Balance positivo de la presidencia portuguesa del Consejo de la UE

El pasado 30 de junio concluía el semestre de la presidencia portuguesa del Consejo de la UE. Esta institución comunitaria reúne a los ministros de los 27 Estados miembros según la materia a discusión y comparte las competencias legislativas con el Parlamento Europeo. En este sentido, este órgano es similar al Senado alemán, donde no hay senadores permanentes, sino que está conformado por los ministros de los landers. Pero, además, el Consejo de la UE tiene ciertas competencias ejecutivas en la implementación de las políticas comunitarias. Al igual que en España, por ejemplo, en el marco de la gestión de la pandemia hemos asistido a las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, muy pendientes de las decisiones acordadas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, a nivel europeo, esa institución que reúne a los poderes ejecutivos comunitario y nacional es el Consejo de la UE. De este modo, el Consejo de la UE vendría a tener dos papeles: co-lesgislador con el Parlamento, y co-ejecutivo con la Comisión. Y esa mezcla de funciones suele producir algunos problemas de vez en cuando.

En todo caso, el Gobierno portugués cerró su presidencia con notables éxitos. La implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ha venido realizando razonablemente bien por los distintos Estados. Aunque la aprobación final de los primeros planes llegará la próxima semana en la reunión del Consejo de la UE de los ministros de Economía (ECOFIN), la recomendación inicial de la Comisión a favor de la aprobación de distintos planes nacionales llegó durante el mandato luso.

Por otra parte, en el ámbito legislativo, la presidencia portuguesa ha ayudado y mucho a reconducir algunas negociaciones con el Parlamento largamente retrasadas. Me refiero especialmente a la directiva sobre transparencia de la información no financiera de las grandes empresas. Los Gobiernos de algunos Estados miembros habían venido bloqueando cualquier avance, pero los portugueses han logrado actualizar la posición oficial del Consejo y llegar a un acuerdo con nosotros los eurodiputados. Esa nueva regulación obligará a revelar no sólo la información contable y financiera, sino también sus pagos de impuestos, trabajadores, cuestiones de género y otras muchas. Esa revelación de información debería disciplinar socialmente a estas compañías, algunas de las cuales hacen mucha publicidad sobre su responsabilidad social, pero después eluden impuestos o no respetan las regulaciones laborales. Esta directiva se complementará, por cierto, con una nueva actualización para reportar también información ambiental en marco de la transición ecológica. Además, ese acuerdo fue muy oportuno temporalmente, mientas avanzaban las negociaciones para la fijación de un impuesto mínimo del 15 por ciento a escala global, primero en el G7 y, después, en la OCDE. Como este dossier, que he seguido de cerca como miembro de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento y en el que mi colega Iban García del Blanco ha sido el ponente, ha habido muchos en otras áreas legislativas. Quizá el acuerdo interinstitucional provisional sobre la nueva Política Agrícola Común sea lo más relevante en esos otros ámbitos, pero hablaremos de ella en otro momento.

Por otro lado, la presidencia portuguesa organizó una cumbre en Oporto la pasada primavera sobre el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, acordado en Gotemburgo (Suecia) en 2017. La cumbre celebrada en la ciudad lusa el pasado mes de mayo dio continuidad a la declaración acordada por todas las instituciones comunitarias, recordando que no sólo la transición ecológica y digital son necesarias, sino que la perspectiva social, que impregna a la Unión desde su fundación, debe también ser protegida y reforzada. Además, durante los seis meses en los que el país vecino ha estado al frente del Consejo de la UE se ha iniciado finalmente la Conferencia sobre el Futuro de Europa, sobre la que escribía hace quince días, y que ocupará una gran parte de nuestro trabajo en los próximos meses.

Por lo tanto, gran presidencia portuguesa, que se suma a la alemana de la segunda mitad de 2020. Doce meses de intensos avances en la Unión.

Por contra, este nuevo semestre queda en manos del Gobierno esloveno, que se encuentra en la órbita del húngaro reaccionario Victor Orbán. Su primer ministro, Janez Janša, compareció este martes ante el pleno del Parlamento Europeo, donde adoptó una posición más bien plana para evitar confrontaciones. Habrá que estar muy atentos a su actividad al frente del Consejo de la UE. Veremos.

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