El Nuevo Plan Verde Europeo

12 diciembre 2019
La nueva España 

El futuro de la vida sobre la Tierra está en riesgo. El consenso científico es nítido, el respaldo de la opinión pública evidente. Es el momento, pues, de acelerar los compromisos políticos. Y bajo esas premisas, la Comisión Europea presentó el pasado miércoles una hoja de ruta para implementar un nuevo Pacto Verde Europeo, que dé continuidad también a los debates de la COP25 celebrada en Madrid en los últimos días. La temperatura del globo ya se ha incrementado en más de un grado respecto a la era pre-industrial, pero el aumento puede superar los tres grados al final de este siglo con consecuencias difícilmente previsibles. Sin duda, actuar generará costes a corto plazo, pero, como ya señaló el economista británico Stern hace más de una década, no hacerlo golpeará al bienestar del ser humano de un modo sin precedentes.

Para revertir o, al menos, contener el cambio climático y sus efectos negativos, la Comisión Europea se ha propuesto alcanzar la neutralidad climática en 2050, lo que supone que las emisiones netas (corregidas de las posibilidades de captura natural o artificial) sean cero. Y en ese camino, se ha fijado un objetivo intermedio para reducir las emisiones brutas de gases con efecto invernadero de hasta un 55 por ciento en 2030. Debo recordar que la reducción efectiva en los veinte años entre 1998 y 2018 fue de un 23 por ciento. De este modo, el objetivo es doblar la reducción en la mitad de tiempo para estar en condiciones de afrontar las siguientes dos décadas hasta 2050 con probabilidad de éxito. El reto resulta hercúleo porque implica una revolución en los modos de producir, trabajar, consumir, ahorrar, viajar, etc. Un camino realmente complejo.

La comunicación de la Comisión establece una vía para los próximos años que se iniciará con un futura Ley del Clima cuya propuesta para el debate legislativo se espera para marzo 2020. Se plantea también ampliar los sectores sujetos al mercado de derechos de emisión, actualizar la directiva de impuestos energéticos, revisar el marco de desarrollo de los planes nacionales de energía, impulsar de nuevo la economía circular, mejorar los modos de edificación, impulsar la movilidad sostenible, el desarrollo de las baterías, el diseño de una estrategia sobre materias primas críticas, la actualización del sector primario, el apoyo de Horizonte 2020 y otros instrumentos de investigación para acelerar la transición tecnológica. La lista se puede alargar con más detalles y propuestas de reforma, pero hay dos cuestiones centrales que permanecen con un alto grado de incertidumbre: el ajuste de carbono en frontera y los planes presupuestarios.

La Comisión apunta a la labor de liderazgo de la Unión en los debates globales y esto resulta clave, porque el trabajo sólo de Europa no servirá para mucho. Las emisiones de gases invernadero europeas apenas representan en torno al 10 por ciento mundial. De este modo, aun cuando redujéramos nuestras emisiones a cero, si el resto del mundo no se mueve con cierta ambición, los efectos de nuestros esfuerzos no serían efectivos. Es más, si las nuevas regulaciones para acelerar la necesaria transición facilitan la externalización de las compañías más contaminantes fuera del territorio europeo, por cierto, aquellas empresas que más pueden reducir sus emisiones, algo que no harán en terceros países, el trabajo puede acabar siendo contraproducente. Y para ello, el ajuste en frontera sobre el CO2 importado o la obligatoria participación de las compañías establecidas fuera de la Unión en el mercado europeo de derechos de emisión son el único camino. En este aspecto, la comunicación de la Comisión no es concluyente y se da un tiempo para chequear que los riesgos de fuga se “materialicen”, cuando hay ya evidentes pruebas sobre ello.

Respecto a la base presupuestaria, la propuesta es aún difusa. La Comisión cuantifica el esfuerzo financiero para impulsar este Plan Verde Europeo en 260.000 millones de euros en inversión anual para alcanzar los compromisos intermedios en 2030, y aquí nos enfrentamos ya a la realidad de los números. Por una parte, las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2021-27 están bloqueadas, con posiciones muy distantes y con algunos países que no quieren aportar un euro más. Veremos cómo evolucionan esas negociaciones, pero sin un presupuesto potente en las cuentas de la Unión Europea, la misión será aún más difícil. En este sentido, la Comisión aspira a destinar parte de los fondos de los programas actuales a financiar la transición ecológica e involucrar al Fondo InvestEu y al Banco Europeo de Inversiones, aunque no será suficiente. Y, por otra parte, se apunta también a la revisión de las normas fiscales para facilitar la inversión de los Estados miembros, algunos de los cuales se encuentran muy restringidos por los actuales tratados en esta materia, aunque de nuevo esto está pendiente de negociar, y no será fácil.

Merece la pena detenerse también en el debate sobre la creación de un fondo para ayudar en la transición económica. La Comisión ha presentado las ideas generales de ese Mecanismo de Transición Justa dotado de un fondo para acompañar a las regiones y países más vulnerables en el marco de este Plan Verde. La Comisión plantea aunar financiación nueva con dotaciones específicas de los actuales fondos Feder y Fondo Social Plus. Aquí de nuevo hay cuestiones a debatir. La Comisión circunscribe los posibles destinatarios a las regiones y países dependientes de los combustibles fósiles o, bien, con presencia de sectores intensivos en carbono. Esta definición podría incluir a Asturias que, si bien se ha desprendido de la explotación de carbón casi totalmente, mantiene un sector energético e industrial dependiente de los combustibles fósiles. Pero podría beneficiar aún más a aquéllos que no han cumplido con sus obligaciones y mantienen minas hasta el presente. Además, habrá una presión notable de otras regiones con sectores que pudieran sufrir en esta transición, como el automotor, que querrán participar de este programa. A su vez, la financiación conjunta con fondos estructurales y de cohesión generará problemas en la negociación con aquéllos que, sin ser potenciales receptores del nuevo fondo, podrían perder financiación por la parte que ahora les corresponde.

Por último, un breve comentario sobre la industria electro-intensiva. La Comisión reconoce expresamente la relevancia para la economía europea de un sector, por otra parte, clave en Asturias. Sin embargo, habrá que esperar a las recomendaciones de la Comisión que se compromete a publicar a principios del próximo año, quedando en esta comunicación circunscritas las propuestas a la economía circular que, si bien es importante también para la región, dependemos de todos modos de los planes para el resto de la industria.

En fin, la Comisión da continuidad a los ambiciosos compromisos de la Presidenta Ursula von der Leyen con esta comunicación que establece un marco, unos objetivos, unos plazos y una financiación para el Plan Verde Europeo. El documento es amplio y completo y nos sitúa ante el reto existencial de nuestra generación. En los próximos meses, iremos observando las distintas concreciones legislativas de esta hoja de ruta que necesita ser reforzada en la parte presupuestaria. Pero, además, es vital transmitir a la Comisión la urgencia en el combate contra la fuga de carbono que aún perciben como un riesgo no materializado. Europa debe liderar la lucha contra el Cambio Climático, pero necesita una mejor reflexión sobre los costes redistributivos del proceso desde una óptica territorial, social y generacional. Para eso estamos aquí.