20 Oct ¿ Y ahora?

La actividad legislativa europea se reparte entre reglamentos y directivas, fundamentalmente. Los primeros son de aplicación inmediata una vez aprobados por el Parlamento y por el Consejo, si bien las directivas deben pasar por un proceso de transposición por parte de los legislativos nacionales. De algún modo, los reglamentos regulan directamente y sin interpretación posible, mientras que las directivas ofrecen un abanico de opciones que los Estados deben adoptar después dentro de ese margen de maniobra. En algunas ocasiones, las directivas son más relevantes, aun cuando permitan esa capacidad de adecuación a cada realidad nacional, pero en general los diputados preferimos ser ponentes de reglamentos dado que, en ese caso, lo aprobado en las instituciones comunitarias es de obligado cumplimiento desde el primer día.

España no se ha caracterizado nunca por transponer con celeridad las directivas europeas. Por ejemplo, Noruega, desde fuera de la Unión Europea, acordó en su día tener acceso al mercado interior, sujeto a contribuir económicamente al presupuesto comunitario, aceptando la libertad de movimientos de personas y asumiendo toda la regulación comunitaria en lo referido al propio mercado. Este país escandinavo constituyó un tribunal ad hoc para asegurar que adopta la legislación europea y transpone adecuadamente y en forma las directivas que le son de aplicación. Huelga decir que Noruega es uno de los países que mejor se adaptan a la regulación comunitaria. Por cierto, esta realidad no puede constituir una referencia para la negociación de una potencial salida del Reino Unido de la Unión. Sería difícil de explicar para los partidarios del Brexit que el referéndum termine con una aceptación de la legislación comunitaria, donde no pueda ejercer ni voz ni voto, asumiendo la libertad de movimientos de personas y contribuyendo, en cualquier caso, a la hacienda europea, aunque sus aportaciones fueran menores.