«Asturias podría captar el 40% del fondo verde para España»

02 agosto 2020
El Comercio 

Desde su escaño de europarlamentario Jonás Fernández (Oviedo, 1979) ha sido testigo del «acuerdo histórico» alcanzado por el Consejo Europeo. Un pacto que supone «un paso trascendente en el diseño de la Unión» y que, sin embargo, ha provocado algunos daños colaterales, como la reducción de las partidas presupuestarias para políticas comunitarias. El recorte de los fondos de transición justa para que regiones como Asturias afronten el proceso de descarbonización está entre esas «sombras del acuerdo» que «el Parlamento está deseoso de revisar», asegura el eurodiputado socialista.

–¿Hasta dónde podrían aumentar esas partidas?
–No me atrevería a dar ninguna cifra. El Parlamento se ha pronunciado: no va a aprobar el acuerdo de presupuestos según está acordado. Valoramos la emisión de deuda, pero creemos que no se pueden minorar los programas comunitarios. No podemos hablar de retos de transformación de la economía europea si tenemos menos dinero específicamente dedicado para las regiones en transición. Ahora se abre un periodo
de negociación con el Consejo Europeo para revisar el acuerdo de políticas comunitarias y esperamos reforzar algunas partidas concretas, como el fondo de transición, y también otras como Erasmus y el programa Horizonte 2020.

–¿En qué medida afecta a la región el recorte de fondos?
–En términos netos no tiene por qué haber menos dinero a disposición de Asturias. La cuestión es que el Consejo ha pasado dinero del fondo de transición al nuevo instrumento para la recuperación, que proveerá financiación a los planes de los gobiernos, que deberán orientarse a los objetivos de digitalización y de transformación ecológica.

–¿A qué cantidad podría acceder Asturias en el reparto?
–Si replicamos más o menos los criterios europeos en nuestro país o bien usamos los que se han utilizado para el reparto de los fondos mineros en el pasado, supondría que Asturias podría alcanzar un 40% del dinero nacional, de tal manera que estaríamos hablando de unos 400-500 millones del propio fondo de transición, algo más de 200 millones en la línea para financiar proyectos de las administraciones públicas y
unos 800 millones para financiar proyectos empresariales para regiones en transición, que son las tres patas del mecanismo de transición. No es una cifra cerrada, pero sí una orientación sobre la que podemos trabajar.

–¿Está siendo justa la transición con Asturias?
–Es una pregunta de difícil respuesta. Hay una vocación de que sí sea justa. Regiones como Asturias, que tienen una especialización productiva en sectores que contribuyen al calentamiento global, afrontan un reto más desafiante que otras. En ese proceso Europa necesita acompañar a aquellos que como los asturianos enfrentamos un proceso más complejo.

–La carrera, por así decirlo, ya ha comenzado.
–Para acceder al conjunto del mecanismo Asturias tiene que diseñar un plan de transición. Es importante aprovechar los próximos meses para elaborar un buen plan, que cuente con el respaldo de la Comisión Europea lo más rápido posible y empezar a presentar proyectos y recibir financiación la próxima primavera.

–La demora en la aprobación del arancel ambiental juega en contra de la industria asturiana…
–El propósito y el compromiso formal es que el ajuste en frontera esté funcionando el 1 de enero del 2023. De momento ya se ha abierto el periodo de consulta previa, que finaliza en octubre.

–¿Será uno de los recursos propios con los que la UE prevé amortizar la deuda?
–El Consejo ha aceptado formalmente que el ajuste en frontera del CO2 sea un nuevo recurso propio de la UE, que permita cumplir ese objetivo medioambiental y obtener financiación para amortizar
la deuda. En esa cesta, ya comprometida, de recursos propios que está en la mesa de negociación están también el impuesto sobre las compañías globales de telecomunicaciones y las plataformas digitales, el impuesto al plástico y los ingresos derivados de la reforma del mercado de derechos de emisión.

–Las electrointensivas asturianas, ¿juegan en desventaja en Europa?
–No hay ningún tipo de discriminación a España o a Asturias desde Europa. En cada país hay un mecanismo para reducir el coste de la energía de este tipo de empresas. El reparto de los derechos de interrumpibilidad fue puesto en cuestión por la Comisión porque se consideró que eran ayudas de Estado y eso se reformó. Muchas veces se acusa a la normativa europea y se legisla sin saber o sin querer atender al marco europeo.

–Otra política importante para Asturias es la PAC. ¿Cómo ha salido del acuerdo?
–El grueso de políticas comunitarias han visto reducir o crecer menos sus perspectivas de financiación, pero de ahí se ha salvado la PAC y la política de cohesión. En fondos de cohesión, en el próximo periodo presupuestario España va a disponer de unos 12.000 o 13.000 millones de euros más, y la PAC, que en principio iba a ser la perjudicada por la salida de Reino Unido, finalmente se ha mantenido de un modo similar al actual marco presupuestario. Nos hubiera gustado que creciera, pero hace un mes estábamos hablando de recortes de en torno al 20%. Asturias cuenta con las políticas ordinarias de apoyo y también con
instrumentos adicionales para colaborar en la transformación ambiental del sector primario. La región cuenta además con un activo: nuestra propia producción ganadera y agrícola es más sostenible ecológicamente y ese tipo de producción va a tener un apoyo adicional.