08 Jun Política económica europea y supranacional orientada hacia el crecimiento y el empleo
Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la posibilidad de que la economía internacional haya entrado en una fase de reducido crecimiento a corto y a largo plazo. Según algunos analistas, las economías emergentes, de algún modo conducidas por la fuerte expansión de la economía china en los últimos años, habrían entrado en una nueva fase de crecimiento exiguo ante los retos para equilibrar el modelo de desarrollo del gigante asiático. Esta economía necesitaría revisar sus pautas de expansión pasando de un modelo asentado sobre las exportaciones a otro bien distinto dirigido por su demanda interna. Tal es así que el híper-ciclo de las materias primas habría llegado a su fin y junto a la notable reducción de los precios del petróleo, todo apuntaría a un periodo más o menos prolongado sin la locomotora china.
Como resultado, China ya no acumularía los mismos ahorros en su cuenta corriente necesarios para alimentar el crecimiento en las economías desarrolladas, basados en las últimas décadas en un aumento extraordinario del crédito. De este modo, las economías occidentales afrontarían un periodo no sólo con menos deuda sino también con la necesidad de amortizar los créditos asumidos en ese periodo, que concluyó con la última gran crisis financiera. Por todo ello, el mundo y, por ende, Europa tendrían por delante un periodo de reducido crecimiento. Si a ello se une la ralentización de la revolución tecnológica o de su impacto sobre la economía, todo parecería indicar que el futuro no es lo que era.
En mi opinión, esta visión malthusiana sobre el porvenir presenta notables fallas, especialmente más intensas en lo que se refiere a la economía europea. Por una parte, el debate sobre los rendimientos decrecientes de las innovaciones tecnológicas es sólo una hipótesis lejos de ser contrastada. En este sentido, cabría preguntarse por los problemas de medición del PIB real, habida cuenta que la estimación del deflactor presenta notables desafíos. Sin duda, los avances técnicos tienen un reflejo directo sobre el nivel de precios reales de los bienes y servicios ligados al mundo tecnológico que probablemente no está siendo capturado correctamente en los actuales índices de precios . De este modo, podríamos estar sobre-estimando la inflación a cuenta de minimizar la expansión del PIB real. En todo caso, más allá de esta cuestión, nuestra Unión presenta notables potencialidades si avanza más rápidamente en el proceso de consolidación del mercado interior y revisa con mayor rotundidad la política económica de la pasada legislatura.
El ejemplo de la economía japonesa, con alta deuda y en un proceso de acelerado envejecimiento, no tiene traslación directa a Europa si analizamos la capacidad de crecimiento de nuestra economía a la luz de la integración de nuestro mercado único. En este sentido, aun cuando existen rasgos comunes entre Japón y la Unión Europea que podrían invitarnos a un cierto pesimismo, hemos de reconsiderar tal homologación si analizamos convenientemente los proyectos de las instituciones europeas para avanzar en la constitución de un mercado único en el terreno energético, digital, en el de las telecomunicaciones, así como en el sector financiero.
La Comisión Europea ha establecido tres grandes sectores estratégicos para la economía de la Unión. Por una parte, los compromisos adquiridos en la Cumbre de París, junto al objetivo de reindustrializar Europa y mejorar la seguridad energética para lograr un mayor espacio de actuación a la política exterior han conducido hacia la creación de una “unión energética”. Por otra parte, los retos de la economía digital exigen también la constitución de una “unión digital” que salvaguarde el activo cultural y permita a la vez la explotación de un tamaño de mercado sustancialmente más amplio. Y por último, tras la crisis bancaria, la eurozona está volcada en la constitución de una genuina unión bancaria que conviva con el proyecto de la unión del mercado de capitales.
De este modo, este espíritu reformista debería coadyuvar a superar los desafíos sobre el crecimiento en la Unión Europea, más allá de los problemas de deuda o los derivados del envejecimiento o del supuesto menor impacto de los avances técnicos sobre el PIB. En todo caso, Europa necesita más que estas políticas de oferta para elevar el potencial de crecimiento.
En estos momentos, la política monetaria ha reducido sensiblemente el coste de la financiación, pero esto no está siendo suficiente para animar la actividad. Estamos en una crisis muy similar a la trampa de la liquidez presentada por Keynes hace más de ochenta años. En el actual entorno, la política monetaria es totalmente insuficiente, tal y como reconoce el propio Mario Draghi, y ante las incertidumbre sobre la rentabilidad futura de las nuevas inversiones parece claro que el sector público debe asumir tal misión. El problema reside en que aquellos países con una peor situación económica son los que presentan ratios de deuda pública más elevadas y, por lo tanto, se enfrentan a mayores restricciones para el endeudamiento en el marco de la zona euro.
Sin embargo, la expansión fiscal de los países en mejor posición presupuestaria ayudaría también al conjunto de la Unión. Pero sobre todo, la actual Comisión, a instancia de los compromisos adquiridos con el Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo ha lanzado el Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas, conocido ”plan Juncker”, con un activo de hasta 63.000 millones de euros, con los que apalancar inversión privada adicional. Sin duda, el fondo no cumple en todas sus características los objetivos de nuestro grupo parlamentario, pero en algunos países como Francia o el Reino Unido está siendo usado intensamente para financiar nuevos proyectos de inversión. En muchos países, las inversiones del Fondo están superando las expectativas iniciales pero lamentablemente nuestro país está sufriendo una auténtica sequia de proyectos. Esto no es independiente del nulo interés del actual gobierno de derechas, aun en funciones, y la confusión generada por la política de comunicación del ejecutivo español en torno a este fondo. Además, en el ámbito de la política fiscal, los socialistas hemos logrado revisar la interpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a través de una aplicación más flexible que ya está siendo usada por muchos países, aunque de nuevo nuestro país viva ajeno a tal reorientación.
Por último, junto a las políticas de oferta y de demanda, la Unión se halla inmersa en importantes negociaciones comerciales que pueden dar impulsos adicionales al crecimiento económico. Recientemente se ha cerrado un acuerdo comercial con Cánada, está en marcha la negociación con Estados Unidos y Mercosur, así como la revisión de acuerdos previos firmados en América Latina, África y Asía. En este campo, y especialmente en el ámbito del TTIP, la Comisión Europea cuenta con un mandato claro por parte del Consejo Europeo sobre lo que se puede y no se puede negociar y, por otra parte, el Parlamento Europeo ha aprobado el pasado julio una declaración que marca las líneas rojas de la negociación. Además, es el propio Parlamento el que deberá aprobar o no el Tratado si finalmente hay acuerdo de modo que el marco de negociación acordado en esa declaración resulta aún más relevante.
Por todo ello, bajo este escenario, es vital una victoria socialista en España que ayude a inclinar el actual equilibrio de poder en las instituciones europeas, que se aleja de la abrumadora mayoría conservadora de los últimos años, a favor de las ideas y proyectos progresistas. Asimismo, esa victoria permitiría trasladar a nuestro país los avances que se han ido logrando con gran esfuerzo en la presente legislatura europea.
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