09Nov
2017
Escrito a las 9:36 am

Artículo publicado en mi sección quincenal “Tarjeta Azul” de La Nueva España el 9 de noviembre de 2017

El diseño institucional de la Unión Europea no resulta muy sencillo y esa complejidad dificulta la rendición de cuentas. El Consejo Europeo, el Consejo, el Ecofin, el Eurogrupo, la Comisión, el Parlamento, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social o el Tribunal de Justicia de la Unión son sólo algunos nombres de instituciones cuyas opiniones o decisiones se asignan a “Europa” o a la “Unión Europea” en los titulares de los periódicos. Si todo lo que impulsan lo hacen en nombre de Europa y, en muchos casos, con opiniones divergentes pueden generar una confusión notable, si no somos capaces de saber qué hay detrás de esa “Europa” de las noticias. El ciudadano no acaba de conocer quién es responsable de qué y por lo tanto, no puede premiar o castigar a unos o a otros en las distintas convocatorias electorales con una panorámica clara.

En fin, más allá de esta reflexión general, en estos momentos se está discutiendo la elección del futuro presidente del Eurogrupo, que debe sustituir en enero al holandés Dijsselbloem, cuya gestión, incluidas sus lamentables declaraciones sobre los países mediterráneos, ha sido, cuando menos, decepcionante, teniendo en cuenta además su adscripción partidaria a la familia socialista.

El Eurogrupo ha ido ganando mucho peso en los últimos años. Ha pasado de ser un foro informal de debate de los ministros de economía o hacienda de los países del euro, como una especie de “sub-comisión” del Ecofin (la institución que reúne a los 28 ministros con esa cartera en los Estados de la Unión) a situarse en el centro de las decisiones más transcendentales desde el inicio de la crisis económica.

Recordemos que la crisis se inició en Estados Unidos a cuenta de los créditos sub-prime que acabaron siendo irrecuperables. Esos créditos morosos hicieron un roto en los balances de los principales bancos americanos y, por extensión, en los de todo el mundo. Los bancos quedaron tan secos de liquidez que entraron en crisis de solvencia, y obligó a muchos Estados a usar dinero público para evitar unas quiebras que amenazaban con llevarse por delante sistemas financieros nacionales completos. Esos rescates públicos elevaron los déficits y las deudas de muchos gobiernos, hasta un punto en que en esos Estados dejaron de tener la confianza de los inversores para seguir emitiendo su propia deuda pública. Los incrementos de los tipos de interés de la deuda pública complicó, así, la viabilidad presupuestaria y ello condujo a programas de ajuste y reducción del gasto público que, por otra parte, ahondaron en la evolución depresiva de la economía real. La tormenta perfecta. La crisis fiscal fue tal en el seno de la Unión Europea que hubo que revisar los tratados para permitir los rescates a Estados miembros, algo que estaba directamente prohibido, rescates que, por otra parte, imponían una condicionalidad de la que los socialistas nos hemos quejado amargamente.

Pues bien, esos rescates se realizaron con dinero de los propios Estados de la zona euro, no con dinero comunitario, a través de distintos instrumentos hasta la creación de una nueva institución, el MEDE. Los Estados de la eurozona aportaron el capital y los propios Estados controlaban su uso y la aplicación de los distintos programas. De este modo, el Eurogrupo, el foro informal de los ministros nacionales de economía de la zona euro, paso a estar en el centro del debate europeo. Ellos prestaban y ellos controlaban. Y el presidente del Eurogrupo asumió, también, la presidencia del MEDE. El Parlamento Europeo y la Comisión intentaron tener un papel más relevante pero, en realidad, la labor ejecutiva quedó en manos de los ministros y la labor de control en los parlamentos nacionales, que son quienes deben supervisar cómo sus gobiernos usan el presupuesto nacional para otorgar créditos a países terceros. Por ejemplo, el parlamento finlandés exigió a su ministro en el Eurogupo garantías adicionales y bilaterales para el rescate a España. En todo caso, con esta excepción y alguna otra, los parlamentos nacionales no han logrado un control claro de la labor de sus ministros en el seno del Eurogrupo.

En este sentido, en estos momentos en los que se está discutiendo la reforma institucional de la zona euro, uno de los objetivos es “comunitarizar” el MEDE. Es decir, que la Comisión, el ejecutivo europeo tenga un mayor papel y, por ende, el Parlamento Europeo pueda realizar una labor de control eficaz. Unas competencias que debe asumir “Europa” porque el actual modelo inter-gubernamental dificulta en grado sumo esa asunción de responsabilidades y una legitimidad democrática directa.

Para ello y para otras cosas resulta necesario tener una presidencia del Eurogrupo comprometida con esa reforma democrática de la zona euro y con una visión de los rescates y de la condicionalidad alejada de los egoísmos nacionales. Son dos criterios importantes. El primero nos impulsar a buscar un presidente europeísta, el segundo, uno progresista.

Además, sobre la mesa está la posibilidad de que esa presidencia recaiga en el comisario de economía, el ministro europeo, para integrar, a su vez, al MEDE en el marco de responsabilidad y rendición de cuentas de la democracia europea. Este paso lo ha pedido de manera reiterada el Parlamento Europeo y si ahora hubiera esa oportunidad, podríamos aunar los dos criterios previos con este último y situar a Pierre Moscovici, un socialista francés, en el corazón de la política económica europea. Veremos.

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