Artículo publicado en mi sección quincenal “Tarjeta Azul” de La Nueva España el 6 de octubre de 2016

España puede perder más de 1.300 millones de euros de los Fondos Estructurales en el próximo año. El incumplimiento del objetivo de déficit en 2015 en cerca de un punto porcentual del PIB, debido esencialmente a la irresponsable rebaja fiscal del gobierno popular, concentrada en las rentas más elevadas, ha dejado a nuestro país en una posición imposible. Las autoridades europeas entienden que deben hacer cumplir la ley, y así es, pero imponer tales sanciones en una economía con una tasa de desempleo superior al 20 por ciento es totalmente contraproducente. Además, esas medidas sólo harán elevar el sentimiento euro-escéptico o directamente euro-hostil de una parte de la ciudadanía. De este modo, la situación de la Comisión Europea es muy comprometida, presionada a su vez por el Parlamento Europeo.

En este sentido, el pasado lunes se celebró en el Parlamento una comparecencia del Vicepresidente de la Comisión, Kataynen, y de la Comisaria de Desarrollo Regional, Cretu, para discutir el posible bloqueo de los Fondos Estructurales a España y Portugal. La Comisión afirmó que el texto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento le permitió en verano proponer una sanción cero por el desvío del déficit, decisión ratificada después por el conjunto de los Estados en el seno del Consejo. Si bien, ahora, según la propia Comisión, el marco legal que bloquea los fondos estructurales, en el caso de que los gobiernos no hayan tomado las medidas oportunas para evitar desviarse, no tiene vuelta de hoja. Esto fue lo que explicaron ante el Parlamento, adelantando una decisión en este sentido para las próximas semanas, que podría ser revisada después a la luz de los proyectos presupuestarios de ambos países para 2017.

Artículo publicado en mi sección quincenal “Tarjeta Azul” de La Nueva España el 22 de septiembre de 2016

Se ha iniciado ya un curso político complejo con enormes retos a nivel europeo pero también con notables interrogantes en varios Estados miembros con elecciones claves que marcarán el futuro del continente. La pasada semana, el presidente  de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, comparecía ante el Parlamento en el Debate de Estado sobre la Unión que, al igual en España (aunque en otra fecha), orienta la actividad del Ejecutivo para el siguiente año. En esta ocasión, la Comisión comparecía con una agenda de proyectos, pero en un entorno marcado por severos problemas. Como dice el refrán “a perro flaco, todo son pulgas” y la verdad es que en los últimos dos años, donde ya había notables desafíos, no hemos parado de incrementarlos.

Sin duda, en estos momentos, el Brexit ha pasado a lugar central debate político en Europa. La potencial salida del Reino Unido abre nuevos interrogantes, no sólo sobre la relación que se pueda establecer entre la Unión y las islas británicas, sino también sobre el futuro de Europa. En estos momentos, el Parlamento está discutiendo dos informes sobre cómo orientar el proceso de integración europea y el Consejo Europeo, a su vez, estudia vías adicionales: desde el terreno fiscal a la arquitectura institucional, pasando por nuevas áreas de que pudieran estar bajo el amparo de la Unión.