Las entidades bancarias italianas deberán crear sus propios bancos malos, que serán special purpose vehicles, adonde transferirán sus créditos fallidos. El volumen global de créditos que no son honrados en tiempo y forma suman 350.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, más del 20% del PIB italiano. Esa transferencia se realizará, en principio, a valor contable, de modo que los bancos no tendrán que asumir pérdida alguna. Este asunto es central porque al no haber pérdidas, no habrá que activar la directiva que obliga a que sean los bonistas y accionistas quienes las asuman. De este modo, en Italia no habrá, como en España, miles de preferentistas a los que el saneamiento bancario les vaya a dejar sin sus ahorros.
En todo caso, esos bancos malos, en cuyo activo estará el montante de los créditos fallidos de sus entidades de referencia, emitirán títulos cuyos intereses estarán determinados por la capacidad de recuperación de los créditos subyacentes. Ahora bien, ¿qué inversor compraría títulos de una institución, el banco malo, cuyos créditos subyacentes son créditos fallidos valorados a valor contable, es decir, sin reflejo alguno del riesgo que asumen?
Esta pregunta tiene fácil respuesta si no contamos con que esos cobros los garantizará el Gobierno italiano a través de un sistema de seguros (CDS). De este modo, el banco no asume las pérdidas y habrá que ver en qué medida el presupuesto italiano hace frente a ellas mediante los seguros. En principio, el acuerdo con la Comisión Europea establece que esos seguros se contratarán con los bancos malos a precio de mercado, pero para eso no haría falta intervención pública de ningún tipo.
Ahora bien, el éxito de la operación, es decir, la capacidad de los bancos para volver a ofrecer crédito a la economía real, pasa por que esos seguros no se contraten, ciertamente, a precios de mercado porque en esa situación, como digo, ni haría falta intervención pública ni serviría de nada toda esta operación.
Por lo tanto, el Gobierno italiano ha logrado obtener de la Comisión el compromiso de que esos seguros no serán considerados ayudas de Estado y ahora queda por conocer el detalle completo del modelo que determinará el éxito del saneamiento. En todo caso, Italia ha logrado un acuerdo sustancialmente menos oneroso que el aprobado por el Gobierno de Rajoy, en una negociación marcada por la discreción y la profesionalidad, muy alejada de la gestión de Luis de Guindos a golpe de titular de periódico.
Pues bien, este acuerdo se enfrenta al saneamiento español que exigió de una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, disparando así la deuda pública, la nacionalización de un buen número de entidades bancarias, cuyo resultado final en términos de déficit desconocemos aún, y pérdidas millonarias para ciudadanos de a pie que contrataron productos financieros sin la información suficiente sobre los riesgos que asumían.
Un rescate, el español, que exigió condicionalidad macroeconómica, más allá de requerimientos sobre el sector financiero, que llegó además después de un periodo en el que el Gobierno de Rajoy disparó todas las alarmas internacionales sobre nuestra banca, mezclando el crédito normal con el dudoso, y jugando con las direcciones de las entidades bancarias sin responsabilidad alguna. Pero un semestre, también, en el que se retocó sin rubor los saldos del déficit público del año previo, donde los desfases fueron extraordinarios en las comunidades autónomas del Partido Popular, especialmente en Valencia, y donde se practicó el populismo fiscal, esperando a las elecciones andaluzas para presentar los Presupuestos.
En fin, el acuerdo italiano ha sacado los colores a la gestión financiera y económica del Partido Popular, gestión que dejará al próximo Ejecutivo un gran problema ante el desfase en el cumplimiento del objetivo de déficit público, que cerrará 2015 cercano al 5% del PIB y una deuda por encima del 100%.