El 20 de julio de 2017 escribía en esta columna sobre la senda autoritaria del ejecutivo polaco ante el anuncio de un nuevo paquete legislativo destinado a controlar aún más el Poder Judicial. En este sentido, después de la reforma del Tribunal Constitucional, el gobierno aspiraba a controlar directamente el Consejo Superior de Justicia, la versión polaca del Consejo General del Poder Judicial español. Pero además, se le otorgaba al ministro de Justicia, que ya actúa como Fiscal General en ese país, la capacidad de remover cualquier juez sin necesidad siquiera de justificar su decisión. Asimismo, el Ejecutivo pasaría a nombrar a buena parte del Tribunal Supremo, al tiempo que, incomprensiblemente, se establece una edad de jubilación más temprana para las juezas. En fin, un paquete que ha dejaba de facto y de iure sin autonomía alguna al Poder Judicial.
Durante este otoño, el Presidente de Polonia, perteneciente al mismo partido del gobierno, ha jugado con la posibilidad de no sancionar alguna de las leyes impulsadas por el Ejecutivo y apoyadas por la mayoría ultra-conservadora en el Legislativo. En este tiempo, la Comisión ha intensificado la presión sobre Polonia para evitar que todo ese paquete legislativo entrara en vigor. Sin embargo, todos los esfuerzos han sido inútiles.
Con la decisión de la Comisión, ahora el asunto está sobre el tejado, en primer lugar, del Parlamento, e inmediatamente después, del Consejo. Una vez solicitada la activación del artículo 7 por parte de la Comisión, el Parlamento debe dar su aprobación por mayoría de dos tercios, tras lo cual el Consejo tiene que decidir si tales riesgos sobre el Estado de Derecho son firmes, para lo que se exige una mayoría de cuatro quintos. Durante este periodo, la Unión sigue ofreciendo la posibilidad de corrección al gobierno polaco.
Si esta presión continúa sin resultados, el Consejo Europeo podrá decidir por unanimidad (sin la participación de Polonia) a propuesta de la Comisión (o de un tercio de los Estados Miembros) y, nuevamente con el apoyo del Parlamento, la imposición de sanciones, entre las cuales figura la eliminación del derecho de voto al Estado polaco. Ciertamente, parece complicado llegar a la última fase de sanciones, en la medida que algún gobierno como el húngaro pudiera bloquear esa decisión pero, en todo caso, el proceso está en marcha, y la obtención de sendas mayorías en el Parlamento y el Consejo en contra del gobierno polaco supone en sí mismo un fuerte varapalo moral y político para el derechismo polaco.
La Unión no podía demorar un día más la puesta en marcha de toda la maquinaria institucional contra el comportamiento autoritario del ejecutivo de Varsovia, no sólo para proteger a sus ciudadanos, sino también para garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico europeo en este país. Los socialistas apoyaremos sin denuedo este esfuerzo de la Comisión, personificado en el vicepresidente socialista Timmermans. La Unión se juega su credibilidad como garante del imperio de Ley, ahora que afrontamos otras amenazas similares en otros territorios europeos, y ante la senda iliberal y el creciente peso de las democracias plebiscitarias o autoritarias allende Europa. Seguiremos informando.