Para empeorar aún más la situación, el Ejecutivo ha enviado una nueva ley al Parlamento para revisar el sistema de nombramiento de los 90 miembros del Tribunal Supremo. De nuevo, sería el Gobierno y además, en este caso, la mayoría parlamentaria que lo sostiene, quienes decidirían la configuración del órgano judicial. Y no parece que tendrán dificultades elevadas para lograr su aprobación.
Así pues, si se une la revisión del Constitucional, del órgano de gobierno de los jueces, los nuevos poderes del ministro a la hora de remover a cualquier juez, y la toma del Tribunal Supremo, podemos afirmar, sin hipérbole alguna, que estamos ante un auto-golpe de Estado, que deja el Poder Judicial sin independencia alguna en manos directas del Ejecutivo.
Hasta ahora la respuesta a estas decisiones han estado protagonizadas por el Comité en Defensa de la Democracia, un movimiento civil que prendió en 2015 cuando el Ejecutivo del partido de Jaroslaw Kaczynski inició la campaña contra el Constitucional. Los partidos de la oposición se han unido ante tales reformas legislativas y los grandes grupos políticos del Parlamento Europeo. En todo caso, aún estamos pendiente de una respuesta contundente de la Comisión Europea -que tiene a disposición el artículo 7 del Tratado de la UE para perseguir la vulneración de derechos fundamentales-, de los gobiernos de los Estados miembros, entre ellos el español, y del presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk.
Europa se define en estos momentos críticos. No podemos tolerar un auto-golpe de Estado en la Unión. Levantemos la voz, exijamos una respuesta contundente y ayudemos a nuestros hermanos polacos ante esta agresión de su propio Gobierno. Nos jugamos la democracia de todos.