Tras el acuerdo del Consejo Europeo

24 julio 2020
La nueva España 

El pasado mes de marzo, tras el inicio de la pandemia y las primeras decisiones de confinamiento, los portavoces de los principales grupos parlamentarios en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarias emitimos una resolución en la que exigíamos una respuesta fiscal conjunta ante la crisis que se avecinaba. Semanas después, el Pleno del Parlamento aprobaba una resolución exigiendo la emisión de deuda comunitaria para obtener financiación a corto plazo para reactivar la economía europea. Y ya en abril, ante los retrasos de la Comisión para presentar su propuesta, el Pleno volvía a validar una moción adicional exigiendo una respuesta económica de unos dos billones de euros, con un fondo común financiado con esa emisión de deuda europea, y canalizado mayoritariamente a través de transferencias directas. Este periplo, apoyado también por buena parte de los gobiernos nacionales en el Consejo Europeo, con el ejecutivo español de Pedro Sánchez a la cabeza, dio lugar a la propuesta de la Comisión, que fue rápidamente respaldada por el Parlamento.

Ursula von der Leyen propuso la emisión de deuda comunitaria por 750.000 millones para obtener recursos adicionales para cohesión, respaldo al mercado único, política exterior y un nuevo instrumento, el Recovery and Resilience Facility. Un instrumento dedicado a canalizar unos 560.000 millones de esa emisión hacia los Estados miembros, para ayudarles a financiar inversión y reformas, fundamentalmente mediante transferencias directas. Esta deuda, junto a su propuesta de presupuesto ordinario y a las ayudas ya acordadas para absorber mancomunadamente los programas de avales y garantías nacionales, gastos de desempleo y la puesta a punto del Mecanismo Europeo de Estabilidad, situaba la cifra global de apoyo en ese entorno de los dos billones de euros.

Esta hoja de ruta contó desde el inicio con algunos enemigos, fundamentalmente algunos gobiernos capitaneados por el ejecutivo holandés, que inicialmente no querían fondo, aunque luego lo aceptaron, pero con menor cuantía y centrado sólo en créditos, y que finalmente tuvieron que capitular a cambio de una reducción en su aportación al presupuesto y un control intergubernamental de las ayudas a los Estados que, en todo caso, será revisado por el Parlamento.

Con todo, el acuerdo del Consejo Europeo deja, al menos, dos asuntos que habrá que revisar, donde el Parlamento es colegislador.  En primer lugar, el presupuesto ordinario de la UE no crece lo que debería, y algunas partidas -como el Fondo de Transición Justa, clave para Asturias; la inversión en educación, investigación e innovación, sanidad, o cooperación al desarrollo-  no aumentan al nivel de los retos que afrontamos. En este sentido, el Parlamento ya declaró ayer que el actual acuerdo presupuestario debería revisarse para lograr la aprobación de la cámara.

Y, en segundo lugar, el Consejo Europeo ha dotado al Recovery and Resilience Facility, el instrumento para canalizar la mayor parte de esa emisión de deuda conjunta, de un sistema de gobernanza intergubernamental que resulta inaceptable. El Parlamento legislará a este respecto y negociará después con el Consejo un modelo que facilite el control democrático de la condicionalidad y los desembolsos.

Quedamos, pues, emplazamos a esa negociación que ahora se abre con el Parlamento, donde los Estados miembros, con asiento en el Consejo, deberán revisar esos pre-acuerdos alcanzados entre ellos en la cumbre del pasado fin de semana.