Quizá tengan razón quienes han defendido que jamás un presidente del Parlamento ha mantenido esa posición durante los cinco años del mandato, pero también lo es que un único partido en Europa no puede controlar el primer nivel de todas y cada de las instituciones.
Esta realidad había dado fuerzas a Martin Schulz para pelear por su continuidad en el Parlamento, no ya por motivos personales, sino como baluarte de las políticas progresistas y europeístas que los socialistas hemos ido introduciendo en la agenda comunitaria. Su salida, por lo tanto, no supone sólo un traspié en la carrera de Schulz, además pone en cuestión la estabilidad de la propia Comisión en un momento muy complicado.
Esta legislatura se iniciaba en julio de 2014 con algunos cambios no menores respecto a la anterior. En primer lugar, la diferencia entre los populares y los socialistas se estrechaba notablemente, aun cuando los primeros retuvieron la mayoría. Y, en segundo lugar, los partidos socialistas han venido recuperando poder en varias capitales de los Estados miembros, aunque con acuerdos y coaliciones en muchos de ellos. En todo caso, Juncker logró la presidencia de la Comisión no sin antes someterse a un acuerdo estricto con el grupo socialista en la Eurocámara. De algún modo, el socialdemócrata Schulz se convirtió en el garante de estos compromisos desde el Parlamento, y Juncker desde la Comisión, con socialistas en carteras claves como Moscovici en Hacienda, ha venido implementando esos acuerdos.
En estos años, la Comisión ha procedido a una reinterpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ha otorgado aplazamientos en los objetivos de déficits a países como Italia, Francia o España. En nuestro país, la Comisión tuvo que convencer al gobierno de Mariano Rajoy para demorar la reducción del déficit por debajo el 3 por ciento dos años, mientras Guindos y el resto del Ejecutivo español afirmaban públicamente que apenas deseaban un año más.
Además, la Comisión ha sacado adelante una agenda contra la elusión y la evasión fiscal, aprovechando en lo posible las rendijas de sus competencias para minimizar el dumping fiscal de los Estados, cuya última propuesta legislativa se centra en la homologación de la base imposible del impuesto de sociedades. Asimismo, se ha puesto en marcha un plan de inversión europeo que está funcionando razonablemente bien en varios países y que ahora se va a revisar para facilitar su uso por parte de las Administraciones Públicas. Sin duda, todo esto no es suficiente y apenas hemos avanzado nada en el pilar social, más bien estamos retrocediendo, pero ha sido necesario para reanimar el crecimiento, animar al BCE para la ampliación de sus políticas de expansión monetaria y ha reducido el desempleo.
Como digo, estas medidas no suponen el cumplimiento de todos nuestros compromisos, que muchas veces se han visto enfrentadas con las posiciones del PP en el Parlamento y por sus miembros en la Comisión. En todo caso, los grandes obstáculos para adoptar una auténtica política de crecimiento los están poniendo las capitales de los Estados miembros, empeñadas en ahondar en una visión cortoplacista que lastra nuestras aspiraciones comunes. Todavía a finales de noviembre, la Comisión propuso un nuevo paquete de estímulo del 0,5 por ciento del PIB de la Unión a implementar por los Estados con mayor margen fiscal, pero fueron éstos quienes han vetado, de momento, tal opción, con el respaldo, por cierto, de Guindos desde el Eurogrupo.
Además de las dificultades objetivas para acelerar el crecimiento, nuevos retos han saltado a escena. La crisis de refugiados, de seguridad o el propio Brexit han venido a desestabilizar el proyecto europeísta. En todos estos campos, son los Estados, de nuevo, y no la Comisión o el Parlamento quienes tienen competencias para abordarlos. Sin embargo, la inoperancia de los Estados ha generado una ola de críticas a la Unión, a quien se la identifica como la responsable de esa incapacidad, cuando son los gobiernos los que tienen que definir las políticas conjuntas en esta materia. De este modo, a la crisis económica, que hemos comenzado a atajar desde una óptica comunitaria y con la presión de los socialistas, se han añadido nuevos retos, no sencillos de abordar, que están contribuyendo al desprestigio del proyecto europeísta.
Podríamos decir que hay una batalla entre los Estados miembros y la Unión, por la cual los primeros no quieren ceder competencias para resolver las nuevas crisis, cuya solución sólo vendrá de Europa, pero son capaces de desplazar su responsabilidad a las instituciones comunitarias a los ojos de buena parte de la opinión pública. Y existe otra batalla en el interior de la Comisión y del Parlamento para cumplir con los compromisos que asumió Juncker en su investidura y sobre los cuales, hasta ahora, con el papel de Martin Schulz, los socialistas teníamos un garante de los mismos.
Pues bien, la salida de Martin Schulz pone este equilibrio en cuestión. El Partido Popular europeo ha exigido su turno en la presidencia del Parlamento Europeo, presentando al italiano Antonio Tajani, ante lo cual, los socialistas hemos propuesto al actual presidente de nuestro grupo parlamentario, Gianni Pitella. Los asturianos conocemos bien la actuación de Tajani en la crisis de Tenneco, que de la mano de Antonio Masip, jugó un papel esencial para el mantenimiento de la factoría, pero lo que ahora está en juego es de vital relevancia para el futuro de la Unión, porque sin la implementación de las medidas que los socialistas estamos exigiendo en el Parlamento, la recuperación será más débil y menos inclusiva y, con ello, probablemente, el crecimiento de las partidos nacionalistas continuará en ascenso.
En fin, en los últimos dos años y medio Martin Schulz ha sido el garante de la reorientación de la política económica desde el Parlamento y ha sido la voz de quienes aspiramos a una solución europea de las nuevas crisis. Su salida, por una interpretación parcial de los usos comunitarios, abre la puerta a una mayoría conservadora en todas las instituciones, que pone en cuestión los compromisos de Juncker y, por lo tanto, la estabilidad de su Comisión en un momento de repliegue nacionalista, donde no podemos otorgar victorias adicionales a los gobiernos presentes en el Consejo Europeo. Daremos la batalla y esperamos ganarla. Atentos.