En segundo lugar, es cierto que la economía ha entrado en una fase de expansión, gracias especialmente a la propia política monetaria y a la evolución de los precios energéticos. Si bien, la retirada apresurada de esos estímulos podría paralizar la expansión, habida cuenta por otra parte de la orientación neutra de la política fiscal.
En todo caso, aun cuando el PIB de la zona euro crece ya a tasas positivas, la economía no está desplegando todo su potencial de crecimiento y todavía le queda espacio para crecer sin empezar a sufrir cuellos de botella que presionen al alza sobre los precios. Según el FMI, al menos hasta 2020, las previsiones de crecimiento no agotarían esa capacidad de expansión sin tensiones inflacionistas. Así pues, no hay motivo alguno para revertir las políticas de expansión. Es más, la reducción de los tipos no está alcanzando a todos por igual y, por ello, no debería renunciarse a nuevas medidas, algunas de las cuales se presentan en el informe.
El informe evalúa el programa de compra de activos y la inclusión de los bonos corporativos en su radar, así como las líneas de financiación finalistas orientadas a animar la oferta de crédito nuevo. Este documento inicial exige una mayor transparencia en los criterios de selección de las compañías que pueden colocar sus bonos en el BCE, para evitar distorsiones anticompetitivas entre las grandes y las pequeñas empresas. También se pide homogeneizar los criterios de utilización de las líneas de liquidez del BCE a la vista, por ejemplo, del caso del Banco Popular, donde el Banco de España decidió paralizar esa financiación, aun cuando la entidad disponía de créditos susceptibles de ser usados como garantías. En el mismo sentido, el informe apuesta por permitir la participación de la deuda griega en todas las operaciones del BCE, a la espera de una renegociación que se está haciendo esperar.
Asimismo, se pide al BCE que se mantenga alerta sobre los efectos distributivos de la política monetaria y estudié los efectos del estancamiento de los salarios sobre las dificultades para cumplir el objetivo de inflación, porque es necesaria también una actualización de los mismos.
Por último, y en el marco de la revisión de la zona euro, el informe propone que los beneficios del BCE, que rondan el millardo anual, se destinen al presupuesto de la Unión para mejorar las políticas de inversión y de cohesión. Es una batalla en la que llevo largo tiempo y confío en que salga adelante.
En fin, ahora le toca el turno a mis colegas. Ellos prepararán enmiendas en múltiples direcciones y tendremos que llegar a un acuerdo que sume una mayoría suficiente para la aprobación del informe, encaminado a mejorar ese control democrático sobre el BCE en beneficio de la ciudadanía.