Asturias orientada a Europa. Una hoja de ruta para nuestra región

06 junio 2020
El Comercio 

La Comisión Europea presentaba el pasado miércoles un programa comprensivo para conducir a la Unión en los próximos años, y especialmente en el inmediato presente para dar respuesta a la crisis provocada por el coronavirus. Y lo ha hecho con una propuesta valiente, pero también serena que podría suponer un cambio histórico en el proyecto europeísta.

Estados Unidos tardó casi un siglo en conformar una “unión fiscal”, es decir, en sufragar conjuntamente proyectos comunes financiado con impuestos federales. Tras la guerra civil que asoló el país, Hamilton logró el consenso político suficiente para mancomunar la deuda emitida por los distintos Estados durante esos años. A partir de entonces el presupuesto federal comenzó a adquirir una relevancia creciente, y la deuda común y los impuestos compartidos para sostenerla han pasado a ser parte de la normalidad en el marco de una unión monetaria previa en torno al dólar. Europa va hacerlo tras dos décadas de la entrada en circulación del euro.

Ciertamente, no estamos ante un salto similar. No se mancomunan ahora las deudas pasadas, ni el Fondo de Reconstrucción se ha planteado como algo permanente. Pero la emisión de 750.000 millones de euros a devolver con futuros recursos propios, que hoy aún no existen por la negativa de algunos Estados a aceptar propuestas recientes sobre impuestos a las tecnológicas o la consolidación del impuesto sociedades, generarán por sí solos una dinámica sin vuelta atrás. Es más, esa emisión obligará exactamente a esos Estados a aceptar la creación impuestos comunes para evitar cargar sobre las espaldas de sus presupuestos nacionales la amortización de esa deuda. Así pues, en primer lugar, y pendiente de la negociación en el Consejo, en la medida que el Parlamento ya ha dado su consentimiento en el debate de presentación de este programa, estamos ante un momento histórico.

Sin embargo, los que más están sufriendo esta crisis probablemente no estén tan interesados en estas disquisiciones constitucionales, sino más bien pendientes del efecto práctico y directo de estas medidas. Hay que ser honesto y reconocer que vienen tiempos difíciles. Pero también hay indicios para considerar que la recesión podría ser corta y, sobre todo, no debería dejar cicatrices a medio plazo difíciles de cerrar. Y hemos conseguido que, en esta ocasión, la Unión adopte una aproximación bien distinta a la experimentada en la crisis pasada hace ya una década. Importa y mucho a quién se vota en cada elección, también en las europeas.

El montante global del fondo de recuperación situado ahora en 750.000 vendrá a complementar el presupuesto ordinario de la UE para el periodo 2021-27. La mayor parte de esa nueva financiación se transferirá a través de subvenciones, engordando los programas europeos de gasto. Y otra parte, estará al servicio de los Estados para ayudarles a financiar reformas, que no son lo mismo que “recortes”. Las reformas pueden tener distintos prismas ideológicos. No es mismo una reforma laboral para abaratar el despido, que una reforma del sistema sanitario o el impulso a la digitalización de las zonas rurales. La Unión enmarcará el debate general de las reformas con una mayor participación del Parlamento que exige incluir consideraciones sociales, laborales y medioambientales en ese menú de reformas, y serán los gobiernos nacionales, dependiendo de su color político, quienes apuesten por unas u otras. De nuevo, recuerdo la relevancia de las elecciones europeas que configuran esa orientación política global de la Unión.

Para Asturias, y con independencia del impacto de los programas tradicionales de la UE, la Comisión ha propuesto elevar sustancialmente la aportación al Fondo de Transición de Justa, desde los 7.500 millones de euros del pasado enero, en su primera propuesta, a los 40.000 actuales. Manteniendo los criterios de reparto, supondría que España recibiera no menos de 1.800 millones, de los que Asturias, por su perfil económico, sería la primera beneficiada.

Recordemos que este dinero se canalizará en forma de ayudas, y que tanto el sector público como el privado podrían beneficiarse. A su vez, la Comisión propone también una línea adicional de créditos blandos para las administraciones públicas de las regiones en transición por 10.000 millones más y abre una vía preferencial para el sector privado que podría solicitar créditos al antiguo plan Juncker, hoy InvestEU, por un total de 100.000 millones de euros. Estos números, complementarios a los 50.000 millones nuevos para las políticas de cohesión, los 15.000 millones adicional para el Fondo de Desarrollo Rural, o el apoyo a la expansión de internet en toda la región suponen un marco general excepcional ante los retos estructurales de la región y los problemas de corto plazo derivados de la pandemia.

Por ello, es fundamental dar desarrollo a la propuesta del presidente de Asturias, Adrián Barbón, para impulsar unos Pactos de Fruela. Los desafíos de nuestra comunidad son amplios y complejos, pero podemos contar con un apoyo financiero excepcional en Europa, que podría conformar una base para ese debate público que debemos impulsar en los próximos meses. Todos los grupos políticos, los ayuntamientos, sindicatos y empresarios, junto al conjunto de la ciudadanía están llamados a esa reflexión.

No tenemos mucho tiempo, pero si muchas ganas para embarcarnos en la transformación final de Asturias. Adelante.