Artículo publicado en mi sección quincenal “Tarjeta Azul” de La Nueva España el 1 de febrero de 2017 Europa tiene pendiente la federalización de sus políticas fiscales. Hasta ahora, los Estados miembros han ido acordando las políticas fiscales de cada una de las economías basadas en tratados, en reglas, que la Comisión Europea controla. O dicho de otro modo, el cumplimiento de los objetivos de déficit público, por ejemplo, se vigila por la Comisión pero es a instancia de las normas que los propios Estados han adoptado. En este sentido, las decisiones que se toman en esta materia en Europa, ya sea en el ECOFIN, que reúne a todos los ministros de Economía y/o Hacienda de los, de momento, 28 Estados, o en el Eurogrupo, que sólo agrupa a los miembros de los euro, son acordadas por unanimidad, en la medida que las competencias siguen siendo esencialmente nacionales. Así pues, los Estados ostentan plenamente la soberanía, donde los gobiernos nacionales representan el poder ejecutivo, sujetos al control y aprobación de sus propios parlamentos. Por ello, en esta materia el Parlamento Europeo tiene un papel consultivo. Este modelo presenta notables fallas. Por una parte, los compromisos asumidos por los Estados, y en especial por los países de la zona euro, obviamente respaldados por sus parlamentos nacionales, han llegado a tal nivel que comprometen en un grado muy elevado su capacidad de maniobra fiscal. El control es tal que aunque de iure los parlamentos nacionales ostentan la soberanía, el ejercicio de la misma les ha dejado sin apenas espacio de actuación. Esta cesión ha sido acordada por los parlamentos, pero éstos ahora apenas tienen capacidad de influir en el desarrollo e implementación de esa soberanía compartida.