¿ Y ahora?

Artículo publicado en mi sección quincenal “Tarjeta Azul” de La Nueva España el 20 de octubre de 2016

La actividad legislativa europea se reparte entre reglamentos y directivas, fundamentalmente. Los primeros son de aplicación inmediata una vez aprobados por el Parlamento y por el Consejo, si bien las directivas deben pasar por un proceso de transposición por parte de los legislativos nacionales. De algún modo, los reglamentos regulan directamente y sin interpretación posible, mientras que las directivas ofrecen un abanico de opciones que los Estados deben adoptar después dentro de ese margen de maniobra. En algunas ocasiones, las directivas son más relevantes, aun cuando permitan esa capacidad de adecuación a cada realidad nacional, pero en general los diputados preferimos ser ponentes de reglamentos dado que, en ese caso, lo aprobado en las instituciones comunitarias es de obligado cumplimiento desde el primer día.

España no se ha caracterizado nunca por transponer con celeridad las directivas europeas. Por ejemplo, Noruega, desde fuera de la Unión Europea, acordó en su día tener acceso al mercado interior, sujeto a contribuir económicamente al presupuesto comunitario, aceptando la libertad de movimientos de personas y asumiendo toda la regulación comunitaria en lo referido al propio mercado. Este país escandinavo constituyó un tribunal ad hoc para asegurar que adopta la legislación europea y transpone adecuadamente y en forma las directivas que le son de aplicación. Huelga decir que Noruega es uno de los países que mejor se adaptan a la regulación comunitaria. Por cierto, esta realidad no puede constituir una referencia para la negociación de una potencial salida del Reino Unido de la Unión. Sería difícil de explicar para los partidarios del Brexit que el referéndum termine con una aceptación de la legislación comunitaria, donde no pueda ejercer ni voz ni voto, asumiendo la libertad de movimientos de personas y contribuyendo, en cualquier caso, a la hacienda europea, aunque sus aportaciones fueran menores.

En cualquier caso, España no transpone con agilidad las directivas europeas, aun cuando los ciudadanos españoles pueden recurrir ante los tribunales posibles incumplimientos de las normas, con independencia de que hayan sido adoptadas formalmente por los parlamentos de los Estados miembros. En todo caso, las dificultades de nuestro país no se circunscriben a la transposición de directivas, sino a la existencia de regulación que va directamente en contra de las normas comunitarias. Recientemente, conocíamos la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión sobre las divergencias en las indemnizaciones de despido y condiciones de trabajo de empleados temporales y fijos, que se une a los problemas con la regulación hipotecaria española, que tanto daño ha causado a miles de familias. Pero además, la Comisión Europea tiene abierto 149 procedimientos de infracción del derecho comunitario contra España, de los cuales 33 se deben a la no transposición en plazo y forma de distintas directivas. Los últimos se deben a incumplimientos de aplicación de la directiva para homologar el desarrollo de las profesiones, que darían una oportunidad de futuro para muchos jóvenes, y otra referida al mercado único de la energía, que exige unas condiciones competitivas en la provisión de electricidad y gas que está muy lejos de cumplirse.

En fin, la pasada semana me reunía con un representante empresarial asturiano. Entre otros asuntos, me transmitió que los eurodiputados éramos percibidos como “entes solitarios”, con difícil anclaje en la realidad política de nuestros territorios. Probablemente tuviera razón, aunque algunos intentamos estar lo más cerca posible de la ciudadanía. En todo caso, la cuestión de fondo es que no sé quiénes están (estamos) más solos, si nosotros los eurodiputados o el resto de los españoles ante estas dificultades evidentes para explotar convenientemente el acerco comunitario en nuestro país. Si desde el inicio de la crisis España pasó a un segundo plano en la esfera europea e internacional, el páramo de este último año, marcado por la incapacidad de Podemos y Ciudadanos para apoyar a un gobierno socialista con ambición, nos ha dejado más allá de la irrelevancia.

¿Hay alguien ahí? … ¿y ahora?

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