Un Fondo de Transición Justa para Asturias

23 enero 2020
La nueva España 

La Comisión presentó la semana pasada el reglamento para la constitución del Fondo de Transición Justa. Le toca, ahora, el turno al Parlamento y al Consejo, que deben enmendar, negociar y aprobar su propio texto a partir de la propuesta inicial, para abrir después una mesa de debate entre ambos para cerrar un acuerdo conjunto. Y todo ello, en apenas unos meses, para permitir que el fondo entre en vigor al inicio de 2021, junto al conjunto del marco presupuestario de la Unión para el periodo 2021-27 que también se está negociando en estos días.

Este fondo de ayudas directas se complementará con una línea de crédito preferencial para todo tipo de iniciativas en las regiones en transición, financiada por el antiguo “plan Juncker”, hoy InvestEU, y una facilidad adicional de crédito para el sector público, que exige una nueva “ley” que la Comisión presentará en marzo, con idéntico trámite. Así pues, la Comisión plantea un mecanismo de apoyo a las regiones en transición sobre tres pilares: un fondo vía subvenciones y dos líneas de créditos para sector privado y público.

Respecto a la propuesta para la creación del Fondo, el texto de la Comisión presenta algunos puntos que deberán ser clarificados y, en su caso, enmendados. En primer lugar, no hay certidumbre sobre la adicionalidad del Fondo respecto al conjunto del presupuesto 2021-27. En la medida en que aún no hay acuerdo sobre el presupuesto base, no podemos valorar si los 7.500 millones de euros que la Comisión propone para el Fondo representan fielmente dinero adicional.

En segundo lugar, el reparto territorial que la Comisión propone entre los Estados parte de una imagen fija del presente, que refleja el peso actual de sectores contaminantes (producción y combustión de carbón y emisión de otros gases con efecto invernadero). Sin embargo, resulta necesario valorar también los esfuerzos adoptados en los últimos años por algunos países y condicionar la recepción de los fondos a una serie de criterios objetivos. Y aquí, la propuesta de la Comisión es demasiado vaga. Exige la elaboración de planes de transición para las regiones afectadas, pero no clarifica cómo se valorarán, ni incorpora un marco de incentivos adecuados condicionales a la recepción de la financiación.

En tercer lugar, es importante destacar que, si bien la propuesta presenta un sistema para el reparto del fondo entre los Estados, no dice nada sobre su redistribución en cada país. Desde Asturias deberíamos intentar establecer unos criterios en el reglamento que faciliten la distribución de la financiación que llegue a Madrid. Además, esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que el reglamento propone que los Estados destinen entre 1,5 y 3 veces el dinero que aportaría el Fondo a cada región en transición a cargo de sus ingresos de los también fondos europeos, FEDER y FSE+. De este modo, la Comisión obliga a los Estados a orientar sus ingresos de otros fondos europeos a regiones como Asturias, lo que podría elevar respecto al statu quo el dinero disponible. Esta preferencia inducida en el reglamento paras las regiones en transición es fundamental y sería vital garantizar el uso del multiplicador más elevado.

En cuarto lugar, el reglamento adelanta una posible relajación de la regulación de las ayudas de Estado, para permitir destinar parte de estos recursos a empresas, apoyo que en la actualidad estaría vetado. Este debate es complejo. Muchos en España darían la bienvenida a esta relajación, pero quienes realmente saldrían beneficiados en esa reforma serían aquéllos países con mayor capacidad fiscal para destinar dinero público nacional a la transición. Se podría, pues, abrir una competición por apoyos públicos complementarios entre países, donde los gobiernos con menor deuda partirían con ventaja. Y España no es uno de ellos. Más interesante sería, por contra, que la línea de crédito disponible para el sector público, que la Comisión anuncia para marzo, disfrute de un tratamiento diferenciado en los cálculos de déficit.

Vayamos ahora a los números. Es cierto que la propuesta de la Comisión dedica a España tan sólo el 4 por ciento del Fondo de Transición, lo que supone 6,6 euros por persona, y será misión del gobierno y del Parlamento Europeo revisarlo. En todo caso, sobre el papel actual, la Comisión estima que España podría recibir unos 307 millones de euros en el periodo 2021-27, que deberán ser distribuidos entre las regiones en transición energética con un plan aprobado por la propia Comisión. Ahora bien, si Asturias recibe financiación de este nuevo fondo en igual proporción sobre el conjunto del país que las ayudas obtenidas de los distintos fondos mineros nacionales, nuestra región obtendría más de 160 euros por persona, muy por encima de los países mejor tratados (Estonia, 95 euros y Bulgaria, 65 euros). Por otra parte, el reglamento establece que las regiones en transición reciban del Estado de manera obligatoria entre 1,5 y 3 veces la aportación de este nuevo fondo, a cargo del resto de instrumentos de cohesión europeos (fondos FEDER y FSE+) que en ausencia de esta obligatoriedad podrían distribuir de cualquier otra manera. Esto sumaría un fondo para las regiones en transición entre 768 y 1.230 millones de euros. A su vez, hay que tener en cuenta que los fondos FEDER y FSE+ exigen una co-financiación de dinero español que elevaría el montante total en una horquilla de 1.400 y 2.235 millones de euros.

En este punto es importante recordar que la ejecución hasta el presente de los programas de reactivación del plan minero 2013-18 ha sido nula, tras el bloqueo del gobierno popular de Rajoy, aunque tras la llegada del PSOE a La Moncloa se trabaja para su restitución con unos 72 millones en el horizonte. Y que los ingresos recibidos del Estado en el periodo 2006-12 en los mismos programas no llegó a los 160 millones.

Por último, de manera complementaria, la Comisión se ha comprometido a presentar esas dos líneas adicionales de crédito para el sector público y privado de las regiones en transición, que podrían alcanzar los 3.000 millones para España. En este caso, todo dependerá de la capacidad de absorción de las empresas y de la Administración en nuestro país y, en especial, en Asturias.

Pues bien, con todo esto en mente, podemos afirmar que la propuesta de la Comisión es el primer paso de un proceso más amplio. El reparto inicial de la financiación entre Estados no es justo y pelearemos en el Parlamento y Consejo para revisarlo. A su vez, es vital garantizar el más alto multiplicador de la financiación del fondo de transición gracias al resto de instrumentos de cohesión y, especialmente, focalizar todas estas ayudas en Asturias y alguna otra provincia, pero, obviamente, evitar el “café para todos”. En este reparto nacional nos jugamos tanto como en la batalla por elevar el porcentaje que le corresponde a nuestro país. Y también debemos diseñar un excelente plan de transición con la participación de los responsables públicos en la reactivación de la economía regional, agentes sociales, sociedad civil y expertos para garantizar su aprobación por parte de la Comisión y el uso responsable y eficiente de los mismos. Empieza un gran trabajo y confío en que, entre todos, logremos alcanzar una mejora en la situación de nuestra región que, al fin y al cabo, es el objetivo último de este fondo de transición justa.