11 Jun Nacionalizaciones en ciernes

En las últimas semanas hemos empezado a tener noticias de crisis empresariales en el conjunto de España, con distinto grado de afección. Desde el anuncio de cierre de Nissan en Cataluña o de Alcoa en Lugo, hasta las incertidumbres de nuestra Alu Ibérica, y de alguna otra compañía industrial con sede en Asturias. El bloqueo del mercado interior en Europa, con la suspensión temporal del espacio Schengen, y las propias medidas de confinamiento en cada Estado han conducido a una crisis auto-infligida, necesaria en todo caso para acabar con la pandemia. En algunos casos, esta recesión ha venido a sumarse a una larga lista de problemas que más pronto que tarde deberían encontrar solución.

Entre otras medidas europeas destinadas a evitar la destrucción del tejido económico en este tiempo de confinamiento y estrés, la Comisión suavizó la regulación aplicable a las ayudas de Estado, facilitando el respaldo público a las compañías en crisis. Sin embargo, esta opción está teniendo distinto recorrido en cada uno de los países.

Hasta finales de mayo, la Comisión reportaba 124 operaciones de ayuda de Estado autorizadas bajo el nuevo marco de control, por un montante global de casi 2 billones de euros. Y el 51 por ciento del total correspondía a operaciones en Alemania. Quizá la entrada en el capital de Lufthansa por parte del Gobierno germano, asumiendo un 20 por ciento de las acciones de la compañía por 9.000 millones de euros, ha sido la operación más relevante. Francia, a su vez, representaba el 17 por ciento, Italia el 15,5 por ciento y España aparecía de manera residual en la estadística.

Estas notables diferencias territoriales no reflejan tanto las inclinaciones “ideológicas” de sus gobiernos, a favor o no de potenciales nacionalizaciones, sino exclusivamente la capacidad fiscal de cada Estado para adentrarse en estas operaciones. De este modo, la suavización de la regulación de las ayudas de Estado estaba generando (y sigue haciéndolo) una discriminación muy acentuada entre las compañías, dependiendo exclusivamente de la residencia de su sede central, una “competencia desleal” en el seno del mercado único.

Para mitigar esos efectos, que en un extremo podrían llevar a relocalizaciones empresariales en el interior de la Unión, la Comisión ha lanzado, dentro de su paquete para la recuperación, el establecimiento de un Instrumento para el Respaldo a la Solvencia (“Solvency Support Instrument”, en inglés). En su propuesta, que pasa ahora a debate en Parlamento y Consejo, se crearía una nueva “ventanilla” en el programa del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (antiguo “plan Juncker”), que hasta ahora se ha limitado a ofrecer distintas modalidades de crédito a tipos preferenciales.

Bajo esta nueva vía, la Comisión pondría a disposición de los distintos agentes económicos que participan en las operaciones empresariales de entrada en capital (“equity funds”, “venture capital”, “business angels”, entes o bancos públicos, etc.) unos 31.000 millones de euros, que espera ayuden a movilizar 300.000 millones adicionales de otro tipo de inversores. De este modo, la participación de las instituciones europeas no sería directa, sino que vendrían a respaldar con financiación, avales o garantías la toma de posición de distintos agentes en compañías europeas, tanto públicas como privadas. En principio, los instrumentos no tienen un reparto territorial pre-asignado, aunque fija como prioritarias aquellas áreas de la Unión que más están sufriendo tanto por la pandemia, como por sus consecuencias económicas.

Pues bien, el trámite legislativo de este nuevo reglamento se hará muy rápidamente y el objetivo es tenerlo disponible a la vuelta del verano. Quizá en Asturias podríamos encontrar acomodo a algunas de nuestras urgencias empresariales en este nuevo marco de apoyo comunitario. Veamos.