía, superó el 11 por ciento del PIB, mientras la deuda pública no bajó del 100 por ciento del PIB.

Con este cuadro macroeconómico, Grecia afrontó la crisis financiera internacional con escasos instrumentos y antes de los duros ajustes de 2010, el país ya ofrecía un déficit público superior al 10 por ciento del PIB, pero un saldo estructural deficitario cercano al 20. Es decir, la economía griega, con independencia de la crisis, registraría un déficit público permanente de medio plazo de una quinta parte de su renta anual, lo que situaba al país en una espiral de deuda pública insoportable. Mientras, la deuda (pública y privada) con el exterior siguió creciendo hasta superar el 15 por ciento del PIB. Grecia no supo gestionar el boom posterior a su entrada del euro (amén de la manipulación estadística) y no tenía opción alguna ante la crisis. Recodemos que España entró en recesión con su superávit presupuestario del 2 por ciento y una deuda pública ligeramente superior al 30 por ciento, ambas cifras respecto del PIB nacional, y no lo pasamos demasiado bien.

En una genuina unión económica, con un pilar monetario, que ya existe, pero otro fiscal, que aún no, se hubiera absorbido el incremento del gasto público y la caída de la recaudación de una región que apenas representa el 2 por ciento del PIB de la eurozona sin mayores sobresaltos. Los gastos de desempleo, por ejemplo, se hubieran podido abonar mancomunadamente, la salida de depósitos se hubiera minimizado con una garantía común, aminorando la crisis bancaria, y habría habido fondos adicionales automáticos para impulsar nuevos planes de inversión, reduciendo la caída de la actividad.

Todo esto hubiera sido posible en otra unión económica o quizá se podría haber implementado en el inicio de la crisis para evitar la peor de las recesiones en Grecia, pero entonces no había apetito político para ello. Desde 2007-08 y, al menos, hasta 2012 la Unión no quiso afrontar los graves problemas de diseño institucional que presentaba la eurozona y frente a ello se adoptó una política de préstamos al Estado griego a cambio de duros planes de ajuste que elevaran la probabilidad de cobro de los acreedores. Y todo ello manteniendo el tipo de cambio, es decir, evitando una salida del país heleno de la eurozona, porque esa ruptura amenazaba con dinamitar la unión monetaria.

Sin duda, la salida de Grecia de la zona monetaria hubiera podido depreciar su moneda, pero ello exigiría una quita de la deuda emitida en euros en un país que necesitaba para no explosionar definitivamente un crédito anual con el exterior de dos dígitos del PIB y con un déficit público estructural del 20 por ciento, que debería conducirse al equilibrio de manera instantánea porque nadie financiaría a ese Estado tras esa suspensión de pagos. Imagine el lector el recorte presupuestario exigido en esas circunstancias. Y piense también en la subida de tipos de interés para contener la hiperinflación y reducir la salida de capitales que hubiera sido necesaria. (Y no dejemos de citar los efectos desestabilizadores que tendría que afrontar Grecia en el presente ante la crisis de la lira turca).

Si la salida no era un buen negocio para Grecia, tampoco lo era para el resto de socios con problemas, entre ellos España porque abría una espiral que amenazaría con llevarse a otros por delante, ni en consecuencia para el conjunto de la eurozona. Sin embargo, la política de préstamos condicionados tampoco era el camino, porque rehuía la única vía de solución que pasaba por transformar el diseño institucional de la zona euro. Como consecuencia, el PIB del país redujo casi un 25 por ciento, dejando a la economía griega en la casilla de salida tras su ingreso en el euro, con un coste social sin precedente en Europa en tiempos de paz.

En el verano de 2012, el Consejo Europeo apostó finalmente por la unión bancaria, facilitando la intervención de Draghi desde el BCE, y a partir de las elecciones europeas de 2014 y el reequilibrio en favor de las fuerzas socialdemócratas y europeístas en las instituciones se comenzó a virar el rumbo. En este tiempo hemos tenido nuevos programas de inversión con garantías del presupuesto comunitario, propuestas legislativas para la creación del seguro de depósitos, un presupuesto anti-cíclico, o la reforma de la institución, el MEDE, que vehiculizó los préstamos a Grecia, pero también a otros países como España. Pero además esta Comisión afrontó los problemas de la economía griega no sólo minimizando los riesgos de devolución, sino intentando ayudar a Grecia a reconstruir un Estado moderno que, por ejemplo, carecía de un catastro antes de la crisis o de una agencia tributaria mínimamente competente.

Esta semana celebramos el fin de los programas en la economía helena, pero el país aún tiene un largo y duro camino por delante. También celebramos que la zona euro, junto a la griega, crezca por encima del 2 por ciento, sin tensiones inflacionistas a la vista, y con las tasas de desempleo a la baja. Pero los efectos no sólo de la crisis, sino también de la equivocada estrategia austericida del primer lustro de esta recesión, en forma de pobreza y desigualdad siguen presentes y la reforma de la zona euro sin terminar. Mientras, las tensiones geopolíticas siguen en ascenso, y no tenemos demasiado tiempo que perder.

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