25 Jun 11 votos

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado finalmente los textos legales para la revisión de la directiva de derechos de emisión y el nuevo reglamento para la puesta en funcionamiento del mecanismo de ajuste en frontera del CO2 importado, más conocido como “arancel ambiental”. Ambas propuestas han sufrido una notable revisión tras los primeros informes elaborados por el comité de Medio Ambiente. Estos textos ofrecían pocos visos para avanzar en una transición, en la medida que podrían suponer la liquidación de buena parte de nuestro sector industrial con apenas margen de maniobra operativa para su transformación y adaptación a los objetivos climáticos de la UE. Es decir, la necesaria reducción de las emisiones de CO2 en un 55 por ciento en 2030 y la neutralidad climática veinte después. Como explicaba en mi último artículo en este diario, el proceso no ha sido sencillo, pero se ha cerrado con un acuerdo equilibrado que facilita las ingentes inversiones necesarias en esta década para actualizar nuestro motor industrial.

En todo caso, la negociación continúa. Del mismo modo que llegaron al Parlamento Europeo, las propuestas de la Comisión fueron remitidas al Consejo de la UE, institución en la que se sientan los ministros de los Estados miembros, todos ellos con un voto cuyo peso depende de la población de sus países. Así pues, los ministros siguen negociando esos mismos textos presentados por la Comisión Europea. De las conversaciones internas en el Consejo saldrán propuestas legislativas alternativas que deberán enfrentarse a las que acaba de aprobar el propio Parlamento. Ese proceso de negociación se denomina “trílogo” porque en la mesa se sienta también la Comisión. El rol del Ejecutivo comunitario en estas discusiones no es de legislador -función restringida a Parlamento y Consejo de la UE- sino de apoyo técnico o como facilitador de los acuerdos entre los co-legisladores. Y en ese proceso no hay espacio para vetos y bloqueos porque las decisiones se toman por mayoría y no por unanimidad. Así pues, a la vuelta del verano arranca el último periodo de negociación para tener todos estos textos legales antes de final de año. El proceso que acabo de describir sucintamente es la base del trabajo legislativo en la Unión Europea, tan desconocido como apasionante.

Resulta asimismo interesante detenerse en la naturaleza de los textos legales aprobados esta semana en el pleno. Por un lado, la revisión del mercado de derechos de emisión se sustancia en una directiva, que luego los Estados miembros deben ajustar en sus jurisdicciones con regulación propia, lo que conlleva un debate en los parlamentos nacionales y, por ende, un mayor grado de conocimiento público. Por otro, la creación del “arancel ambiental” y el Fondo Social para el Clima se han viabilizado mediante sendos “reglamentos” cuya implementación es directa tras un acuerdo entre Parlamento y Consejo de la UE, sin posibilidad de revisión ni de adaptación alguna en los parlamentos de los Estados.

La Unión legisla, pues, mediante directivas y reglamentos y, si bien son más conocidas las primeras, el grueso de la regulación comunitaria se implementa ya mediante reglamentos. Esta vía es más eficiente y coherente y, por ello, se usa de manera amplia en las instituciones europeas. Sin embargo, la ausencia de espacio de adaptación nacional y, en consecuencia, de debate en los parlamentos de los Estados hace a los “reglamentos” una figura legal muy poco conocida. A esto se suma que, con frecuencia, se confunden los “reglamentos” europeos con los “reglamentos” de nuestra regulación nacional, que desarrollan leyes previamente adoptadas y, por lo tanto, nada tienen que ver con los europeos, que son directamente leyes.

En fin, los textos legales aprobados esta semana son, sin duda, fundamentales para Asturias. Esta trascendencia ha motivado una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación de nuestra comunidad autónoma, lo que ha contribuido notablemente a una segunda utilidad de este proceso: transparentar ante la opinión pública asturiana el modelo de funcionamiento de la democracia europea y la relevancia de tener en la Eurocámara a diputados centrados en la defensa de sus territorios y conocedores, por ciento, del propio funcionamiento el Parlamento para hacer valer nuestros intereses. Apenas 11 votos -de los más de 700 diputados-  permitieron revertir el asunto más lesivo para Asturias, proveniente de la propuesta del comité de Medio Ambiente. Pese a las múltiples amenazas que la rodean, empezando por la invasión de Ucrania por parte de Putin, la democracia europea brilla en estos días. Adelante.