Controlando al Banco Central Europeo

Artículo publicado en mi sección quincenal “Tarjeta Azul” de La Nueva España el 7 de septiembre de 2017

El Parlamento Europeo, además de realizar el trabajo legislativo, presta especial atención a su misión como institución de control del poder ejecutivo y de los organismos independientes. En el marco de esa labor, se realiza un informe anual sobre la actividad del Banco Central Europeo donde, la cámara de representación de la ciudadanía examina las medidas de política monetaria, la gobernanza de la institución y propone nuevas líneas de actuación. En el análisis de este año, el comité de asuntos económicos y monetarios del Parlamento ha tenido a bien nombrarme ponente de ese informe, es decir, ser el responsable de elaborar un documento inicial, tratar de incorporar las enmiendas del resto de colegas y conducir la negociación hasta la aprobación de un texto final que será la opinión de todo el parlamento.

El pasado lunes tuve la oportunidad de presentar mi informe ante el comité con un mensaje claro: no es el momento de revertir la orientación expansiva de la política monetaria. En estos momentos, algunos países y las familias políticas más conservadoras están siendo extremadamente críticas con la expansiva política monetaria y han abierto un debate sobre su reversión que debemos cerrar cuanto antes.

En primer lugar, el BCE, aún con todas las medidas asumidas en los últimos años, sigue sin cumplir el objetivo marcado en sus estatutos: situar la inflación cerca pero por debajo del 2 por ciento. El pasado año, la inflación cerró con una tasa promedio de tan sólo el 0,2 por ciento, sumando así ya cuatro año sin alcanzar el objetivo. Además las previsiones para este año se sitúan en e1 1,5 por ciento, 1,3 por ciento para 2018 y 1,6 por ciento para 2019. Así pues, la zona euro podría sumar siete años con inflaciones muy alejadas del objetivo. Es cierto que el BCE ha evitado que la zona euro se adentrase en una fase deflacionaria, esfuerzo que valoramos positivamente, pero aún estamos lejos de alcanzar el objetivo.

En segundo lugar, es cierto que la economía ha entrado en una fase de expansión, gracias especialmente a la propia política monetaria y a la evolución de los precios energéticos. Si bien, la retirada apresurada de esos estímulos podría paralizar la expansión, habida cuenta por otra parte de la orientación neutra de la política fiscal.

En todo caso, aun cuando el PIB de la zona euro crece ya a tasas positivas, la economía no está desplegando todo su potencial de crecimiento y todavía le queda espacio para crecer sin empezar a sufrir cuellos de botella que presionen al alza sobre los precios. Según el FMI, al menos hasta 2020, las previsiones de crecimiento no agotarían esa capacidad de expansión sin tensiones inflacionistas. Así pues, no hay motivo alguno para revertir las políticas de expansión. Es más, la reducción de los tipos no está alcanzando a todos por igual y, por ello, no debería renunciarse a nuevas medidas, algunas de las cuales se presentan en el informe.

El informe evalúa el programa de compra de activos y la inclusión de los bonos corporativos en su radar, así como las líneas de financiación finalistas orientadas a animar la oferta de crédito nuevo. Este documento inicial exige una mayor transparencia en los criterios de selección de las compañías que pueden colocar sus bonos en el BCE, para evitar distorsiones anticompetitivas entre las grandes y las pequeñas empresas. También se pide homogeneizar los criterios de utilización de las líneas de liquidez del BCE a la vista, por ejemplo, del caso del Banco Popular, donde el Banco de España decidió paralizar esa financiación, aun cuando la entidad disponía de créditos susceptibles de ser usados como garantías. En el mismo sentido, el informe apuesta por permitir la participación de la deuda griega en todas las operaciones del BCE, a la espera de una renegociación que se está haciendo esperar.

Asimismo, se pide al BCE que se mantenga alerta sobre los efectos distributivos de la política monetaria y estudié los efectos del estancamiento de los salarios sobre las dificultades para cumplir el objetivo de inflación, porque es necesaria también una actualización de los mismos.

Por último, y en el marco de la revisión de la zona euro, el informe propone que los beneficios del BCE, que rondan el millardo anual, se destinen al presupuesto de la Unión para mejorar las políticas de inversión y de cohesión. Es una batalla en la que llevo largo tiempo y confío en que salga adelante.

En fin, ahora le toca el turno a mis colegas. Ellos prepararán enmiendas en múltiples direcciones y tendremos que llegar a un acuerdo que sume una mayoría suficiente para la aprobación del informe, encaminado a mejorar ese control democrático sobre el BCE en beneficio de la ciudadanía.

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