Hacia un marco común europeo de salarios mínimos

09 diciembre 2021
La nueva España 

En el pasado pleno de Estrasburgo, el Parlamento Europeo aprobó la nueva directiva para la creación de un marco comunitario de salarios mínimos. El pleno votó a favor del informe elaborado en el Comité de Empleo y Asuntos Sociales, y respaldó el inicio de las negociaciones con el Consejo de la UE, conformado por los ministros del ramo de los Estados miembros, que cerraron su propio texto esta misma semana. Empieza ahora, pues, la última fase de negociación entre Parlamento y Consejo para dar cumplimiento a una de las condiciones que fijó el grupo de Socialistas y Demócratas para la investidura de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, y cuyo desarrollo ha liderado el comisario socialista luxemburgués Nicholas Smith desde el Ejecutivo comunitario. En todo caso, el camino ya recorrido hasta ahora no ha sido sencillo, aunque parece que el horizonte se despeja.

En estos momentos existe una gran diversidad nacional en la regulación de los salarios mínimos. Por una parte, hay una minoría países donde no hay norma legal sobre la fijación de esa retribución mínima y su cuantía se deja exclusivamente en manos de los agentes sociales. Por otra parte, los más, existe un salario mínimo legal, aunque su proceso de fijación varia. En algunos casos, su cuantía se deja a un comité independiente, en otros, los Gobiernos siguen las recomendaciones de los agentes sociales y, finalmente, también hay países que indexan el salario mínimo a otros índices, como ha vuelto a ocurrir en España con las pensiones tras la reciente reforma.

Sin duda, el marco europeo de salarios mínimos no puede aspirar a fijar una misma cuantía en toda Europa habida cuenta de las diferencias de precios, por ejemplo, entre los Estados miembros. Sin embargo, resulta imprescindible dotarnos de un esquema general que ordene y clarifique el mercado laboral y que, además, incentive la mejora de las condiciones laborales.

En este sentido, la directiva adoptada por el Parlamento, respetando esa pluralidad jurídica de los Estados, permite que los salarios fijos se establezcan por ley, como en España, o sigan estableciéndose en la negociación colectiva. En todo caso, obliga a aquellos países con una cobertura de los convenios colectivos por debajo del 70 por ciento de los trabajadores a establecer planes de acción para ampliar el paraguas de los trabajadores protegidos. La directiva fuerza también a fijar criterios claros y estables a la hora de actualizar la cuantía de los salarios mínimos, así como a intensificar las inspecciones y los controles de las autoridades laborales. Asimismo, se promueve la participación de los agentes sociales, se establecen nuevas condicionales laborales sobre la contratación pública y se diseña un nuevo modelo de recopilación de datos a escala comunitaria. Es importante destacar que, si bien no se logró forzar la fijación de un salario mínimo en el 60 por ciento del salario mediano o 50 por ciento del salario medio, este punto se introdujo como recomendación en el texto final.

Como se puede observar, la directiva no interfiere en demasía en lo que los Estados ya hacen, simplemente le dan un marco formal comunitario. Con todo, el texto tiene dos grandes virtudes. Por un lado, abre la puerta a regulaciones ulteriores sobre la propia directiva o vía reglamento para avanzar en un marco jurídico comunitario, en un ámbito donde la Unión tiene aún pocas competencias. Y, por otro, el conjunto de la propuesta reivindica al papel central de la negociación colectiva. Huye así de aproximaciones neoliberales sobre la individualización del trabajo, que sufrimos especialmente tras la reforma del Partido Popular, y pone en valor la función central de los sindicatos, junto a las organizaciones empresariales, en la vigencia y futuro del modelo social europeo.

Por último, merece la pena destacar que la directiva contó con un amplio apoyo de la Eurocámara, del que se descolgaron los euroescépticos y una parte muy minoritaria del Partido Popular Europeo, entre ellos nuestros colegas del PP español. Deberían explicar ahora en casa una decisión que los sitúa en un extremo de la arena política europea y en la marginalidad más conservadora en su propio grupo. Seguimos a la espera.