28 Sep Sobre Cataluña

Artículo publicado en mi sección quincenal “Tarjeta Azul” de La Nueva España el 28 de septiembre de 2017 El pasado domingo, 24 de septiembre, se celebraban las elecciones alemanas, una cita que conforma el parlamento que sustenta al gobierno nacional con mayor peso en el Consejo Europeo. Sin ninguna duda, esos comicios tienen un impacto enorme tanto en el avance o no de este proyecto constituyente de la Unión, como en la negociación de la legislación europea ordinaria. Y teniendo en cuenta el peso extraordinario de las decisiones de las instituciones europeas en nuestra vida diaria, aunque a veces no lo apreciemos, enfrento el debate sobre el referéndum y las reclamaciones de independencia de Cataluña como una pesadilla de difícil digestión. No comparto, ni logró entender los sentimientos nacionalistas. El nacionalismo es la guerra, como dijo Miterrand, aunque en esta vieja Europa, una y otra vez, renace de sus cenizas. Podríamos retrotraernos al surgimiento de las visiones románticas nacionalistas del siglo XIX, pasando por la visión wilsoniana por la que cada “nación” debería configurarse en Estado o recordar los años de represión franquista. Podemos también debatir sobre el choque de legitimidades entre el voto popular y las decisiones de los parlamentos catalán y español frente al criterio del Tribunal Constitucional en torno al Estatut. Pero más allá de estas discusiones, es evidente que la democracia española ha tenido serias dificultades para encuadrar esas voluntades particularistas en un proyecto común en el marco de desarrollo de la Unión Europea. Ciertamente, habría que preguntarse hasta qué punto esa pulsión nacionalista en algunas comunidades de España ha querido participar lealmente de la reconstrucción de un Estado democrático, así como de la voluntad del nacionalismo español para darles acomodo. Pero en todo caso, es evidente que hay un problema que no hemos sabido resolver. Con independencia de todas estas tribulaciones, el Estado de Derecho no puede tolerar la celebración de un referéndum ilegal. La aprobación sin base jurídica o competencial alguna, por mayoría simple y en un formato exprés aleja al “procés” de cualquier atisbo de legitimidad. Podemos discutir cuáles son las herramientas oportunas para abortar esa convocatoria pero resulta indiscutible que, a corto plazo, la democracia española debe comportarse como lo haría cualquier, insisto, Estado de Derecho. No puede haber ofensa alguna que justifique la voluntad manifiesta de no observar la ley en un Estado democrático.