No dejemos solo al BCE

10 agosto 2022
El País 

Los serios desafíos a los que la Unión Europea ha tenido que enfrentarse en los últimos años han obligado a actuar en los márgenes de los tratados o, más bien, a adoptar medidas que, sin estar recogidas en los mismos, tampoco estaban explícitamente prohibidas. La negociación del Brexit, la compra centralizada de vacunas, o la creación de un fondo europeo financiado con deuda común, el Next Generation EU, representan algunos ejemplos de esas respuestas innovadoras. Asimismo, la invasión rusa de Ucrania está suponiendo otro reto adicional donde, si bien no se han desbordado los límites de los tratados en la respuesta comunitaria, tanto en términos de defensa, como en sanciones, como en la revisión de la política energética sí estamos observando también una actuación federalizante. Todo ello ha estado bien y ha sido, por otra parte, estrictamente necesario para proteger a la ciudadanía europea. Ahora bien, en estos momentos, nos enfrentamos, además, a una espiral inflacionaria que exige también respuestas comunes en ámbitos no explorados previamente, es decir, en las políticas de rentas, más allá del trabajo particular del Banco Central Europeo.

Los precios comenzaron a aumentar tras el pasado verano. Es cierto que una buena parte de aquella inflación se explicaba por un “efecto base”, pero la recuperación de la economía europea, mientras buena parte del mundo continuaba pendiente de la expansión de la pandemia, tensionó las cadenas de suministro global que seguían, por otra parte, sufriendo los efectos de los meses de dislocación comercial global. Además, Putin había comenzado ya a jugar con la oferta energética. Así, a cierre de año, en torno al noventa por ciento del incremento de los precios se explicaba por la evolución de los costes energéticos y de alimentación, tal y como estimó el Fondo Monetario Internacional en sus Perspectivas de la Economía Mundial el pasado abril. Por cierto, en Estados Unidos, esas dos variables apenas explicaban la mitad del aumento de los precios, donde el impulso monetario y sobre todo fiscal había sido mucho más generoso. En Europa, por otra parte, no se observa correlación alguna entre la expansión de la respuesta fiscal en los últimos dos años, vía incremento de deuda pública, con el comportamiento de los precios, cuyos diferenciales entre Estados miembros dependen críticamente de su relación comercial con la economía rusa. Sin embargo, que el inicio de este periodo inflacionario haya estado marcado por un shock de oferta no imposibilita, como ya estamos viendo, que pueda derivar en problemas de demanda. Y es ahí donde debemos valorar qué está haciendo el BCE y preguntarnos si las demás instituciones pueden contribuir también a contener los precios.

En su último Consejo de Gobierno, el BCE ha aumentado los tipos de referencia, algo más de lo esperado, con el objetivo complementario de evitar una mayor depreciación del euro. Y, por otro lado, ha anunciado las grandes líneas de un nuevo instrumento anti-fragmentación cuyo éxito, en un escenario inflacionario, presenta más incertidumbres que en el entorno deflacionario en el que Draghi anunció el “whatever it takes”. Es más, la correlación existente entre los países más endeudados y aquellos con economías históricamente más inflacionarias abre algunas incógnitas sobre toda esta operación. De este modo, parece poco plausible que el BCE, en exclusiva, pueda reducir las expectativas de inflación al objetivo del dos por ciento a no ser que asuma un efecto recesivo de sus propias políticas, que se sumaría a los riegos energéticos que anticipan una evolución complicada, no ya solo en términos de precios, sino también de actividad y empleo en toda Europa. Y es ahí donde entra en juego la coordinación europea en materia fiscal, a la que debería sumarse, por primera vez, un marco europeo de pactos de renta nacionales.

Si ciertamente estamos entrando en una fase inflacionaria más prolongada de lo estimado a finales de año y de menor crecimiento, o incluso de recesión en las economías centrales de la Unión, la política fiscal debe reinventarse frente a la respuesta a la pandemia. La respuesta presupuestaria no puede ya dirigirse a sostener de manera universal la demanda interna, sino que debe centrarse en apoyar a los hogares más humildes, evitando además hacer desaparecer completamente las señales vía precios que deben reorientar los hábitos de consumo. Y a su vez, los esfuerzos de inversión deberán encaminarse a resolver los cuellos de botella en el sector energético. Esto supone una revisión de los planes nacionales de recuperación o, más bien, una intensificación de su apuesta en el marco de la transición energética, como ya se ha iniciado a través de la estrategia RePowerEU. Y todo ello teniendo en cuenta que los déficits primarios suponen una debilidad notable, cuya corrección no puede posponerse indefinidamente en la confianza del que BCE resuelva lo que las instituciones políticas no logramos encauzar.

Y, en este sentido, resulta vital abordar ya un pacto de rentas, que necesitaría de un acompañamiento europeo. La Unión no tiene competencias formales a la hora de establecer sendas salariales y de márgenes empresariales. Tampoco las tenía en sanidad, muy limitadas en energía, o incluso casi prohibidas a la hora de emitir deuda mancomunada. Ahora bien, el compromiso político y la convicción de que sólo unidos podremos atravesar la marejada que se anuncia deberían motivar la articulación de una respuesta comunitaria, con respeto a las normas y costumbres de cada Estado en sus prácticas de diálogo social. Una respuesta diseñada a escala europea con la participación de los agentes sociales, que permita saltar sobre las desconfianzas presentes en los escenarios nacionales y conducir un gran pacto de rentas, crítico para doblegar la curva de la inflación.

Para ello hay instrumentos comunitarios con los que actuar. Así, las propuestas de directivas sobre el tratamiento fiscal de la deuda corporativa o la implementación en Europa de los acuerdos de la OCDE para fijar tipos mínimos en sociedades, así como el toolbox en materia energética presentado por la Comisión hace unos meses, elevarían el grado de compliance empresarial en términos de márgenes de beneficios, viabilizando un acuerdo de responsabilidad salarial, a la par que se avanza en el fortalecimiento de las medidas de protección social con un horizonte de sostenibilidad de las deudas nacionales, con apoyo a la inversión necesaria vía RePowerEU. Las últimas propuestas del gobierno de España se encaminan en esta dirección y sería útil encuadrarlas en un marco de políticas comunitarias en el ámbito del diálogo social que amplie, a su vez, el margen de maniobra del BCE, evitando introducir más sesgos recesivos a través de una respuesta solitaria de política monetaria.

Ha llegado la hora, pues, de europeizar también el marco del diálogo social.

 

Jonás Fernández, diputado al Parlamento Europeo y portavoz del grupo socialista en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios