Transición Justa y Ajuste en Frontera del CO2

La semana pasada se desarrolló en Bruselas un pleno del Parlamento Europeo especialmente relevante para Asturias. La agenda europea de nuestros compromisos con la región continúa avanzando, y confío en que podamos cerrar próximamente los dos grandes proyectos: el Mecanismo de Transición Justa y el ajuste en frontera del CO2.  Proyectos que se suman a la renovación de la Política Agraria y Política Pesquera Común y el resto de iniciativas para fortalecer la acción colectiva, tan debilitada en este entorno global donde las soberanías nacionales se van diluyendo y, con ello, la capacidad de ordenar el curso de las cosas desde el sector público.

Pues bien, en primer lugar, el Parlamento aprobó ya el acuerdo con el Consejo de la UE para la creación del nuevo fondo de inversión europeo, el InvestEU. Este instrumento es el heredero de la iniciativa de la pasada legislatura “plan Juncker” por la cual, a través de una garantía pública sobre el presupuesto comunitario, el Banco Europeo de Inversiones pudo amplificar sus líneas de crédito y facilitar el acceso de financiación preferencial a las compañías europeas. En esta ocasión, la Unión concentra todos sus instrumentos previos de financiación en el nuevo InvestEU, que amplifica de nuevo muy sustancialmente su capacidad de financiación. Con una garantía más amplia sobre el presupuesto comunitario y una parte de la emisión de deuda del NextGenerationEU, InvestEU podrá prestar en torno a 25.000 millones, con lo que espera apalancar una mayor parte de inversión privada. Además, este instrumento podrá colaborar en los programas para mejorar la solvencia de las compañías privadas que varios Estados están poniendo en práctica.

En todo caso, como asturiano, considero que lo más relevante de este programa pasa por la configuración del segundo pilar del Mecanismo de Transición Justa a través del InvestEU. En este sentido, aquellas regiones con una “Plan de Transición” aprobado por la Comisión no sólo tendrán acceso a las subvenciones directas del Fondo de Transición Justa, sino que, además, inversiones con efectos positivos sobre Asturias podrán beneficiarse de esta vía adicional de financiación, y podrán contar para su tramitación con el asesoramiento técnico de las instituciones comunitarias. De este modo, con este segundo pilar -que se suma al Fondo, ya aprobado-, quedamos pendientes de cerrar en las próximas semanas el tercero de los elementos del Mecanismo de Transición Justa: la facilidad de inversión para el sector público. Este reglamento ya está en fase de trílogos, la última etapa del proceso de tramitación legislativa, y ofrecerá una tercera vía para acelerar inversiones públicas con un respaldo comunitario en forma de subvenciones y créditos preferenciales. Confío, querido lector, en adelantarle el acuerdo en las próximas semanas.

Así pues, con todo este Mecanismo acordado en la Unión, el siguiente paso es la presentación en Bruselas del “plan de transición regional” por parte de nuestras autoridades regionales, que están trabajando sobre ello en colaboración con los agentes sociales y la sociedad civil, y con el Gobierno de la nación. En pocos meses, Asturias tendrá una vía de apoyo complementaria y singular a la que recibirá el conjunto del país a través de los fondos para la recuperación y la resiliencia.

En otro orden de cosas, el pleno aprobó también un primer informe sobre las prioridades de la institución sobre la introducción del ajuste en frontera del CO2. La propuesta legislativa de la Comisión se espera para antes del verano, y los colegisladores, Parlamento y Consejo, se han comprometido a acelerar su tramitación y su negociación para su entrada en vigor a más tardar a finales de 2022. Este informe adelanta así las líneas de interés del Parlamento y marca el espacio de maniobra de la Comisión de cara a su primera propuesta legislativa.

El Parlamento se inclina por un modelo paralelo al mercado de derechos de emisión de CO2 en el que operan las empresas comunitarias. De este modo, cualquier empresa no comunitaria debería pagar al momento de introducir sus bienes en el mercado único un precio similar a la cotización en ese momento de los derechos de CO2 en Europa por las emisiones globales que ese producto haya generado. Así, el mercado europeo de derechos de emisión no sufriría las presiones de una mayor demanda por parte de empresas extra-comunitarias, lo que haría elevar su precio, y garantizaría una igualdad de condiciones entre la producción europea y la exterior. Esto contribuiría, por otro lado, a incentivar la extensión universal de los mercados de derechos de emisión. Este modelo, a opinión del Parlamento, debería introducir algunos retoques para facilitar también la igualdad de condiciones en terceros mercados entre las exportaciones europeas y las de terceros países. Por último, el Parlamento no ha respaldado la eliminación acelerada del reparto de derechos gratuitos, aunque su combinación con el sistema de ajuste en frontera deberá seguir negociándose cuando tengamos la propuesta legislativa encima en la mesa.

En fin, valga este pequeño resumen del último pleno para ordenar un poco los asuntos asturianos más candentes que se dilucidan en la política comunitaria. Continuaremos informando. Atención.

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