28 Oct Sobre la reforma laboral

Siento defraudar al lector, pero no pretendo en esta breve columna exponer mi opinión sobre el contenido de la reforma laboral que el Gobierno debe presentar en los próximos meses. Mucho se ha escrito y analizado al respecto, y parece obvio que hay interpretaciones varias sobre “las partes más lesivas” de la reforma de 2012, la necesaria “recuperación” de derechos o el diseño de un nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI. La cuestión es que ha llegado la hora de aterrizar las ideas, y detallar en artículos legales qué significa toda esa inflación de declaraciones sobre la revisión del marco global de las relaciones laborales. Y, como digo, no escribiré hoy aquí lo que debe o no debe hacerse según mi criterio, sino que detallaré el proceso, los acuerdos y los consensos que son necesarios para alumbrar esa reforma. Considero esta información muy relevante y quizá no suficientemente clara a la hora de valorar qué podemos y debemos esperar.

En primer lugar, y como hemos visto en los últimos días, el Gobierno debe redactar un proyecto ley que remita a las Cortes. Bien es cierto que el Legislativo, por su cuenta y riesgo, podría hacer uso de su capacidad de iniciativa y redactar una reforma, pero parece que esperará a la propuesta del Ejecutivo. Y ese texto legal debe dar desarrollo al acuerdo previo de gobierno entre PSOE y Podemos, y sustanciar en un texto legal las palabras escritas en el pacto de coalición, que parece podrían tener distintas interpretaciones.

De manera paralela, el Gobierno avanza en negociaciones con sindicatos y patronal, con la confianza de alcanzar un acuerdo que coadyuvé también a facilitar la tramitación de todo este expediente. Desconocemos aún si habrá o no acuerdo con los agentes sociales y entre ellos, pero el Ejecutivo espera alinear también sus intereses, porque de eso también depende el éxito en las siguientes etapas.

En segundo lugar, la propuesta legislativa del gobierno debe pasar por la tramitación y aprobación en Congreso y Senado. Este “pequeño” detalle es relevante porque el Gobierno de coalición no tiene una mayoría estructural y permanente, y necesita del concurso de otros grupos parlamentarios. En este sentido, deberá haber una negociación con diputados y senadores en la que, por cierto, el Partido Nacionalista Vasco, una formación liberal-conservadora, ejercerá un papel esencial sobre lo que se pueda o no derogar, y sobre la recreación de unas normas laborales renovadas.

Por último, el nuevo texto legal tendrá que tener el respaldo también de las instituciones comunitarias, y me gustaría explicar un poco esta contingencia. En la crisis financiera y fiscal de hace ya una década, con el objetivo de evitar una ruptura de la zona euro, pero también prescindiendo de una mutualización de los riesgos (a diferencia de la respuesta europea actual), los Estados europeos crearon el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que ofrecía créditos a los gobiernos nacionales a cambio de una condicionalidad presupuestaria y reformadora claramente anclada en los postulados conservadores, presentes entonces en la mayoría de las capitales europeas e instituciones comunitarias. El resultado, entre otros, fue la reforma laboral que ahora se desea revisar.

Pues bien, bajo la actual política económica de la UE, los Estados tendrán acceso a las transferencias directas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (no ya sólo créditos como en la crisis previa), si y sólo si, sus planes nacionales para invertir tales recursos comunitarios se adecuan a lo establecido en una “ley” comunitaria que establece el funcionamiento de todo este programa, aprobada en el Parlamento Europeo con apoyo de conservadores, socialistas, liberales y verdes. Por cierto, el grupo de la Izquierda Unitaria votó con una notable división, que se trasladó también a los diputados de Unidas Podemos, dado que no todos ellos respaldaron esta iniciativa histórica.

Así pues, si hace una década la condicionalidad de los programas de liquidez del MEDE tenía una inspiración conservadora, en la actualidad, esas condiciones son mucho más abiertas, amparando la implementación de planes de inversión y reformas que gobiernos bajo inspiración ideológica de los mismos grupos que apoyaron esa ley puedan desarrollar. Ahora bien, esa ampliación del terreno de juego para los gobiernos nacionales tampoco es infinita. Por todo ello, la Comisión deberá validar también esa reforma laboral, garantizando así que su puesta en marcha se alinea con los objetivos establecidos por Parlamento y Consejo en esa ley europea que transfiere las ayudas directas a los Estados para acelerar la recuperación.

Recapitulando. La reforma laboral necesita del acuerdo inicial entre los partidos coaligados en el Gobierno, un apoyo más amplio en Congreso y Senado que incorpore a algunos grupos parlamentario no estrictamente progresistas, y una validación por parte de la Comisión Europea, que identifique en esa reforma los principios definidos por Parlamento y Consejo, en esa ley comunitaria que logró un amplio apoyo pero no infinito, que permita a su vez seguir recibiendo pagos adicionales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hasta los más de 70.000 millones comprometidos. Un trámite que sería más sencillo ante un acuerdo paralelo con los agentes sociales, sindicatos y empresarios, que facilitaría la creación de mayorías parlamentarias en España y el visto bueno de la Comisión, aunque también esta opción resulta difícil después de la reforma unilateral del Partido Popular y CEOE en 2012.

Estamos, pues, ante una negociación muy compleja, que se escapa de los titulares fáciles y de las proclamas unívocas. Un sudoku que exige atención, prudencia, equilibrios y mayorías complementarios en terrenos superpuestos. Veremos.