(Artículo publicado en Cinco Días– 1/4/2016)

El Reino de España cerró el pasado año con un déficit fiscal del 5,2 por ciento del PIB, un punto por encima al objetivo acordado con Bruselas. Una diferencia de unos 10.000 millones de euros, que no es mayor gracias al superávit de las corporaciones locales (0,4 por ciento del PIB); toda vez que estas instituciones tienen por obligación la estabilidad presupuestaria. Así pues, en primer lugar, debemos reconocer el trabajo de las corporaciones locales, que han venido ciñéndose a la regulación sin mayores recursos disponibles. En este sentido, en algún momento será necesario abrir el debate sobre la financiación municipal, que debe ir pareja a una revisión de la última ley de las corporaciones locales que minimiza su capacidad de acción. En todo caso, en el resto de administraciones públicas, hay poco de lo que congratularse.

El desfase de la Seguridad Social representa un problema de primera magnitud. En un año en el que el empleo creció a tasas elevadas e incluso lo hicieron los salarios nominales, esos ingresos extraordinarios no fueron suficientes para cubrir el crecimiento de los gastos. El déficit más que duplicó el objetivo hasta situarse en el 1,3 por ciento del PIB. Ante esta situación, uno se sigue extrañando del uso irresponsable de las bonificaciones universales aprobadas por este gobierno, que ayudan a explicar este enorme agujero fiscal. España necesita focalizar estas ayudas sólo para ciudadanos susceptibles de exclusión, pero no puede amplificar su uso hasta el extremo de poner en riesgo la viabilidad financiera de la Seguridad Social, teniendo en cuenta además que tal y como han demostrado cientos de estudios, esas bonificaciones no crean empleo, sólo discriminan entre desempleados. Además, sería oportuno revisar el conjunto de prestaciones abonadas a cargo de la Seguridad Social, porque algunas deberían financiarse vía presupuestarios. Y, en todo caso, el sistema necesita una reflexión sobre su financiación global que la última reforma del PP no abordó.

  (Artículo publicado en La Nueva España– 31/3/2016)

La pasada semana el terrorismo yihadista volvía a atentar contra Europa. En esta ocasión, los objetivos estaban localizados en Bruselas, el aeropuerto y la estación de metro más cercana a la sede de la Comisión Europea y del Parlamento. Si aún alguien consideraba que los atentados en París o en otras capitales europeas tenían un destinatario nacional, el golpe en Bruselas, directo contra las instituciones de la Unión, deja claro que la amenaza yihadista es contra todos los europeos. Europa es percibida como un enemigo para la visión cosmogónica de algunos islamistas, como lo son también otras instituciones dentro y fuera del mundo musulmán, que no comparten esa visión totalitaria de la vida.

Estos últimos días conocíamos también el atentado en Pakistán contra la comunidad cristiana que festejaba la Pascua, que se une a la actividad terrorista de Boko Haram en Nigeria, a los enfrentamientos armados en Yemen, y a tantos otros golpes en medio mundo. Suma y sigue en una espiral de violencia que no parece tener una solución cercana.

(Artículo publicado en La Nueva España– 17/3/2016)

Mientras usted lee estas líneas, los jefes de los gobiernos nacionales de los Estados de la Unión Europea están decidiendo cómo enfrentarse a la puesta en marcha de una política común de refugiados. Es importante que cuando se habla de Europa, localicemos claramente quién toma las decisiones y cuáles son las instituciones de control. Y en este asunto, los decisores son los gobiernos de los 28 países, sujetos al control de sus parlamentos nacionales. Sin duda, es un error que esto dependa de los países, inmersos en muchos casos en una espiral nacionalista de sus propios electorados, querámoslo o no, que está conduciendo al conjunto de la Unión por una senda muy peligrosa.

  Emocionante homenaje a Chema Fombona ayer en la entrega de los premios de la Música Asturiana (AMAS) en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Enhorabuena a los premiados y gracias por...