01 Feb Arcelor Mittal: pacta sunt servanda

Artículo publicado en La Nueva España el 1 de febrero de 2024.

El martes 13 de julio 2021, entre la reunión matutina de los portavoces de los grupos parlamentarios del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios y la comparecencia de Nadia Calviño esa tarde en el mismo Comité del Parlamento Europeo, hice hueco en mi agenda para seguir desde mi despacho a través de la televisión la rueda de prensa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, junto al jefe del ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, con el presidente de Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal, y su consejero delegado, Aditya Mittal. El acto daba formalidad a la firma del Memorando de Entendimiento con el que se iniciaba la descarbonización de la producción de acero en Asturias. Arcelor informaba que las nuevas inversiones permitirían reducir las emisiones de carbono en torno a un 50 por ciento en cinco años, cumpliendo así con los compromisos europeos alcanzados en la Cumbre de Paris para la reducción de las emisiones a 2030 en tal porcentaje, y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050. Para ello, se anunciaba una inversión de unos 1.000 millones de euros, la mitad de los cuales serían aportados por las autoridades públicas españolas, previa aprobación de la Comisión Europea. Una noticia fundamental y esperanzadora para el futuro de Asturias. Y desde entonces, todos nos pusimos a trabajar para dar cumplimiento a tal compromiso.

Por mi parte, en el Parlamento estábamos discutiendo entonces el reglamento que pondría en marcha un sistema pionero en el mundo para forzar que las importaciones industriales que llegaran a Europa soportaran idénticos costes a los que las compañías europeas hacían frente para reducir las emisiones de carbono. Además, discutíamos también la revisión del mercado europeo de derechos de emisión con impacto directo sobre compañías como Arcelor. De manera paralela, el Parlamento trabajaba en la revisión del marco regulatorio del Fondo de Innovación y otras propuestas sobre economía circular, que afectaban también a la compañía acerera y que podrían, si salían mal, comprometer los planes de inversión para Asturias. Meses antes habíamos cerrado ya el reglamento para viabilizar el grueso de los recursos del Next Generation EU a través los planes nacionales de recuperación y resiliencia que dieron lugar a los PERTE’s en nuestro país, entre ellos el destinado a la descarbonización, y seguíamos aun esforzándonos en adaptar el Mecanismo de Transición Justa a la realidad de Asturias. Asimismo, la flexibilización del marco de ayudas de Estado debía facilitar la aprobación por parte de la Comisión del respaldo a la inversión de Arcelor en nuestra comunidad.

Recuerdo perfectamente cada votación, cada enmienda conflictiva, entre otras cosas porque Arcelor Mittal me hacía llegar sus opiniones, siempre ponderadas por mí en la medida que afectaban a la actualización de nuestra acería insigne. Así, el 11 de junio de 2022 escribía en esta misma tribuna “Arancel ambiental, sí; pero no así” donde daba cuenta de la votación caótica del pleno del Parlamento sobre la creación del “mecanismo de ajuste en frontera” y sobre la actualización del mercado de derechos de emisión (ETS), en la que por apenas once votos evitamos que se tomara como referencia a la hora de asignar derechos gratuitos una planta que la propia Arcelor tiene en Alemania, que hubiera supuesto una pérdida extraordinaria de recursos para la compañía, o la revisión de la fecha de límite en el reparto de derechos gratuitos, que había propuesto el Comité de Medio Ambiente, por la misma diferencia en un pleno de más de 700 diputados. Esas victorias parlamentarias no fueron fáciles de lograr, y exigió la activación de redes de diputados de regiones industriales votando coordinadamente y con independencia de las recomendaciones de voto que los grupos parlamentarios europeas habían fijado. Esa negociación continuó después con el Consejo hasta finales del ejercicio que terminó con éxito.

El nuevo año se inició, tras una nueva reunión de Pedro Sánchez y Lakshmi Mittal en Davos, con la aprobación por parte de la Comisión de los 460 millones de euros de ayuda, a cargo del Next Generation EU. Y poco después, el gobierno español aprobó finalmente en abril la concesión de la ayuda comprometida en el Memorando de Entendimiento.

Cabe destacar también el esfuerzo de los sindicatos en Arcelor Mittal, UGT y CCOO, negociando distintos ERE’s y soluciones ante las vicisitudes de estos años, entre ellas el incendio del horno alto A en Veriña en marzo del pasado año, aunque lamentamos las últimas decisiones unilaterales de la compañía. Así pues, todo el esfuerzo en los ámbitos regional, nacional, europeo y sindical para cumplir lo acordado hizo posible que, en la pasada primavera, el marco regulatorio, presupuestario y social quedara dispuesto para que Arcelor Mittal iniciara el proyecto, que se ha venido retrasando desde entonces, alegando ahora problemas relacionados con el precio de la energía, una situación que no ha cambiado sensiblemente, por cierto, desde la firma del Memorando hasta hoy.

Sobre este último tema, trabajar en el Parlamento Europeo te facilita conocer con mayor detalle esas diferencias de costes entre los países y los distintos argumentos que se utilizan en unos y otros sitios. Así, mis colegas alemanes se quejan de los menores costes salariales de otras jurisdicciones y de sus también elevados costes energéticos, los franceses insisten en los costes sociales que afrontan sus compañías, o los italianos se quejan de todo ello y al mismo tiempo. En este sentido, y sin pretender desautorizar completamente a quienes aducen los problemas derivados de los diferenciales de algunos costes entre países, las casuísticas son tales que las empresas del sector privado solicitan a cada país el trato más favorable que otorga un tercero en cada una de las áreas en las que saldría favorecida, dando por hecho los beneficios que ya obtienen en otros asuntos por otras vías.

Dicho esto, el proceso de descarbonización de la producción eléctrica ha ido más rápido en España que en otros países, generando costes que no hemos logrado subsanar completamente, y Asturias es testigo de ello. Ahora bien, ese camino nos ofrece precios eléctricos más reducidos en el medio plazo, algo que ya observamos, por cierto, en el mercado mayorista. Además, los contratos a largo plazo que reivindica ahora la patronal electrointensiva están ya presentes en la revisión del mercado eléctrico, aprobados por el Parlamento y el Consejo el pasado diciembre, y aunque hasta ahora no hayan sido atractivos, como reconocía el director de la Asociación de Empresas Electrointesivas, Pedro González, en una entrevista en este diario el pasado 21 de enero, quizá empiecen a serlo. Sin duda, hay asuntos donde las autoridades públicas pueden, podemos, hacer más para apoyar la transición hacia una economía verde, pero la tensión permanente sobre esos mismos responsables debe tener también un límite.

Confiemos, pues, en la implementación del Memorando de Entendimiento firmado entre Arcelor Mittal y el gobierno de España, después de los esfuerzos ímprobos de todos los agentes, políticos y sociales, en estos años. Pacta sunt servanda.