Apostemos por la unión fiscal europea

12 febrero 2021
El País 

El pasado día 5, un grupo de colegas, compañeros y amigos publicaban el artículo Anular la deuda pública en manos del BCE en este diario apostando por la condonación de la deuda pública de los Estados de la zona euro en manos del BCE. Esa quita estaría condicionada a destinar los recursos “amnistiados” a la inversión pública para la “reconstrucción ecológica y social” de los distintos países de la eurozona. Esta propuesta da continuidad a las declaraciones a título individual del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en una entrevista en La Repubblica. Así las cosas, cabe preguntarse sobre la idoneidad de introducir tal propuesta en este momento en la agenda programática de la izquierda europea, y mi respuesta es no.

En primer lugar, no deseo justificar mi rechazo sobre las lógicas estrictamente jurídicas. Como dicen los firmantes, “Europa no puede permitirse el lujo de verse sistemáticamente bloqueada por sus propias normas”, de modo que los tratados deben estar sujetos a posibles reinterpretaciones o revisiones. La próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa es una oportunidad clave para tal misión. En todo caso, no parece la vía más oportuna para justificar tal propuesta deslizar que el BCE de Mario Draghi ya ha actuado fuera de los actuales tratados, guiado exclusivamente por una voluntad política. Esa interpretación ya ha sido rechazada por el Tribunal de Justicia de la UE, con notable disgusto para los halcones, y sería bueno no insistir en ello.

En segundo lugar, tampoco quiero asentar mi razonamiento en argumentos excesivamente economicistas. Es cierto que vivimos momentos turbulentos donde las fronteras entre la política fiscal y monetaria se han permeado, y donde incluso la ausencia de tensiones inflacionistas podría alumbrar caminos inhóspitos previos. En todo caso, ni la “nueva economía” de los 90 acabó con los ciclos, ni las deudas externas pasaron a ser irrelevantes en el boom financiero de la primera década del siglo. Sería bueno, pues, empezar a aterrizar y ordenar el debate público, y no introducir más entropía, porque ya sabemos que esta vez tampoco será diferente.

En tercer lugar, no insistiré en los problemas de oportunidad política. La Decisión de Recursos Propios, condición necesaria para validar el presupuesto comunitario y el NextGeneration EU, sigue pendiente de la ratificación de los Parlamentos de los Estados miembros. Los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben presentarse próximamente ante la Comisión. Además, no debemos descartar la necesidad de una ampliación del programa de compra de deuda pública del BCE, y podríamos observar una resistencia creciente en sus órganos de gobierno si se comienza a descontar, no ya una quita de un 25% de la deuda pública de los Estados, como proponen los autores, sino mucho más. Todo ello aconsejaría una elevada prudencia.

Ahora bien, y con independencia de estas sombras, el principal problema de esta propuesta es que ahonda en un modelo de cooperación entre Estados alejado del método comunitario, con una indefinida legitimidad democrática. El acuerdo entre los Estados de la eurozona y el BCE para amortizar deuda pública a cambio de una mayor inversión nacional no ofrece un sistema convincente de control democrático. No creo que los autores del artículo defiendan la vuelta del BCE a una troika que supervise la condicionalidad del acuerdo. El Parlamento Europeo tampoco podrían revisar el grado de cumplimiento de los Estados. Sin duda, los Parlamentos nacionales podrían monitorizar el comportamiento de sus respectivos Ejecutivos, pero en ningún caso podrían realizarlo sobre terceros países. Esto obligaría a la firma de un nuevo tratado intergubernamental, donde los Gobiernos se dieran garantías recíprocas y multilaterales, difuminando la trazabilidad democrática de toda la operación. Ejemplos similares, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, los tenemos muy presentes.

Este sesgo de aproximación al debate, inclinado sobre lo que Europa puede hacer por los Estados y no sobre lo que podemos hacer todos juntos a través de la Unión impide atinar con la única respuesta europeísta para intensificar la política fiscal, si fuera necesario, que no es otra que el fortalecimiento del NextGenerationEU.

Desde la izquierda europea podemos, así, reclamar una mayor ambición inversora a la Comisión, con nuevas emisiones de deuda comunitaria, haciendo este instrumento permanente, para financiar programas europeos que impulsen la demanda sin agrietar con respuestas nacionales la consolidación del mercado único. Y debemos exigir, para ello, una extensión de la cesta de impuestos europeos acordada por las instituciones en los últimos meses. En la izquierda europea debemos insistir en la aprobación de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades, además de la armonización de su base, apostar por la fijación de un impuesto europeo sobre las sucesiones o defender la europeización de los beneficios del BCE, más allá de europeizar también la tributación de la economía digital, además de dotar a la Unión de poderes ejecutivos para el combate del fraude fiscal y el lavado de dinero. Todo lo cual no requiere cambiar los Tratados. Esta agenda es la auténticamente transformadora.

A su vez, deberíamos abordar el debate sobre las futuras reglas fiscales también con una perspectiva comunitaria. Con el NextGenerationEU, las políticas fiscales anticíclicas disponen ya de dos herramientas para su implementación, los presupuestos nacionales y el europeo. Ampliemos, pues, ese debate en búsqueda de un equilibrio entre el margen de flexibilidad de las políticas fiscales nacionales y el mantenimiento estructural del NextGenerationEU. Y acordemos, también, nuestra posición en cooperación con nuestros compañeros de partido más septentrionales, y no enfrentados a ellos, analizando su reflexión sobre el marco regulatorio de la deuda pública en los balances bancarios, unido a su vez a la emersión de un activo libre de riesgo europeo, la deuda comunitaria. Por cierto, resulta difícil compartir la visión de Keynes sobre del Tratado de Versalles y presentar el Acuerdo de Londres como la respuesta magnánima y unilateral de los acreedores de Alemania.

Este camino conduce, de manera natural, a la revisión del sistema de toma de decisiones de los asuntos tributarios. En estos momentos, los contribuyentes europeos no son los ciudadanos, sino los Estados, cuyas contribuciones representan nueve de cada diez euros. Eso justifica la tramitación del presupuesto europeo en dos procesos paralelos. Por una parte, las partidas de gasto exigen la aprobación del Parlamento, en representación de los perceptores de los recursos comunitarios, los ciudadanos. Por otra, las partidas de ingresos se deciden en exclusiva por el Consejo, en representación de los contribuyentes reales, los Estados. Sin embargo, el fortalecimiento de una cesta de recursos propios supone cambiar la naturaleza del contribuyente comunitario, amplificando la relevancia de las personas físicas y jurídicas. Esa vía conduce de manera inexorable a que el representante de esos nuevos contribuyentes, el Parlamento, asuma competencias tributarias y, por ende, el Consejo deje de trabajar por unanimidad. La letanía del fin de la unanimidad sin un argumento constitucional, de trazabilidad democrática, no conduce a ningún sitio. Y, por cierto, pendiente estamos también de una posición de la izquierda europea sobre la revisión del marco estratégico del BCE, que necesita de una redefinición de su mandato.

Volvamos a poner el destino en nuestras manos, en las manos europeas. Si finalmente hay alguna quita no será en un escenario muy positivo. Busquemos el espacio fiscal necesario en la Unión, y construyamos el edificio comunitario desde sólidas bases democráticas.