07Ene
2015
Escrito a las 3:51 pm

Artículo publicado en El País.

En los últimos meses hemos observado el inicio de una reorientación de la política económica en la Unión fruto, sin duda, del mayor peso relativo de los socialistas en el Parlamento Europeo. Este viraje se está produciendo con menor intensidad de la necesaria —al fin y al cabo, los socialistas seguimos siendo el segundo grupo de la cámara—, pero el paradigma que ha cubierto los últimos años centrados en los ajustes fiscales ha dado paso a un nuevo debate focalizado en la urgencia de nuevas medidas para acelerar la demanda en la eurozona. Ese fue nuestro principal objetivo en la campaña electoral y la investidura de Jean Claude Juncker estuvo supeditada al compromiso de lanzar un plan de inversión que recogiera la inmensa liquidez disponible, transformándola en demanda adicional.

Sin duda, el BCE aún debe hacer más para permitir una mejor transmisión de la política monetaria, y esperamos impacientes la compra de deuda pública por parte del ente emisor, pero aún así seguirá siendo necesaria la transformación de esa expansión monetaria en inversión. Y dada la atonía de la demanda privada ante las pobres perspectivas de crecimiento deberá ser el sector público quien se implique directamente en tal misión. Para ello, la Comisión acaba de presentar un plan de inversión que los socialistas europeos analizamos ahora con detenimiento para conocer si tal proyecto cumple con los compromisos adquiridos por Juncker y si podrá acelerar a corto plazo la salida de esta larga la crisis.

El plan presentado se centra en la creación de un fondo especial con un capital inicial de 5.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones y 16.000 millones adicionales del presupuesto de la Comisión Europea mediante garantías. A partir de estos 21.000 millones de euros, el nuevo vehículo se endeudaría, respaldada por el propio BEI y la Comisión, hasta 63.000 millones de euros, lo que supone la emisión de una especie de eurobonos, al menos en la parte defendida por el presupuesto comunitario. Esta financiación inicial debería usarse para impulsar proyectos con una participación privada estimada en 252.000 millones de euros, sumando así los 315.000 millones de euros globales del programa a invertir en el trienio 2015-18.

Adicionalmente, el fondo europeo prevé la participación voluntaria en el capital inicial de los Estados Miembros, lo que podría elevar la disponibilidad global de recursos. Por su parte, este nuevo fondo estaría dirigido a financiar proyectos en el sector energético, digital y transportes. Asimismo, la Comisión recomienda el apalancamiento de los recursos ya comprometidos derivados de los fondos estructurales, que podría sumar 20.000 millones de euros adicionales.

Pues bien, en primer lugar, la dotación global del fondo se queda escasa dado que supone poco más del dos por ciento del PIB europeo a repartir en tres años, a la espera de conocer la posible participación de los Estados. En segundo lugar, el fondo parte con demasiado poco capital inicial, lo que dificultará la atracción de financiación privada en los porcentajes que se estiman. Este hándicap complica el conjunto del proyecto, dado que exige una ratio de financiación privada muy elevada. Por ambas cosas, sería vital la participación de los Estados con financiación adicional que, por ciento, no sería computable como déficit, debido a que la aportación estaría bajo el epígrafe de capital.

Estos problemas nos conducen a dos reflexiones adicionales. Por una parte, los proyectos deberán pasar un proceso de selección transparente y profesional que evidencie la rentabilidad asociada a los mismos, sin la cual será muy complicado atraer a la financiación privada, y parece ser que los Estados miembros ya quieren condicionar el destino de los fondos, huyendo de una visión paneuropea de los mismos. Y por otra parte, debido a ese reducido capital inicial, sólo serán financiables aquellos proyectos cuya rentabilidad privada no sea discutible, eliminando de la escena aquellas inversiones con un mayor carácter de “bien público”, donde los beneficios son más difícilmente apropiables, que suponen a su vez los principales objetivos a financiar, véase infraestructuras de transporte de mercancías, redes de telecomunicaciones y energía. Este problema de selección es crítico porque puede llegar a invalidar el conjunto de los esfuerzos públicos.

Así pues, el plan de inversión presentado ofrece incertidumbres en la medida en que la financiación resulta insuficiente, lo que debe ser corregido con una aportación adicional de los Estados en el capital inicial, que facilite la entrada de inversores privados y aminore, a su vez, el problema de selección identificado previamente. En este sentido, los países miembros se han reunido recientemente en el marco del Consejo Europeo y, aún tras haber respaldado el plan, no se han comprometido a realizar aportaciones individuales.

Ciertamente, este plan supone nuestro gran compromiso electoral y no cejaremos hasta sacarlo adelante, comprometiéndonos en cada decisión, porque no sólo está en juego la salida de la crisis sino también el futuro del propio proyecto europeo. Resulta, por tanto, extraño la distancia del Gobierno español que no parece ser consciente de la necesidad imperiosa del propio plan y prefiere centrar su presión en el BCE, cuando debiera liderar este proyecto en el seno del Consejo.

Con todo, el Parlamento y la Comisión deberían aunar esfuerzos para presionar al Consejo, de modo que aquellos países con mayor holgura fiscal contribuyan decididamente en el fondeo del plan. Sin duda, no será sencillo pero este compromiso es esencial para el éxito del programa.

http://elpais.com/elpais/2014/12/29/opinion/1419872211_342384.html

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