El presupuesto de la derecha europea – La Nueva España

Artículo publicado originalmente en La Nueva España el 24 de julio de 2025.

 

Imagine usted cualquier país democrático del mundo en el que, tras unas elecciones, el centro-derecha y la extrema-derecha obtienen un 26,1 y un 26,0 por ciento de los escaños, respectivamente. Tenga en cuenta, también, que en ese país imaginario la extrema-derecha no sólo es más conservadora que el centro-derecha, sino que también defiende reducir, cuando no eliminar, cualquier poder al ejecutivo nacional para «devolverlo» a las regiones que conforman esa jurisdicción. Con esos datos en mente, elucubre ahora una propuesta de un presupuesto nacional. Le ayudo. Uno esperaría un presupuesto público reducido, marcado por recortes en el gasto social, una política de impuestos apenas redistributiva, y una concentración del gasto en defensa y fronteras. Además, dado el peso de esa extrema-derecha «ultra-regionalista» se reduciría también el papel del poder central en la gestión política del presupuesto.

Pues bien, ¡bingo!, esa es la propuesta que la semana pasada adoptó la Comisión Europea para el nuevo Marco Financiero Plurianual y la Decisión de Recursos Propios para el periodo de 2028-34, cuya tramitación, por otra parte, no ha hecho más que empezar. Veamos los números.

En primer lugar, la Comisión presenta un ajuste en la capacidad de gasto e inversión de la Unión Europea de cerca del 40 por ciento. Lo explico. El Marco Financiero Plurianual vigente, para el periodo 2021-27, se aprobó con un gasto total del 1,13 por ciento del PIB comunitario. Ahora bien, el Next Generation EU aportó 750.000 millones de euros adicionales, lo que representa 0,8 puntos del PIB más. De este modo, en el periodo actual, 21-27, la Unión habría contado con una capacidad de financiación del 1,9 por ciento del PIB comunitario. En la actual propuesta para el periodo 2028-34, tras lo que ahora ya podemos valorar como un largo periodo de sobreactuación en el que la propia Comisión insistió en las enormes necesidades de financiación que tenía la Unión, el ejecutivo comunitario solicita un presupuesto del 1,15 por ciento del PIB. Poco más hay que decir.

Con todo, y a pesar del tajo que supone no dar continuidad al Next Generation EU, las noticias negativas se acumulan, aun aislando del análisis cuantitativo la extinción del programa de financiación europea puesto pie por la pandemia.

En segundo lugar, la Comisión fusiona distintos programas de gastos sociales y de desarrollo territorial en un nuevo capítulo único. En ese nuevo super-programa se aglutinan, entre otros, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa (que logramos la legislatura pasada para Asturias), el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, o el Fondo de política marítima y pesquera, entre otros. Pues bien, la Comisión propone recortar los recursos corrientes de este nuevo capítulo único un 11 por ciento, donde se integra también el grueso del gasto de la Política Agraria Común que se reduce un 20 por ciento. (Por cierto, quienes clamaban contra la PAC y contra «Bruselas» en la campaña para elegir el Consejo Agrario en Asturias en las últimas semanas deberían revisar su discurso).

Pero además del ajuste presupuestario en este nuevo super-programa de gasto en política social y territorial, la Comisión propone revisar profundamente su gobernanza. Frente a la actual regulación común europea de cada uno de esos programas y su gestión descentralizada a través de las comunidades autonómicas, la Comisión apuesta ahora por otorgar todo el poder a los Estados que deberían diseñar planes nacionales sujetos a unas suaves directrices comunes y bajo macro-condicionalidad fiscal.

La presidenta del Comité de las Regiones, la rumana Kata Tüttó, afirmó que de esos planes nacionales junto a los recortes de la política social y territorial presupuestados por la Comisión «surge un plan monstruoso para tragarse la política de cohesión y quebrarle la columna vertebral nacionalizándola y centralizándola». No encuentro mejores palabras para describir esta propuesta. Quizá recordar que la derecha extrema y euro-escéptica representa un 26 por ciento del Parlamento. Menos dinero para cohesión y más poder centralizado en los gobiernos nacionales a expensas de «Bruselas» y de las regiones.

Llegados hasta aquí hay que preguntarse qué políticas mejoran su financiación, porque no puede ser todo tan negro. En este sentido, la Comisión destaca la concentración de los fondos para favorecer el crecimiento de la economía europea en un nuevo Fondo de Competitividad, cuyos recursos aumentan un 167 por ciento. La música de la Comisión es mejorar la «eficiencia» de los fondos de cohesión para aumentar la competitividad.

Ahora bien, en ese nuevo Fondo de Competitividad, los recursos destinados a programas de defensa aumentan un 391 por ciento. Sin duda, Europa necesita aumentar la financiación de una defensa comunitaria. Sin embargo, el incremento que plantea la Comisión en el presupuesto de la UE más los compromisos de aumento del gasto en este ámbito de los Estados miembros supone un volumen de inversión fuera de toda racionalidad, cuando el problema europeo en seguridad se mejora con más cooperación. Además, programas civiles destinados a mejorar la movilidad y la integración física de mercados nacionales a través de infraestructuras, cuyos recursos también aumentan, tendrán como objetivo la «movilidad militar».

Adicionalmente, en otro gran capítulo, la Comisión aglutina también la gestión de la ayuda exterior de la Unión que aumenta sus recursos disponibles. Ahora bien, una lectura un poco aviesa de los textos publicados detecta la concentración de ese incremento en líneas de gasto que den continuidad a los acuerdos con países al otro lado del Mediterráneo para externalizar la gestión de las migraciones. Honestamente, es difícil seguir escribiendo sobre esta propuesta de la Comisión.

Por último, para financiar todos estos programas de gasto, además de las contribuciones de los Estados miembros, la Comisión propone aumentar los impuestos pigouvianos, dirigidos a alterar la conducta de los ciudadanos (impuestos al tabaco, plásticos, carbono, etc.) que, aunque necesarios en muchos casos, suponen un elemento regresivo en el sistema de ingresos que no se corrigen con impuestos progresivos.

En fin, volviendo al país imaginario con que inicié este artículo, y asumiendo que mi ejemplo no recoge totalmente las complejidades institucionales de la Unión, las mayorías políticas no sólo en el Parlamento, sino también en el Consejo y en la Comisión son las que son: más a la derecha y menos europeísta que nunca. Si esto es lo que quiere una mayoría de europeos, ahí lo tienen.

De este modo, la propuesta inicial de la Comisión recoge recortes, ajustes de la política social, aumento de la financiación a la defensa y al control de fronteras, e impuestos regresivos, junto a una des-europeización de las políticas de cohesión y las políticas agrarias.

Así están las cosas y así empieza la batalla presupuestaria. Feliz verano.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.