Así pues, cuando en 2013, el Parlamento validaba el texto final de la “directiva Sánchez Presedo”, mi colega Antolín terminaba un trabajo que ha estado dando frutos en los últimos años en favor de la ciudadania, aun cuando España no la transpuesto aún.
Hace unas semanas, el Ejecutivo español presentaba las principales novedades de la reforma de la ley hipotecaria, documento que estudia en estos momentos el Consejo de Estado como trámite previo para iniciar el proceso legislativo en el Congreso y el Senado. Esta norma adapta la regulación interna a la directiva, mejorando así la protección a los consumidores. Sin embargo, la propia directiva establece en algunos aspectos márgenes de actuación para los gobiernos nacionales, que en nuestro país parece que se usarán para minimizar los derechos de aquéllos. En todo caso, los avances se han anunciado a la opinión pública sin referencia alguna a la directiva que transpone, como si la regulación europea no existiera.
He vivido en estos años una cierta sensación de injusticia cuando la prensa presentaba las sentencias en favor de los hipotecados sin referencia alguna al eurodiputado que construyó esa directiva, central para permitir el trabajo de la justicia. Ahora, ese sinsabor se mantiene cuando la transposición de esa directiva se publicita sin comentario alguno nuevamente a la regulación europea. Sirva este artículo, pues, para reconocer el trabajo de mi colega y amigo, Antolín. Y confío en que la tramitación de esa nueva ley en el Congreso no agüe los principales avances de la normativa comunitaria.