El Parlamento Europeo se opone a eliminar los derechos de CO2 gratuitos de la siderurgia

Gijón, N. A. E.

El Parlamento Europeo votó ayer las enmiendas al ajuste en frontera que se diseña desde Bruselas para proteger a sectores susceptibles de deslocalizaciones por los efectos de las políticas medioambientales comunitarias, como es el acero o el cemento y, entre ellas, se opuso a eliminar los derechos de asignación de CO2 gratuitos que incluía el documento inicial. La patronal siderúrgica Eurofer había denunciado que esa supresión supondría «una sentencia de muerte» para el sector. Plantas como las asturianas de Arcelor, dependientes de hornos altos y más contaminantes, serían de las más afectadas, ya que sin derechos gratuitos solo les quedaría comprarlos en el mercado y su coste se ha disparado en los últimos meses. Esto implicaría una merma enorme en su competitividad e, incluso, su producción podría quedar fuera de mercado frente, por ejemplo, a las acerías eléctricas.

También se debate estos días el diseño del ajuste, si finalmente se establece una tasa aduanera, un impuesto o se obliga a las empresas extranjeras a pagar el mismo importe al que ascienden los derechos de emisión.

Por otro lado, la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos, en lo que se conoce como trílogo -negociaciones a tres bandas-, dieron luz verde ayer al procedimiento legislativo para desarrollar el programa InvestEU para el período 2021-2027, el segundo pilar del mecanismo de Transición Justa que impulsa Bruselas, y que primará a regiones en transición como Asturias. Dotado con 26.200 millones de euros, se trata de un mecanismo que abre el camino a una mayor financiación para infraestructuras sostenibles, con 9.900 millones; investigación, innovación y digitalización (6.600 millones); pymes (6.900 millones) e inversión social y capacidades (2.800 millones).

«Establece una ventanilla única para que las empresas tengan acceso a dinero del fondo y habrá una vía especial para aquellas que vengan de regiones en transición como Asturias», explicó ayer a este periódico el eurodiputado socialista Jonás Fernández.

370.000 millones

Para que reciban ese tratamiento preferencial por proceder de regiones en transición, previamente, los territorios tienen que tener aprobado su plan de transición, un documento que en Asturias está en plena confección y que debe estar listo en primavera.

Esta financiación comunitaria se espera que movilice 370.000 millones de euros y contribuya al mismo tiempo a la recuperación y a una fuerte focalización de las inversiones en las prioridades políticas de la UE.

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